En los 18 años que el debate de aborto ha tenido en Uruguay, en su historia reciente, hubo importantes sectores y actores de la sociedad que nunca tomaron posición pública

sobre el asunto.

En esta oportunidad, fueron sustanciales los posicionamientos de dos instancias de incuestionable incidencia en el país, el Consejo Directivo Central de la Universidad de

la República y el Sindicato Médico del Uruguay.
 

Montevideo, 27 de noviembre de 2002

Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva
Universidad compromete aporte científico y académico para la mejor resolución de grave problemática. 

El consejo Directivo Central de la Universidad de la República aprobó anoche por unanimidad una declaración pública referida al Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva. El texto es el siguiente:

Declaración 

Ante la discusión parlamentaria del Proyecto de Defensa de la Salud Reproductiva, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República en el marco del artículo 2º de su Ley Orgánica, considera oportuno compartir con la opinión pública las siguientes consideraciones: 

          La penalización –en los 64 años que lleva su aplicación– no ha impedido que el aborto constituya una práctica sumamente frecuente en todos los sectores sociales.

            Su carácter de «práctica clandestina» al margen de los controles sanitarios y en manos de personal no debidamente calificado lo ha convertido en un grave problema social de la Salud Pública.

          Complicaciones derivadas de dichas prácticas configuran la causa del 27% de la mortalidad materna, cifra que se encuentra entre las más altas del mundo y que afecta casi exclusivamente a mujeres provenientes de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

          Se hace necesario sustituir el criterio penalizador que orienta la actual legislación por otro que impulse el desarrollo de políticas públicas tendientes a orientar e informar a las personas sobre los diversos aspectos relacionados al libre ejercicio de la sexualidad. Esto implica poner al alcance de las mujeres –cualquiera sea su condición– los apoyos médicos, psicológicos y sociales necesarios para procesar decisiones libres, autónomas y conscientes, incluyendo los servicios y programas necesarios para sostener dichas decisiones en condiciones de dignidad y equidad.

          La Universidad de la República comparte la importancia de que la sociedad uruguaya debata sincera y ampliamente este tema comprometiendo su aporte científico y académico como contribución a la mejor resolución de esta grave problemática sanitaria y social.

          Para finalizar reafirma su convicción de que la base para dicha solución deberá respetar el derecho de las personas a ejercer su capacidad de libre decisión, de acuerdo a sus propias convicciones y el acceso equitativo a los recursos con que la sociedad cuenta para sostener dichas decisiones. 

El Sindicato Médico se pronuncia sobre el aborto provocado 

El Sindicato Médico del Uruguay, ante el debate que se ha instalado en distintos ámbitos de la sociedad uruguaya con respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las personas, y muy en especial acerca de la posible despenalización del aborto bajo determinadas condiciones, considera de interés efectuar las siguientes apreciaciones, dirigidas al Cuerpo Médico, a los poderes públicos y a la ciudadanía en general:

1.    El Estatuto del Sindicato Médico del Uruguay obliga a sus autoridades, en su art. 2 literal G, a bregar por «el mejoramiento de las leyes y disposiciones referentes a la Asistencia e Higiene Pública y la medicina social».

2.    Los médicos en general y el SMU en particular, se han manifestado de forma clara y concluyente a los largo de sus ocho décadas de existencia a favor de la vida. No estamos a favor del aborto provocado, ni consideramos adecuado estimularlo o promoverlo de ninguna forma. Estar a favor de la vida, en el Uruguay de hoy, obliga éticamente a todos los profesionales de la Salud a intentar disminuir de manera real la cantidad de abortos provocados, con el objetivo–tal vez utópico– de hacer innecesaria esa práctica. Así se contribuirá de forma verdadera, más allá de las palabras, a evitar la morbimortalidad materna, así como también a evitar la interrupción de un proceso vital, como es el de un embrión o feto en desarrollo.

3.    La actual situación es dramática y resulta inadmisible:

          Es muy grave que en un país de poco más de 3 millones de habitantes, sin accidentes geográficos importantes, sin divorcios culturales ni idiomáticos, con una buena infraestructura de comunicaciones y con un sistema de Salud de alcance nacional, haya una mortalidad materna de 23 cada cien mil nacidos vivos. Esto significa un promedio de 13 uruguayas jóvenes muertas por año. La mayor parte de las veces, esas muertes son evitables.

          Es muy grave que las mujeres que viven en condiciones de pobreza mueran 2.64 veces más por estas causas que aquellas que tienen otras condiciones socioeco-
nómicas.

          Es extremadamente grave que 1 de cada 3 muertes maternas ocurridas entre 1997 y 2001, hayan sido a causa de complicaciones de abortos practicados en condiciones de riesgo, causa no solo prevenible sino casi inexistente en los países donde existen servicios seguros de abortos.

          Es grave y vergonzoso que las mujeres pobres que se atienden en el C. H. Pereira Rossell tienen 3 veces más posibilidades de morir por aborto provocado, que las mujeres de otros niveles socioeconómicos que acceden a mejores servicios de Salud.

A juicio del SMU el ambiente de inequidad basado en las condiciones socioeconómicas, que rodea todo este tema es vergonzoso, insultante, inmoral e insostenible.

4.    Esta situación a nuestro entender debe revertirse atendiendo sus causas.

          Las causas de los abortos provocados deben buscarse en los embarazos no deseados. Las recomendaciones internacionales, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de otras instituciones de innegable prestigio y solidez ética, no dejan lugar a dudas sobre el camino a tomar:

          Educación sexual y reproductiva desde la escuela primaria, para ejercer la sexualidad de manera libre y responsable.

          Anticoncepción universal, segura, accesible y con todas las opciones para las y los usuarios, para evitar los embarazos no deseados.

5.    El SMU entiende que, mientras haya embarazos no deseados habrá abortos provocados. En ese contexto, importa señalar que la mujer que decide abortar es una víctima y no una victimaria.

6.    La legislación actual en Uruguay viola todas y cada una de las principales características de la Asistencia en Salud, que debe ser integral, universal, accesible, continua, oportuna, eficiente, económica, humana y adaptable. Dicha legislación, además, no ha logrado abatir el número de abortos, sino que por el contrario, ha contribuido a su incremento. En suma, se trata de una ley anacrónica y descartada por la prá0ctica social desde su misma promulgación en 1938.

7.    Ha quedado demostrado en todo el mundo de forma científica, más allá de credos, opiniones o valoraciones religiosas, filosóficas y políticas, que la despenalización del aborto lleva a una disminución en el número de abortos provocados y a una reducción de morbimortalidad materna y del feto.

8.    Es entonces en este marco teórico, con estas consideraciones médicas, sociales, culturales y legislativas, que el SMU considera su deber expresar su posición a favor de la despenalización del aborto, en el entendido que dicha modificación legal no obliga ni estimula, sino que, por el contrario, como ha sido demostrado por la experiencia internacional, disminuye su práctica. Debemos indicar que la despenalización del aborto es en el actual contexto la principal manera de involucrar a toda la sociedad en tareas impos-
tergables:

          a. La implementación de políticas educativas efectivas,

          b. La promoción de políticas públicas de anticoncepción,

          c. La promoción en toda la sociedad de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas.

El Sindicato Médico del Uruguay convoca al Cuerpo Médico Nacional, a las instituciones representativas en el área de la Salud Sexual y Reproductiva, a las organizaciones de mujeres, a los legisladores y a la opinión pública en general, a abordar de forma madura y sin hipocresía, alzando la mira por encima de falsas oposiciones como la de «aborto sí» o «aborto no», la necesaria discusión para llegar a tomar las decisiones que nos demandan los tiempos.

El Comité Ejecutivo, 27 de abril de 2004

«...Queremos simplemente que se coloque la cuestión en sus términos humanos y razonables y que se entienda que el aborto es un acto que debe quedar en cuanto a su calificación, en el terreno de la moral; que no debe hacerse intervenir para su represión a la ley, porque la ley, ya lo ha demostrado en nuestro propio medio, fracasa, y hay más: puede llegar a ser contraproducente desde el punto de vista de los intereses sociales».

 Emilio Frugoni, 1937

Declaración del Partido Socialista 

El Partido Socialista ante lo sucedido en el Senado de la República –que votó en forma negativa por 17 votos contra 13 el Proyecto de Salud Reproductiva– desea expresar a la población del Uruguay:  

1.    Que mantendrá decididamente su compromiso histórico con la necesidad de educar en materia de salud sexual y reproductiva para que todo ser humano pueda vivir su sexualidad con absoluta libertad, accediendo a los métodos anticonceptivos que elija, regulando su fecundidad y trayendo al mundo los hijos que realmente quiere y desea.

2.    Que destaca la actitud coherente y comprometida de todos sus diputados y senadores que asumieron públicamente con suma responsabilidad –a lo largo y a lo ancho del país– la defensa del Proyecto de Salud Reproductiva, para intentar un cambio en nuestra obsoleta legislación que –dejando de lado la hipocresía social– permitiera acceder a la interrupción de un embarazo en condiciones dignas y seguras –cuando así fuese decidido por la mujer grávida– transformando lo que hoy es un privilegio al que se accede por tener dinero, en un derecho de ejercicio consciente para todas las mujeres, independientemente de su condición económica.

3.    Que saluda a todas las organizaciones nucleadas en la Coordinación Nacional de Organizaciones por la Defensa de la Iniciativa, porque con su calificado trabajo de esclarecimiento y de difusión permitieron dar en la opinión pública un salto cualitativo muy importante en la comprensión de tan delicado tema, que es fundamental para el desarrollo de la democracia y el ejercicio real de la auténtica ciudadanía.

4.    Que continuará trabajando para que el embarazo deseado sea una opción, para que las mujeres más desprotegidas sean consideradas, para que no haya muertes por esta causal o aberrantes mutilaciones que disminuyen sustantivamente la calidad de vida de nuestras mujeres, para que un día en nuestro país gane la tolerancia y no se discrimine y criminalice a las mujeres que eligen voluntariamente la interrupción de su embarazo.

Comité Ejecutivo Nacional
Partido Socialista

 

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