En el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en Argentina en noviembre de 1990 se declara el 28 de setiembre como día de lucha por la despenalización del aborto en la región, en respuesta a la situación de injusticia y de riesgo para la salud de las mujeres que representa la práctica clandestina e insegura del aborto.

El ABORTO y los DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS se han convertido en temas políticos y de debate sobre calidad de las democracias y profundización en el concepto de defensa de los DERECHOS HUMANOS.

Defender y garantizar la ciudadanía plena de las mujeres requiere la revisión y el cambio de todas aquellas legislaciones y normas que obstaculicen el ejercicio de sus derechos. Por eso, muchos países transitan por debates sociales y políticos sobre el cambio legal de la práctica del aborto. Sólo desde 1985, 19 naciones han liberalizado sus leyes al respecto.

La situación del aborto inseguro ha sido uno de los principales temas de debate internacional desde hace muchos años y en Uruguay si bien han habido muchos intentos de modificar la legislación al respecto desde la salida a la democracia, recién en el 2002 el proyecto de Defensa de la Salud Reproductiva obtuvo media sanción en Cámara de Diputados. Luego del extenso debate social donde el 63 % de la población se manifestó a favor del proyecto de Ley, la Cámara de Senadores culminó el proceso votándolo en forma negativa el 4 de mayo de 2004.

El hecho de que en nuestro país en dos administraciones consecutivas, con gobiernos de definición política tan distinta, se pretenda dirimir el problema con amenazas de veto presidencial, lo convierte en un problema político. Este tema ¿no debería ser uno de los temas de debate sobre el respeto y la tolerancia a la diversidad de creencias, en una sociedad democrática?

Para este próximo jueves 28 de setiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, la Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales por la Salud Sexual y Reproductiva se movilizará en apoyo al nuevo proyecto de Ley de Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva que se encuentra en discusión en la Comisión de Salud del Senado.