La historia que le trajo a esta página es un caso real. Le sucedió en Polonia a Tisyac que con 29 años quedó embarazada por tercera vez. Desde la infancia padecía una miopía severa que se había venido agravando con los años. Tisyac temía que su estado empeorara con el nuevo embarazo, lo que significaría nuevas dificultades para hacerse cargo ella sola de sus otros dos hijos. Al consultar a su médico oftalmólogo para solicitarle que autorizara la interrupción del embarazo por motivos de salud, éste consideró que no había justificaciones. Acudió a otro oftalmólogo que, a pesar de reconocer el riesgo, tampoco avaló el procedimiento. Finalmente, un médico general autorizó la interrupción del embarazo por existir riesgo no sólo para su vista, sino porque había tenido ya varias cesáreas y consideraba que el tercer embarazo implicaba un riesgo mayor aún. A pesar de esto, el médico ginecólogo que debía practicar el procedimiento se negó a realizarlo, alegando que la posible afectación de su salud no era tan grave. Como la negativa requería la firma de dos profesionales de la salud, solicitó a su vecino de consultorio, de otra especialidad médica, que suscribiera la negativa. Éste la firmó sin revisarla ni consultar la historia clínica. Seis meses después de dar a luz, Tisyac quedó completamente ciega y fue declarada discapacitada y con necesidad de ayuda permanente. Sin embargo, no le fue concedida ninguna pensión por tratarse de una mujer muy joven que no había cumplido los requisitos necesarios para acceder a esa prestación. La Corte Europea de Derechos Humanos, al revisar el caso, determinó que, en efecto, la imposibilidad de acceder al procedimiento y la ausencia de mecanismos que le permitieran controvertir las decisiones de los médicos, habían afectado tanto su integridad física como su salud mental.
