Lo que se dijo en el Senado

Hemos seleccionado algunos pasajes de las intervenciones del debate en la Cámara de Senadores sobre el proyecto de ley de Defensa de la Salud Reproductiva, que finalizó el 4 de mayo con una votación negativa, 17 votos a 13. Es importante conocer y profundizar los argumentos manejados porque este debate no termina con la sanción negativa de la ley.

Decía la senadora Percovich en su intervención final, «me congratulo del grado de madurez que han mostrado los debates en la sociedad. Sin embargo, nosotros no vamos a estar a la altura de la opinión que tiene la gente que, según las últimas encuestas, ha quedado demostrado que es más realista con respecto a estos temas que este elenco político».

2004 es un año electoral, y candidatos y candidatas ( esperemos que también las haya) transitarán por el país con sus propuestas y promesas, pero la realidad de las mujeres que abortan en la clandestinidad y la opinión de la gente que se ve enfrentada a este dilema, no puede volver a silenciarse. Muchos temas quedaron pendientes y son asuntos políticos que requieren de definiciones políticas y como se verá en estas páginas, confrontan una visión de democracia, una visión de derechos y una visión de laicidad.

 Lilián Celiberti

 

Senadora Mónica Xavier
(Encuentro Progresista/Frente Amplio) 

(...) La cuestión del Estado laico, desde la perspectiva socio–jurídica, abarca el ámbito de la educación, de la administración de justicia, del acceso a la ciudadanía y hoy día señor Presidente, la laicidad tiene otra dimensión, la dimensión de la inclusión social y del respeto a la diversidad. Hoy día la laicidad implica el acceso a servicios de salud reproductiva, el derecho a vivir y morir con dignidad, el derecho a compartir la vida con otra persona, a casarse, a no casarse, a divorciarse, a tener una opción u orientación sexual, en definitiva a tener libertad personal para opinar y actuar y ser respetada en dicha libertad. La laicidad encuentra sus raíces en el superior credo de la democracia, que implica respeto a la diversidad cultural y religiosa y a la autonomía personal y que rechaza cualquier tipo de fundamentalismo que intente imponer pautas religiosas a quienes no profesan determinado culto. Por ello, señor Presidente nuestro entorno social y cultural y el Estado que consagramos en nuestra Constitución nos obliga a legislar en forma inclusiva, incorporando todas las visiones y respetando la diversidad cultural, religiosa, étnico–racial y de cualquier otro tipo, sin perder de vista el interés general de todos los habitantes del país en el momento de definir textos legales que determinan políticas públicas, como ésta referida a la salud reproductiva.

(...) Los derechos sexuales y reproductivos refieren a la potestad de cada persona para tomar decisiones informadas y responsables sobre su propia fertilidad, capacidad reproductiva, cuidado y crianza de los hijos, salud repro-
ductiva y sexual y actividad sexual así como de acceder a recursos que impliquen la posibilidad de llevar a la práctica esas decisiones de manera segura, efectiva y sin discriminaciones.

 

(...) Debo señalar que me he comprometido a apoyar este proyecto de ley como mujer, como médica y como legisladora. Como mujer me preocupa el reconocimiento de derecho de toda mujer a resolver libremente cuándo y en qué circunstancias va a ser madre. Este derecho se complementa con el derecho a la procreación libre y sin violencias, el derecho a tener hijos deseados y el de los hijos a serlo. Y también me preocupa el ejercicio de ese derecho, la accesibilidad que se tenga para su goce, puesto que en este tema– como en muchos más– quien está en una situación de vulnerabilidad, sufre más agudamente las condiciones negativas o restricciones en la prestación de los servicios. Por ello mi compromiso es con las mujeres que viven en situación de pobreza, de forma de que sean las más privilegiadas en el acceso a la información y prestaciones relacionadas con la salud sexual y reproductiva. (...) Como médica, mi compromiso refiere básicamente a la lucha contra el aborto provocado en condiciones de riesgo, por ser éste un grave problema de salud. En Uruguay hoy hay mujeres muriendo por haberse provocado un aborto sin las mínimas condiciones de seguridad sanitaria y por evitar la asistencia médica al aparecer las complicaciones por temor a la denuncia y a las derivaciones de un proceso penal. Mi compromiso entonces pasa por informar a las mujeres de su derecho a condiciones de salud dignas y por el seguimiento de las políticas públicas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos.

 

Senador Walter Riesgo
(Partido Colorado) 

A mi juicio, lo primero que tenemos que señalar es qué significa abortar. En resumen, abortar significa terminar algo. Se pueden abortar hechos, situaciones, leyes, pero en este caso estamos hablando de terminar con una vida. Este es el tema de hoy desde mi humilde punto de vista: si terminamos o no con una vida; qué derecho tenemos y si existe o no vida. (...)

 

En cuanto a la defensa de la vida, está demostrado científicamente que ésta comienza en un determinado momento y, sobre este punto, lo único que he escuchado fueron expresiones acerca de la defensa de la madre, pero nunca de la vida del niño, de la vida futura. (...)

Se dice: «el aborto es una práctica común; por lo tanto, legalicémoslo». Lamentablemente, tengo que reconocer que efectivamente es una práctica muy común. ¿Cómo no lo voy a reconocer? ¿Cómo puedo ser tan necio? Pero con ese criterio, empecemos a despenalizar todo. El hurto, la rapiña, el homicidio, todo debe ser despenalizado porque, en definitiva, son prácticas comunes; no digo tanto el homicidio, pero el hurto y la rapiña en medio de la inseguridad que actualmente vive el país, sí lo son. Realmente, señor Presidente, no creo que el aborto sea una práctica común, pero si lo fuera, habría que pensar que estamos legalizando la extinción en masa de muchos compatriotas.

 

No me cabe ninguna duda de que la Ley de 1938 puede ser perfectible. Dentro de las excepciones podría incluirse –¿por qué no?– la del niño no viable. ¿Por qué no? No soy tan cerrado en este tema. Pero seamos sinceros: la que hizo inoperante a la ley de 1938 fue la sociedad misma. Además, desde aquella época hasta hoy el Ministerio del Interior no procedió en forma correcta. Si vamos a la cifra menor de 11.000 abortos –no quiero ir a la mayor, de 150.000–, ¿a quién le van a hacer creer que el Ministerio del Interior no sabe quién practica los abortos? Me pregunto: Salud Pública, ¿tampoco sabe? 

 

Senador Ruben Correa Freitas
(Partido Colorado, integrante de la
Comisión de Salud que tuvo el proyecto
en estudio durante un año y tres meses)

Sobre el tema del aborto, debemos decir que algunos consideran que el interés preponderante es la vida dependiente, es decir, el feto, convirtiendo a la mujer embarazada en simple receptáculo de un ser superior al que deben rendirse todos los demás intereses en juego, incluidos los de la embarazada: su vida, su salud y su libertad. En cambio, otros consideran que el interés preponderante es, siempre, el de la mujer embarazada, constituyendo el feto una simple prolongación de su vientre, carente por completo de protección al margen de la que merece la mujer misma. Frente a estas dos posturas ideológicamente enfrentadas, en los últimos treinta años, en el Derecho Comparado se ha ido abriendo una postura intermedia que, partiendo de la protección jurídico–penal que merece también la vida dependiente y, por tanto, de la punibilidad de toda destrucción voluntaria de la misma, procura tener en cuenta los intereses de la embarazada afectados por el embarazo, admitiendo, mediante la creación de los oportunos instrumentos legales, un número mayor o menor de excepciones a esa punibilidad genérica del aborto que se acepta como punto de partida. 

(...) Señora Presidenta, afirmo, a título personal, que en este tema tan delicado, que genera tantos debates y desencuentros en la sociedad uruguaya, una legislación en esta materia debe seguir la solución europea, admitiendo el aborto terapéutico, el aborto ético y el aborto eugenésico.
 

Senador Julio Herrera
(Partido Colorado) 

Inicié el razonamiento en relación a este tema haciéndome las siguientes preguntas. ¿Cómo debo pararme ante este problema? ¿Cómo debo encararlo? ¿Cuál debe ser la postura que tengo que asumir, no en materia de imagen, sino de actitud, de espíritu? ¿Cómo buscamos una solución a esto? En principio, dejé a un lado mi fe y mis convicciones religiosas. Sin duda que están presentes en mi conciencia, pero siento que no tengo ningún derecho a imponer mi fe y mis convicciones a aquellos que no la tienen, ni puedo regular una conducta a aquellos que no comparten, reitero, mi fe y mis convicciones. 

Además, soy un funcionario público electo. La diferencia que tenemos con otros funcionarios públicos es que somos electos y a término. Asimismo, soy legislador de un Estado laico y el electorado que hizo posible que esta banca perteneciera a mi partido y a mi sector, y que yo circunstancialmente ocupe, está compuesto por gente de distintas creencias religiosas e, incluso, por algunos que no las tienen. 

Por lo tanto, de cara a mi primera pregunta sobre cómo debo pararme frente a este tema, respondo que debo hacerlo de acuerdo con mi propia conciencia y con mi propia capacidad de comprensión y de percepción del problema que tenemos entre manos. 

También me planteé el tema relacionado con el partido y el tema personal: ¿esto conviene o no? ¿Hay costos, réditos? En ese punto recurrí a Kant, filósofo de una fuerte formación cristiana que, a mi juicio, es el pensador más riguroso en el tratamiento de la ética. Kant nos dice que uno debe hacer las cosas que debe hacer sin considerar los costos ni los réditos. No es por quedar bien con la sociedad ni por temor a quedar mal con ella que uno hace algo o deja de hacerlo.

 

Senador Enrique Rubio
(Encuentro Progresista–Frente Amplio) 

Este es un tema complejo, de altísima sensibilidad y yo me felicito de que el Parlamento lo esté abordando. (...) Yo voy a decir de entrada que desde el punto de vista ético y moral estoy en contra del aborto y desde el punto de vista político y democrático estoy a favor de la despenalización y de las políticas públicas. En cierta medida, he llegado a convicciones fuertes en estas cuestiones y soy tan radical en una como en otra. Me parece que confundir las cuestiones éticas y morales con las legales no le hace bien a la sociedad ni al sistema democrático y ampara confusiones que nuestra sociedad, en su evolución política, superó hace ya varias décadas. Entiendo que una parte de la sociedad no tiene la legitimidad para imponerle a otra parte una ética acerca de cuestiones altamente sensibles. No comparto ese punto de vista y creo que es una herencia de una concepción de la sociedad de raíz fundamentalista, que rechazo absolutamente desde el punto de vista democrático. Los temas éticos, relativos a cuestiones claves y límites de la vida de las personas se deben discutir del punto de vista ético en el intercambio libre dentro de la sociedad. Allí cada uno asume la postura que le parece mejor y trata de convencer a los otros, ajustando su conducta a lo que cree. Pero no se debe usar el facilismo de incluir dentro del Derecho Penal e imponer por la vía legal cosas muy caras para algunos pero que son vistas de otra manera por otros. Si eso es así y los puntos de vista últimos sobre lo que nos está permitido hacer o no en nuestras vidas son muy diferentes, entonces, lo que sucede es que se instala una situación malsana en la sociedad que genera y ambienta la hipocresía, el doble discurso y el ocultamiento de las cosas, donde los más débiles son los que pagan el más alto precio. Yo creo que eso es lo que está sucediendo en la sociedad uruguaya. Por consiguiente, como creo en el pluralismo democrático y me parece que a este asunto lo abarca dicho pluralismo en lo que se refiere al tema ético, no al legal, estoy de acuerdo con esa consigna juvenil que se ha difundido en distintos países que dice que es necesario «educar para no abortar y despenalizar para no morir». Esto, para decirlo de una manera breve y lacónica, pero que me parece que también es muy ilustrativa.

(...) A mi juicio, debemos identificar los dilemas verdaderos y los falsos, porque de lo contrario la discusión que se da se carga de un conjunto de pasiones y se etiqueta en blanco y negro. Lo peor que puede suceder en cuestiones límites es apelar al pensamiento dicotó-
mico, porque ello no permite identificar los problemas en su hondura, en su complejidad y en la diversidad del pensamiento de las personas y de la sociedad frente a los mismos. Creo que el dilema no es por el aborto o contra el aborto, sino por la represión como política o por la despenalización como política seguida de otras cosas. Entiendo que este es el dilema verdadero y, en tal sentido, comparto el punto de vista del profesor Faúndes, de la Universidad de Campinas, cuando se pregunta –en un reportaje que me parece esclarecedor–: «¿Ustedes creen que hay alguien que realmente esté a favor del aborto? ¿Quién se alegra cuando una mujer se hace un aborto? ¿Quién está feliz cuando hay muchos abortos en una sociedad?» 

Para abordar un tema tan sensible hay diversidad de posturas filosóficas, pero si prospera esta mentalidad dicotómica y fundamentalista, ganan otros temas y terminamos en una «convivencia» invivible, dentro de la sociedad democrática.
 

Senador Alejandro Atchugarry
(Partido Colorado) 

Todos estamos bastante convencidos de que la situación real refleja que la legislación penal, que –supuestamente– tendría que ser el máximo grado de protección a un bien jurídico, en esta materia ha sido un enorme fracaso. Hoy los uruguayos estamos en conocimiento de que decenas de miles de uruguayas –no sabemos bien cuántas– pasan al año por esta situación. Ante esta circunstancia, lo primero que uno siente con claridad es que la situación existente no conforma a nadie ni es sostenible. Para ello, señor Presidente, basta ver la ley. 

¿Realmente la sociedad siente que el procedimiento a realizar, como han señalado algunos señores Senadores, que la respuesta principal de la sociedad es aplicar la ley vigente y, por lo tanto, la prisión? (...) 

En la primera aproximación que hacemos a este tema, cuando nos preguntan si estaríamos dispuestos a acompañar un cambio en la legislación penal, muchos de nosotros lo primero que decimos es que estamos a favor de la vida y hasta nos suena mal hablar del aborto. Y cuando empezamos a mirar los números, nos damos cuenta de que en esta sociedad hay una víctima segura, que es esa expectativa de vida que se ve frustrada, que tiene que ver con nuestra esencia, nuestro amor, nuestros instintos básicos; me refiero al hecho de promover la vida, de continuar la especie y de continuarnos nosotros mismos a través de nuestros hijos. Pero después vemos que, en la mayoría de los casos, la mujer también es una víctima. En este sentido, me ahorra muchas palabras lo que ha escrito el Sindicato Médico que, en ese aspecto, lo comparto totalmente pues, reitero, la mujer también es una víctima. (...) 

Siento, señor Presidente, que sería un error tomar una decisión legislativa en este instante y creo que debemos procurar convencer a nuestros colegas del Cuerpo en el sentido de trabajar y tratar de abrir una puerta –hay más de un mecanismo posible, no sin dificultades técnicas y prácticas– para que todos lo decidamos, y cuando digo todos estoy hablando de la ciudadanía. No digo esto porque el Cuerpo no tenga legitimidad ni porque constitucionalmente no lo pueda hacer; no se trata de que nosotros no seamos legítimos, puesto que nos ha votado la gente y el tema no va a terminar aquí, en esta legislatura ni en la que viene, sino porque todos, de igual a igual, laudando para bien o para mal, en el error o en el acierto, podremos resolver el tema. Los únicos que nos podemos equivocar somos los que votamos como pueblo, porque somos los titulares de la sociedad. Sólo así, señor Presidente, vamos a resolver un tema tan delicado y complejo de una manera que lo estabilice para poder trabajar en él. 

 

Senador Eduardo Ríos
(Encuentro Progresista–Frente Amplio) 

Los legisladores de los distintos partidos y con concepciones ideológicas diferentes nos hemos puesto de acuerdo en que la realidad es esa. La mujer aborta y muere por lo que pasa en la realidad, porque no tiene dinero, porque si dispone de los medios, también tiene garantías. Entonces, para buscar la igualdad tenemos que tratar las desigualdades de la sociedad. Para ello es preciso educar, pero no lo hacemos postergando el tratamiento del tema, sino aprobando este proyecto de ley y aplicando su contenido. (...) 

La ley tiene sentido cuando emana de una conducta social admitida y todos nos comprometemos a cumplir dicha conducta. De lo contrario, esa ley no sirve. En eso estamos de acuerdo. Entonces, frente a esa realidad, el Código Penal ha quedado perimido; la clandestinidad ha ganado, el mercado negro es horrible, las mujeres se mueren y nos pega en el alma que algunos ciudadanos lucren con esta realidad. Yo he escuchado hoy, y en anteriores oportunidades, frente a esto, que algunos legisladores manifiestan que no hay que hacer nada, y no estoy de acuerdo con ello. (...) 

El Estado laico es una maravilla de Estado. Nosotros, como lo disfrutamos, a veces no percibimos sus valores. Debemos destinar nuestras leyes, nuestra idea y nuestro pensamiento al beneficio de todos los ciudadanos, y también de aquellos que tienen valores filosóficos o religiosos que los llevan a tomar determinadas conductas; me parece que eso está bien y lo respeto. En realidad, respetamos a todas las iglesias y a todos los marcos religiosos que pueden existir en una democracia liberal. ¡Bueno sería que estuviéramos en contra de alguna expresión religiosa y quisiéramos combatirla por no estar de acuerdo con la nuestra! De ninguna manera podemos hacer eso, porque en una sociedad todos debemos convivir, y cada ciudadano, individualmente, tomará sus decisiones en base a sus propias creencias y convicciones.

Es necesario aclarar que esta ley no manda a nadie a acudir a una clínica; por el contrario, prevé una sanción para quien no decide en el tiempo establecido y no adopta el camino necesario de educación que la ley ordena. Repito que esta ley no obliga a tomar una conducta determinada; por tal razón, aquella persona que, de acuerdo con su religión, considere que no debe hacerse un aborto, no está obligada a realizarlo. Esa persona no va a incumplir la ley y, por el contrario, podrá ejercer su derecho, del mismo modo que otros ciudadanos ejercerán los suyos. 

 

Senador José Mujica
(Encuentro Progresista– Frente Amplio)  

Frecuentemente decimos que esta discusión tiene como fin el salvar vidas y que, en definitiva, todos estamos a favor de la vida; personalmente, voy a poner en tela de juicio esta aseveración. La discusión, en todo caso, está en si colocamos el tema en la frontera de la evidencia y de la legalidad; en si esto podrá incidir, tal como ha sucedido en Suecia –país con muchos recursos–, operando psicológicamente sobre la mujer en este trance y logrando resultados admirables, ya que casi un 70% de las mujeres que en una primera instancia pensaban abortar, cambian de parecer, porque hay una evidencia comprometida, profesional, del Estado. Podemos señalar que es un hecho el que se salvan vidas, pero estamos hablando de una sociedad desarrollada que aunque tiene sus bemoles, como la sueca, en estas cosas ha avanzado mucho; yo diría que es una especie de sociedad de vanguardia. Sin embargo, nosotros no somos Suecia, y acá viene un problema que quiero señalar. 

Personalmente, no creo que sea la pobreza la causa del aborto; para mí, esto es consecuencia de la soledad, y no es responsabilidad de las mujeres, sino de los hombres que no asumimos nuestras responsabilidades. No las asumimos cuando somos jóvenes y tampoco lo hacemos cuando somos padres, hermanos o esposos y dejamos a la mujer en la frontera de la soledad, frente a un problema muchas veces gravísimo. Entonces, no es un problema de la mujer, sino de la sociedad, y reitero que pienso que los principales responsables somos los hombres. Por eso, estimo que si no hay un cambio en nuestra conducta, no hay ninguna ley que arregle el problema. Los que tenemos que cambiar somos los hombres. Si tenemos una hija que se enamoró o tuvo una aventura –lo que no es un pecado–, la tenemos que amparar y pelear por ella. Lo mismo sucede si se trata de una hermana. En caso de que tengamos cinco hijos y no tengamos trabajo, «contigo pan y cebolla»; después veremos qué hacemos. Esto es lo que lleva al drama de la mujer: la defección del hombre, hecho que se da en toda la escala social, aunque toma características distintas. 

(...) El aborto es un fenómeno más elaborado, más moderno, y que casi acompaña la aparición del Estado. Por lo menos, en los restos de organizaciones sociales primitivas como los Tasmanios, vemos que no existía el aborto. De aquí podría derivarse que el aborto acompaña el desarrollo de la civilización, porque debemos reconocer que es un hecho antinatural desde el punto de vista de la conducta de las hembras en todos los mamíferos y en las aves; sin embargo, la liquidación de los individuos nacidos frecuentemente se presenta donde parece que la naturaleza está priorizando la defensa y la permanencia de la especie. 

(...) Ahora bien; aceptando la plausible idea de que se intenta salvar vidas, pensamos que este proyecto de ley es un aporte, algo mucho mejor de lo que tenemos; es un paso, un desafío, aunque seguramente está lleno de baches. En primer término, no le impone nada al hombre, que sigue siendo el gran ausente, aquél que no tiene responsabilidades. Parece que el feto surge por generación espontánea y esto es todo un tema. Hay algunas sociedades contemporáneas que están incluyendo a dos. 

No voy a andar con vueltas al decir que, para mí, al interrumpir el embarazo se provoca la muerte.

 

Senador Guillermo García Costa
(Partido Nacional) 

Señor Presidente: la vida humana es inviolable desde su inicio en la concepción. Todo ser humano tiene derecho a la vida y por tanto se violan conceptos morales y éticos cuando se arremete contra este derecho en una u otra forma. Toda actividad del hombre dirigida a atentar contra el valor primario, absoluto y esencial de la existencia es, por tanto, inadmisible. El aborto es un atentado violatorio del derecho a la vida del ser humano en gestación. En consecuencia, lo que a mi juicio el Parlamento puede discutir válidamente es cómo se procura evitarlo, cómo procura la sociedad no tener miembros que estén en la dolorosa necesidad, en la tentación o en la deplorable mera comodidad de atentar contra la vida de otros seres. En el tema estamos implicados todos los actores de la circunstancia y, por descontado, en primer y relevante lugar, los legisladores que condicionamos y damos lugar a las normas que encuadran estos principios. (...) 

La errónea ley vigente determina daño para alguna de las mujeres que abortan clandestinamente porque en tal virtud a veces no hay condiciones de asepsia suficientes. Dados esos planteamientos básicos, se plantea la solución. ¿Cuál es, señor Presidente? No logro entenderla como racional; naturalmente que la entiendo como textual. Frente al cúmulo de circunstancias que han determinado que la ley vigente, negativa para el aborto, no se haya cumplido y, por tanto, se hayan dado consecuencias negativas en la sociedad, ¿cuál es el meollo esencial de la solución propuesta? Aprobar un sistema de aborto consentido para que los 30.000 que se han matado clandestinamente se maten no clandestinamente. Yo concebiría, señor Presidente, que la ley trajera una sistematización nueva sobre el tema que implicara que, visto lo negativo que sucede, vamos a precaver esta matanza de inocentes. La respuesta es, precisamente, diversa: «No; vamos a permitirla y, además, vamos a ayudarla a realizar», en el Pereira Rossell porque está restringido en clínicas privadas, para que tengamos la seguridad de que la matanza de 30.000 seres –empleo el número que se ha usado aquí– no sea clandestina y difícil de calcular. 

 

Senador Eleuterio Fernández Huidobro
(Encuentro Progresista– Frente Amplio) 

Todo lo que hago en política, señora Presidenta, en especial leyes –sobre todo últimamente–, lo hago desde una perspectiva moral y no creo ni tampoco entiendo que alguien lo haga desde ninguna o desde la nada, aun cuando diga que lo hace de esa forma. No nací de un repollo; mi tolerancia reconoce sí que haya colegas que voten de manera distinta y lo hagan desde su propia perspectiva y también que haya remotos lugares en el mundo con otras culturas, civilizaciones, religiones y peripecias civilizatorias. Además, toda ley, salvo ciertos casos, luego de votada, ampara o favorece la moral y hasta los intereses de unos y no los de los otros; así es la vida en democracia. Difícil es encontrar una ley votada aquí que ampare, proteja y defienda los intereses de absolutamente todos. Lo que no le puedo exigir a nadie es que legisle desde la amoralidad y menos desde la inmoralidad. Compréndase, entonces, que desde esa, mi perspectiva, será posible redactar una ley; desde otra, reconozco, la ley será distinta, con tan legítimo derecho como la mía. En este caso, el punto de partida determina el camino a seguir.

Yo no puedo banalizar la muerte de un embrión, y si en el país hay 33.000 abortos anuales –que es la cifra más aceptada, pero totalmente insegura–, debo tratar de evitar que esa mortandad de futuros hombres y mujeres se produzca. La veo como la peor expresión de la violencia doméstica, por la muerte de esos embriones, por la tragedia de esa mujer, por el hecho social de que gran parte de esos abortos son decididos por hombres –padres, esposos, compañeros, parientes–, por la omisión culpable del Estado y, también, porque la sociedad en su conjunto elude los problemas e impone las soluciones, aunque éstas sean pésimas. Asumo la culpa propia en esto y pienso entonces que el principal objeto de la ley debe ser combatir el aborto. (...)

Sin embargo, esta ley lleva como nombre: «Defensa de la Salud Reproduc-
tiva». Así como hay abortos para pobres y para ricas, hay fecundación, concepción, gestación, parto y crianza para pobres y para ricas. Y las que más mueren y quedan mutiladas en los partos son las pobres, o sea, la inmensa mayoría. Esta ley de eso dice: nada. Por lo menos, cambiemos su nombre, porque así como está y con el nombre que la bautizaron deja la peligrosa sensación de que los hijos y las hijas pueden ser plagas o, modifiquemos la ley para que realmente se refiera a la salud y a la reproducción, y lo haga sustantivamente. 

El drama social, la realidad concreta, el hecho de que la penalización del aborto obliga a su práctica clandestina y somete a las mujeres a todo tipo de explotaciones, humillaciones, mutilaciones e incluso la muerte, coloca en el debate parlamentario y en el del país un decisivo argumento a favor de ir a la despenalización; a mi juicio, el más grande de los argumentos a favor de la misma. 

Por lo tanto, no me niego a discutir la despenalización del aborto, que no es la interrupción de nada –acá tengo un problema con el idioma–, sino su eliminación. No se interrumpe un embarazo para seguirlo el mes que viene, sino que se lo elimina. Estoy dispuesto a discutir la despenalización, pero sin engañar a nadie. Sé muy bien de qué se trata. En la medida de las posibilidades del Estado y de la sociedad, debería evitarse el aborto. El gran problema es que este proyecto de ley, tal como está, sin modificaciones importantes, no da respuesta a este principal argumento y, por lo tanto, pierde su sostén sustancial porque, repito, el mal a combatir es el aborto y sus agregados concomitantes, cuando es clandestino. Nadie está de acuerdo con el aborto; a lo largo de mi vida no he conocido una sola persona que esté de acuerdo con ello. 

 

Senadora Margarita Percovich
(Encuentro Progresista – Frente Amplio, en suplencia del senador Alberto Couriel)

 

A nuestro juicio, se trata de una iniciativa de política sanitaria con relación a este tema, un proyecto de ley de prevención. Entendemos que hay una responsabilidad política de los legisladores que deben tratar de definir prácticas sanitarias a través de una norma legal. Aquí sí se habla de políticas que el Estado tiene que asumir. Incluso, las responsabilidades con relación a la educación sexual que debe cumplir el Estado y las políticas de prevención y anticoncepción están previstas claramente en el primer capítulo. (...) 

A pesar de todos los argumentos que agregan miedo a la mujer, igualmente lleva adelante esa práctica. Entonces, no podemos mirar para el costado y sí debemos buscar una solución que es responsabilidad de una política sanitaria. Debemos respetar todas las opciones porque, evidentemente, para ciertos conflictos morales no existen soluciones y ni siquiera es posible mediarlos, sino que simplemente podemos proponer mecanismos que garanticen la convivencia en la diferencia de historias y concepciones éticas, morales o teológicas. En lo personal, pienso en las responsabilidades de políticas sanitarias que nos corresponden y, en tal sentido, considero que el marco en el que está redactado este proyecto de ley permite hacer realidad ese gran desafío que es que en una democracia todos podamos convivir con esas concepciones y optar por las diferentes prácticas, no limitándolas pero sí estableciendo cuándo es delito y quiénes pueden realizarlas. Me parece que se trata de eso y que esa es la responsabilidad que tenemos frente a una ciudadanía que queremos que elija y decida con este marco que, a nuestro juicio, es completo. 

 

Senador Luis Hierro López
(Partido Colorado, vice–presidente de la República) 

(...) Voy a hacer una referencia personal a mi forma de votar, aunque creo que ha sido suficientemente público, no importa mucho lo que vota cada uno; aunque se da la circunstancia de que en casi todas las bancadas hay matices y diferencias, importan mucho más los comportamientos colectivos de los partidos. En todo caso la situación personal de cada uno puede contribuir a la pequeña historia biográfica de cómo se produjo o no la aprobación de una ley. En mi caso, sin involucrar el sentimiento de mi bancada, la del Partido Colorado, en mi condición de candidato a Vicepresidente de la República en noviembre de 1999, con el doctor Jorge Batlle hicimos un acuerdo político con la Unión Cívica que vengo a reflejar esta noche votando en contra de este proyecto de ley, aunque lo considero importante. En esa circunstancia el Partido Colorado, a través de la gestión del doctor Batlle y de quien les habla, desarrolló dos acuerdos políticos: uno con el Partido Nacional que tenía que ver con cuestiones importantes de la vida del Estado y otro con la Unión Cívica, en el que establecimos algunos compromisos sobre cuestiones sociales, entre los cuales estaba el de no propiciar de parte del Poder Ejecutivo –que eventualmente íbamos a integrar– una legislación vinculada a los temas del aborto. Más allá de mi posición personal y de criterios filosóficos, concurrí voluntaria y resueltamente a la firma, consagración y cumplimiento de esos acuerdos políticos muchas veces mal denostados por la crónica y asimilados al reparto de posiciones o eventualidades y pocas veces recordados por la asunción de compromisos de índole ideológica que van consagrando la marcha de la República. En este caso concreto, a lo que nos comprometimos el doctor Jorge Batlle y yo fue a que no íbamos a potenciar legislaturas de esta índole, y en esa medida el Presidente de la República ha anunciado que si se consagrara un proyecto de ley de esta naturaleza, lo vetaría. En esa medida es que, en términos casi subjetivos e individuales, me permito decir al Senado que no voy a votar este proyecto de ley. 

Lo primero que debo declarar es que el cumplimiento de un acuerdo político, de mi parte, siempre es un acto feliz, voluntario, resuelto, cívico y democrático. 

Por otra parte, voy a votar la moción del señor Senador Atchugarry para que el tema vuelva a Comisión a fin de procurar un entendimiento entre los señores Senadores y encontrar un mecanismo para llevar este tema al alto tribunal del Cuerpo Electoral. ¿Abdico de mi responsabilidad? No, la asumo. Estoy en contra del proyecto de ley y lo he dicho en todos los medios de comunicación. No abdico de ninguna de las responsabilidades que tengo como legislador. Sí creo que un país que ha hecho referéndum y plebiscitos, por ejemplo, para resolver si la educación debía tener el 27% del presupuesto, sobre si la UTE debía tener un marco energético regulatorio o cuál era el destino de la refinería de ANCAP, por los mismos mecanismos de consulta popular, ya sea recolección de firmas u otros procedimientos, se consulte a los ciudadanos sobre un tema vitalísimo como el aborto. Digo esto no porque haya abdicación de ninguno de los señores Legisladores, sino porque además es un asunto que, como bien se dijo, para resolverlo hacia el futuro del país deberíamos consultar a los uruguayos.

 

Senadora Mónica Xavier
(Encuentro Progresista–Frente Amplio) 

Con relación a las precisiones que quisiera hacer, no comparto el hecho de la ausencia de responsabilidad del padre en este tema. A este respecto, el artículo 1º del proyecto de ley dice claramente, en su primera oración: «El Estado velará por el derecho a la procreación consciente y responsable, reconociendo el valor social de la maternidad, la paternidad responsable y la tutela de la vida humana». Creo que esta primera frase no está puesta por casualidad, sino que refleja el espíritu que se trató de plasmar en este proyecto de ley: ciudadanas y ciudadanos responsables de su salud y de su actitud reproductiva ante la vida, además de la necesidad de tutelar la vida. Quizá podrá discutirse sobre esto –y seguramente nadie lo va a negar– que el embarazo transcurre en el cuerpo de la mujer y no en el del hombre; algunos dicen que si así fuera, tal vez el aborto se habría legalizado hace bastante tiempo. Pero la cuestión es que transcurre en el cuerpo de la mujer y que ello trae determinadas consecuencias. El aislamiento y la soledad en que se encuentran las mujeres la mayor cantidad de las veces, es la realidad más frecuente. Y lo que la ley no prohíbe, lo habilita. Lo que queda muy en claro es que es la mujer quien, en última instancia, decide en consulta con el médico tratante y acompañada o no de su esposo, su compañero o, incluso, la pareja casual de la que pudo haber quedado embarazada. Eso la ley no lo prohíbe y, por tanto, lo habilita. Lo que sí dice es que si se va a esperar a que el padre biológico, que habitualmente está ausente, dé su consentimiento, al igual que la mujer, para proseguir con el embarazo o tomar la decisión de interrumpirlo, difícilmente estemos otorgando en términos reales ese derecho a la mujer y estemos consagrando en términos reales ese derecho en la ley, porque –vamos a lo primero– habitualmente, y lamentablemente, la mujer se encuentra sola frente a estas situaciones. 

(...) La consulta popular es un instituto de la ciudadanía y no un mecanismo para que los Legisladores nos eximamos de nuestro deber de legislar. Si bien muchos de los integrantes del Cuerpo así lo han planteado, creemos que es una razón más para sumarnos –luego de estos 20 días que hemos podido tener de reflexión– a la resolución del órgano político a que pertenecemos –que respeta los argumentos que cada uno pueda esgrimir con relación a la votación sobre el fondo del tema–, en el sentido de proponer que se vote, que se haga en forma nominal –como también planteaban otros legisladores–, y que estos caminos de consulta popular –por supuesto, somos una fuerza que apela a ellos– los estudiemos una vez culminada la votación. 

 

Senador Reinaldo Gargano
(Encuentro Progresista–Frente Amplio) 

(...) Defiendo la vida en todos los planos y creo que lo religioso está en el fondo de todo este asunto. Creo que la sociedad uruguaya ha madurado mucho y cuando se dice que ella está por un lado, y la ley y los legisladores por otro, algo debe andar mal; debemos andar mal nosotros porque si la sociedad va por un lado y nosotros por otro, es porque no la observamos correctamente y no aprendemos de ella a hacer lo que debemos en nuestra calidad de legisladores. 

Asumo un compromiso personal; sé que hay compañeros que no comparten esta opinión, pero tengo la idea de que este tema se va a replantear en la próxima Legislatura. Voy a luchar en mi partido –me refiero al Partido Socialista– para que el tema vuelva a plantearse y que vuelva a traerse a este ámbito para que se legisle. Asimismo, si existe voluntad política en algún sector en el sentido de que el tema sea sometido a la definitiva expresión de la voluntad de la soberanía nacional, que es el Cuerpo Electoral –la Constitución establece en el artículo 1º que la soberanía reside en el Cuerpo Electoral–, que así se haga para que se decida definitivamente. Nosotros somos muy fieles a los pronunciamientos del Cuerpo Electoral y cumplimos estrictamente con lo que él dice. Por lo tanto, no tenemos miedo a esa expresión. 

En consecuencia, personalmente confío en que haya legislación sobre este tema en la próxima Legislatura y que, además, si existe la posibilidad y así se desea, se someta esto a la decisión del Cuerpo Electoral.

«Ese sábado, en la feria vecinal de mi barrio, el senador Huidobro dialogaba con los vecinos. Yo iba dispuesta a decirle que había traicionado a las mujeres al votar en contra del Proyecto de Ley... Pero otra vecina se me adelantó».