Ante el pedido de informes del Diputado Ope Pasquet y la decisión de la Cancillería uruguaya respecto a la resolución del ECOSOC en favor de las mujeres y niñas palestinas

Leímos con asombro y preocupación el pedido de informes del Diputado Ope Pasquet a la Cancillería por la votación de Uruguay a favor de una resolución del Consejo Económico y Social de la ONU el 14/9/20. Y con más preocupación aún escuchamos la decisión de la Cancillería uruguaya que, tras recibir al embajador de Israel, removió a Pablo Sader de la Dirección de Asuntos Políticos, por considerar que el voto uruguayo en apoyo a la resolución del ECOSOC fue “un error circunstancial”.

Esto es preocupante porque la mencionada resolución del ECOSOC no hace otra cosa que reafirmar el consenso internacional de la ONU:

• reafirma el marco legal internacional (tanto el Derecho Internacional Humanitario como el Derecho Internacional de los DD.HH.) relativo a la protección de los derechos humanos de la población civil en situaciones de conflicto, y en particular de las niñas y mujeres;
• cita documentos de la ONU como las conferencias internacionales sobre la mujer, la Plataforma de Acción de Beijing y su actualización de 2015, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, la CEDAW y la CSW.
• expresa preocupación por la violencia perpetrada contra las mujeres y las niñas en todas sus distintas formas y manifestaciones en todo el mundo.

En particular, tras acoger el pormenorizado informe del Secretario General de la ONU respecto a la situación de las mujeres palestinas bajo la ocupación israelí, la resolución expresa la preocupación del ECOSOC “por las continuas violaciones sistemáticas a los derechos humanos del pueblo palestino por parte de Israel, la Potencia ocupante¹, y sus efectos en las mujeres y las niñas”. También reafirma que “la ocupación israelí sigue siendo un grave obstáculo para las mujeres y las niñas palestinas en lo que respecta a la realización de sus derechos, así como a su adelanto, autosuficiencia e integración en el desarrollo de la sociedad palestina.” Destaca la necesidad de asegurar que se rindan cuentas por todas las violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos para poner fin a la impunidad, asegurar la justicia, impedir que se cometan nuevas violaciones, proteger a los civiles y promover la paz. Sin embargo en su pedido de informes el Diputado Pasquet cree conocer la situación de las niñas y mujeres palestinas mejor que la ONU y que las mismas palestinas organizadas², y por eso afirma que Israel trata mejor a las mujeres árabes que los países musulmanes vecinos. al Diputado Pasquet sus informantes no le cuentan que, por ejemplo, las mujeres palestinas nacidas en Jerusalén Oriental no tienen ciudadanía ni pueden votar por el simple hecho de no ser judías, ya que Israel anexó −ilegalmente− la parte palestina de la ciudad sin otorgarle derechos a sus habitantes. Una de las tantas expresiones del régimen de apartheid israelí, que gobierna a dos grupos de población con sistemas legales diferentes³.

Es muy preocupante que una resolución de un órgano de Naciones Unidas haya molestado al Diputado Pasquet, y más preocupantes son las razones que expresó para esa molestia:

1. Al Diputado Pasquet le molesta que el Estado Uruguayo apoyara una resolución que se refiere a los “territorios palestinos ocupados” por Israel. Es decir, le molesta que Uruguay mantuviera su posición histórica de apego al consenso oficial de Naciones Unidas. Un consenso internacional que solamente Israel rechaza, pues al menos desde 1967  numerosas resoluciones de la ONU consideran que Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental (al igual que los Altos del Golán sirios) son territorios ocupados por Israel. Incluso EE.UU., hasta la llegada de Trump, adhería a ese consenso, y por esta razón ningún país tiene su embajada en Jerusalén (excepto EE.UU. y un par de países serviles), como rechazo a la ocupación y anexión ilegal de Jerusalén Oriental por parte de Israel.

2. Al Diputado Pasquet le molestó el voto de Uruguay a favor de la resolución porque “lastima los sentimientos de los judíos uruguayos”, asumiendo que la comunidad judía apoya unánimemente las políticas del Estado de Israel. Pero la comunidad judía es diversa, y muchas personas judías –en Uruguay y en todo el mundo− no apoyan las políticas de Israel, sino que las critican y defienden el derecho del pueblo palestino a vivir en libertad, igualdad y justicia. Y si a una parte de la comunidad judía organizada que defiende incondicionalmente las políticas criminales de Israel le “lastima” que Uruguay adhiera al consenso de Naciones Unidas ¿es razón para que el Estado uruguayo se aparte de dicho consenso? ¿Será que el Diputado Pasquet y el Canciller Bustillo quieren que Uruguay, siguiendo los pasos de Trump, desconozca el Derecho Internacional, dé la espalda a la ONU, aplauda la anexión ilegal de los territorios palestinos ocupados por parte de Israel y traslade su embajada a Jerusalén?

3. El Diputado Pasquet afirma que la “democracia” israelí es “asediada por regímenes autoritarios”. Curiosa democracia la israelí, donde casi la mitad de la población que vive bajo su dominio −entre el Mediterráneo y el río Jordán− carece de todos los derechos básicos por el simple hecho de no ser judía⁴. Curiosa democracia, que desde hace 72 años prohíbe el regreso a su patria de tres o cuatro generaciones de refugiados y refugiadas palestinas, mientras invita a emigrar a Israel con plenos derechos ciudadanos a personas judías de todo el mundo.

Queremos creer que Ope Pasquet desconoce los principios supremacistas que están en la base del Estado de Israel,  construido y organizado en torno a la supremacía de un grupo humano sobre los otros, un concepto incompatible con el de democracia en el siglo XXI. Esa supremacía se traduce en su legislación y en las políticas  hacia la población no judía o palestina. La Ley Constitucional del Estado Nación Judío aprobada en 2018 define oficialmente a Israel como “el Estado del Pueblo Judío”, en el cual:

• solo el pueblo judío tiene derecho a la autodeterminación;
• solo las personas judías tienen derecho a la nacionalidad, la cual les confiere derechos y privilegios que se le niegan a la población no judía (entre muchos otros, el acceso al 93 por ciento de la tierra)⁵;
• (dentro de Israel) la población no judía es discriminada por más de 60 leyes (según la base de datos de ADALAH) y un sinnúmero de políticas y prácticas cotidianas⁶.

Pensemos: es como si un Estado se definiera a sí mismo como “el Estado de las personas blancas”, o “el Estado de las personas cristianas”.  ¿Es esa la concepción de democracia –laica y moderna– que tiene el Diputado Pasquet? Qué bien le haría a Ope Pasquet leer obras como “Etnocracia” del geógrafo Oren Yiftachel, o “No, Israel no es una democracia”, en el libro “Diez mitos sobre Israel”, del historiador Ilan Pappé (ambos autores israelíes).

4. La afirmación del Diputado Pasquet refleja, además, una profunda islamofobia. Decir de manera genérica que el Estado de Israel trata a las mujeres palestinas mejor que todos los países musulmanes a sus mujeres, es una manifestación de  prejuicio y estereotipación. Y reproduce expresiones  propagadas por el aparato de propaganda del régimen  y el lobby sionista ) para presentar  a Israel como una democracia iluminada en medio de un vecindario árabe salvaje y oscurantista. Un falso estereotipo que desmienten las innumerables condenas de la ONU que Israel acumula desde 1948, muchas más que los países árabes y musulmanes.

En efecto, en su defensa de la “democracia” israelí, el Diputado Pasquet una vez más parece (o elige) ignorar que Israel es el país con más condenas y resoluciones negativas de la ONU, especialmente del Consejo de Derechos Humanos⁷. Veamos el historial de resoluciones de la ONU condenando a Israel:

• Consejo de Seguridad: 81 resoluciones desde 1948 hasta 2016 (y no hubo más por el veto de EEUU).
• Asamblea General: más de 200 resoluciones desde 1947 hasta 2019. En 2018, Israel fue el país más condenado: de las 27 condenas emitidas, 21 fueron a Israel por su violación de los derechos palestinos.
• Corte Internacional de Justicia, 2004: dictamen condenatorio del Muro y de todo el sistema de colonización y ocupación asociado, ordenando a Israel desmantelarlos, y a la comunidad internacional actuar con firmeza para ponerle fin.
• Han emitido resoluciones e informes críticos de las políticas de Israel los principales órganos vigilantes de los pactos y convenciones internacionales de DDHH y de los Relatores del Consejo de DD.HH. de la ONU.

Conviene mencionar que la ‘democracia’ israelí no ha permitido nunca la entrada a su territorio ni al ocupado de ninguno de los Relatores Especiales de la ONU para los DD.HH. del Pueblo Palestino. Tampoco permite la entrada de misiones internacionales de observación de las organizaciones mencionadas; y recientemente expulsó del país al representante local de Human Rights Watch, el jurista Omar Shakir.

Para concluir, recordamos que en junio de este año 2020, 47 Relatores Especiales del Consejo de DD.HH. de la ONU afirmaron que la anexión israelí del territorio palestino ocupado constituye “una visión del apartheid en el siglo XXI”. Y en septiembre casi 500 organizaciones de la sociedad civil palestina y de todo el mundo pidieron a la Asamblea General  de la ONU que adopte “contramedidas eficaces, incluidas las sanciones, para poner fin a la adquisición ilegal de territorio palestino por parte de Israel mediante el uso de la fuerza, a su régimen de apartheid y a su negación de nuestro derecho inalienable a la libre determinación”.

Por todo esto, consideramos que el voto uruguayo a favor de la resolución del ECOSOC mencionada estuvo plenamente justificado, y por eso nos preocupa profundamente la decisión de la Cancillería uruguaya de considerarlo “un error” y de remover al Director de Asuntos Políticos. Rechazamos las presiones del Estado de Israel y del lobby local que lo apoya incondicionalmente para silenciar y descalificar toda crítica a sus políticas hacia el pueblo palestino, sometido desde hace más de medio siglo a un régimen de ocupación militar, colonización territorial y apartheid jurídico intolerable en el siglo XXI, al cual la comunidad internacional en su conjunto tiene el deber de poner fin, tal como ordenó la Corte Internacional de Justicia hace más de 15 años. Esperamos que lo ocurrido con esta resolución del ECOSOC no signifique que el gobierno actual pretende dar la espalda al consenso internacional de la ONU en relación a Palestina-Israel.

Firman:

Centro de derechos Humanos – CDH

CIEDUR

Colectivo Dafnias

Colectivo ENTRE

Cotidiano Mujer

Mizangas, Movimiento de Mujeres Afrodescendientes

Mujeres en el horno

SERPAJ