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El domingo, la sociedad uruguaya deberá decidir si baja la edad de imputabilidad para las y los adolescentes infractores.

La iniciativa se publicita y promueve, como una medida para responder a la “inseguridad”. Esta campaña así promocionada, coloca a las y los adolescentes infractores como responsables principales de la inseguridad, aún cuando los índices de criminalidad dicen lo contrario.

Una sociedad que reniega de sus responsabilidades con los más jóvenes seguramente no podrá construir una convivencia basada en derechos. Castigar a las y los adolescentes como adultos no es la solución de problemas que requieren miradas integrales, humanistas, solidarias y no estigmatizadoras.

El cielo acompañado de su sol
“Afuera, el sol
¡Ilumina y da calor!
Lejos de la tristeza hay todo un mundo de belleza”

No discrimines
No entiendo por qué razón existe el mundo de la discriminación
si eso no se necesita
No sé para que se utiliza

Marta González

Numerosas organizaciones de la sociedad civil, y organismos de derechos humanos, dan cuenta de la necesidad de trabajar en conjunto para repensar las políticas públicas de justicia juvenil. Mientras algunos y algunas claman por bajar la edad de imputabilidad a los 16 años, hay un conjunto amplio de la sociedad civil que cuestiona desde qué lugar se piensa el sistema penal juvenil actual.

Poner la mirada en las jóvenes privadas de libertad, (que son un porcentaje marginal de las estadísticas), es un reto para quienes trabajamos en la promoción de derechos de las mujeres. Actualmente unas cuarenta chicas de entre 14 y 18 años permanecen en el Centro de Ingresos Adolescentes Femeninas (CIAF), el único establecimiento de privación de libertad para adolescentes mujeres que existe en Uruguay. Depende del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), que desde del año 2011 está en la órbita del INAU, como marca la Ley 18771.

¿A ti te gustaría estar así, en un cuarto como éste?, preguntaba una de las chicas mientras recogía su ropa, perfectamente doblada en una caja de cartón que tenia bajo la cama. Es una de las imágenes que se perciben cuando alguien visita los cuartos de las jóvenes, con un formato parecido al de una celda. El frío, la sensación de encierro y soledad son también parte del ambiente.

El acceso al CIAF no fue fácil. Las diversas denuncias que el sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) ha recibido, y los informes que dan cuenta de una serie de vulneraciones a los derechos humanos en el interior de los centros, ha complicado el acceso a las adolescentes privadas de libertad. Luego de varios intentos de contactar con la institución, mediante pedidos formales, sin lograr el objetivo propuesto pudimos hacer una visita como participante en un taller de lectura que realizaba Serpaj.

Mariana Mosteiro
Mauro Tomasini
(Coordinadores del Área Seguridad Democrática y DD.HH. SERPAJ)

Las niñas y adolescentes que ingresan al Sistema Penal desarrollan prácticas de ilegalidad como todos los adolescentes que buscan legitimidad. En esta etapa de su vida definen y modifican sus límites permanentemente con ellas y con el mundo que las rodea. Resuelven las tensiones según sus capacidades y herramientas. Muchas de estas prácticas de ilegalidad son aleatorias, inconstantes, y no construyen una identidad que reorganiza su yo. Por eso, la mayoría que comete delitos no tiene cimentada una identidad delincuencial. Las niñas y adolescentes mujeres que pueblan el Sistema Carcelario Juvenil, cargan con estereotipos y representaciones que las definen como sujetos peligrosos, tanto en relación al universo de la seguridad, como de los valores dominantes.

Los discursos que legitiman ciertas prácticas culturales para determinados universos de niñas y adolescentes mujeres de nivel socioeconómico medio y alto, se eliminan para aquellas que viven en situación de riesgo y precariedad continua. La anormalidad de las prácticas en unas se vuelve normalidad en otras. Unas padecen el estigma de las subculturas juveniles relacionadas con la delincuencia (de forma errónea), otras entran en el intercambio social y simbólico, con legitimidad y aceptación social. Para unas: el castigo, violencia y privación; para otras: respuestas terapéuticas integrales acorde a derechos. Las niñas y mujeres que soportan los estigmas de desacreditación social y discriminación son las clientas predilectas del Sistema Penal. Como dice Duschatzky¹, el delito brinda la ilusión de romper con la inercia cotidiana, de adueñarse de algún modo del devenir de la existencia, de decidir.