La historia que le trajo a esta página es un caso real. Le sucedió en Colombia a una menor de 13 años, que fue violada por un vecino del barrio. Como producto del abuso resultó embarazada, además de ser contagiada con una enfermedad de transmisión sexual. La menor sufrió una fuerte afectación sicológica que le generó mucha dificultad para conciliar el sueño, tuvo intentos de suicidio, y fue víctima de amenazas para que no delatara el hecho. Igualmente, sus padres la acompañaron a denunciar lo sucedido. Ella recibió atención sicológica por parte de su asegurador de salud. Sin embargo, cuando solicitó la interrupción del embarazo en el centro en el que hacía la terapia, éste se negó afirmando que todo su staff de ginecólogos era objetor de conciencia. La institución remitió a la menor a otro prestador que, además de retardar el procedimiento con exigencias burocráticas después de afirmar que no se trataba de una urgencia o de un caso que afectara la salud o la vida, finalmente negó el procedimiento por haber presentado todos sus médicos ginecólogos objeción de conciencia. Los prestadores de servicios, además de la objeción de conciencia colectiva, basaron su negativa en que el tiempo de gestación y la fecha en la que la menor afirmaba haber sido violada no coincidían. La menor no logró interrumpir su embarazo y se vio obligada a continuarlo hasta el final.
