Queridos/as:
En la carta que enviaron a las organizaciones participantes de la reunión ( región LAC de la AOED, Alianza de Organizaciones para la Efectividad del Desarrollo) incluyeron un análisis que tiene elementos con los que discrepo profundamente. Envío estas líneas para que tanto la definición del contexto, como el debate que tengamos sobre estrategia, incluya las distintas perspectivas que tenemos.
Durante muchos años, yo, como tantos miles y miles, dudaba si finalmente sería posible o no que tuviéramos en nuestra región gobiernos de izquierda, progresistas. Esto es, gobiernos para el cambio. Gobiernos que basados en el sistema democrático, harían de la justicia social, la equidad y los derechos humanos el motor que ampliara la libertad y la igualdad de oportunidades “democratizando la democracia”.
Y fue posible. Lo hicieron posible miles y miles, millones y millones de latinoamericanos que lucharon durante décadas para que la pobreza se redujera, la educación aumentara, y tantas cosas más que hemos logrado mejorar en esta década. Pero ¿No merecemos nada más? La “democratización de la democracia”, ¿no implicaba también la ampliación de las libertades? ¿No implica cumplir cabalmente con los principios de igualdad y no discriminación? ¿No implica obediencia a las mayorías y respeto a las minorías?
Desilusiona y averguenza saber que en algunos temas, los gobiernos progresistas de nuestra región (gobiernos “avestruces”, como los llama Martha Lamas ) sean tan retardatarios como los de la derecha: no cambia el conservadurismo de gran parte de la clase política, no cambian las “malas mañas” de algunos para negociar a escondidas de la gente, no cambia la mezquindad de los calculistas (errados) de votos. No cambia el ninguneo a la libertad, la igualdad y la no discriminación hacia las mujeres.
LA TRANSNACIONAL DE LA MORAL
Una niña de 11 años, violada por su padrastro, fue el primer caso de aborto legal después que la Corte Constitucional de Colombia lo despenalizara en tres causales. La iglesia católica excomulgó a los médicos que lo practicaron, pero NO al violador. En Brasil, se le practicó un aborto a otra niña de 9 años, también violada por su padrastro. Esta vez la iglesia excomulgó a los médicos, y ya que estaba, excomulgó a la madre. Y por supuesto, esta vez TAMPOCO excomulgó al violador.
Casos como estos hay muchos en América Latina y el Caribe. Siempre hay miles y miles de mujeres que deciden abortar porque las violaron, porque está en riesgo su salud, porque el método anticonceptivo falló, porque no tienen medios económicos para mantenerlo, porque tienen un proyecto de vida que no pasa por ser madres.
Lo increíble es que siendo las mujeres las únicas que pueden embarazarse y las únicas que pueden abortar, sean abrumadoramente los varones quienes deciden que ellas no tienen derecho a decidir si quieren continuar o no con el embarazo. Pero cuando esos varones son además quienes dirigen la iglesia católica, hombres que tienen prohibido relacionarse sexualmente y que no pueden reproducirse por estar destinados a servir el reino de los cielos, más que increíble es aberrante que se permitan opinar como lo hacen.
Siempre lista y rápida para condenar a las mujeres llamándolas criminales, no se sabe a cuánto asciende la cantidad de niños y niñas violados en el interior de la iglesia católica en Irlanda, Alemania, Holanda, Estados Unidos, México, España, Chile, Brasil… y así sucesivamente, porque a medida que saltan las denuncias parece que la transnacional de la moral y las buenas costumbres se ha tomado literalmente aquél “Dejad que los niños vengan a mi.”
Me parece muy bien que el Papa Francisco pida disculpas, pero la jerarquía de la iglesia católica es culpable del delito criminal de encubrimiento y por lo tanto, es delincuente: curas, arzobispos, obispos, cardenales y papas han estado tapando durante décadas los casos de abuso y violación.
En nuestros países hay libertad de cultos y libertad de expresión. ¿Está bien, entonces, que los obispos digan lo que se les antoje?¿está bien que salgan a amenazar a los legisladores/as para impedir que voten leyes a favor de la unión civil o el matrimonio homosexual? ¿Está bien que los legisladores de nuestra región sean amenazados por la iglesia si votan leyes que defiendan el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su reproducción?
La Prof. de Derecho Julieta Lemaitre (“Anti-clericales de nuevo: La Iglesia Católica como un actor ilegítimo en materia de sexualidad y reproducción en América Latina”) sostiene que no, y entre otros, desarrolla tres argumentos que me parecen fundamentales.
El primero es que la “deliberación” es uno de los elementos constitutivos de la democracia y sin participación política no hay deliberación. La iglesia es dogmática, invoca “verdades reveladas” sólo a ellos y quienes no las creen carecen de autoridad para debatir. No aceptan el pluralismo ni respetan el derecho a pensar y expresarse que tiene cada ciudadano/a o los distintos grupos de interés, sean éstos otras iglesias, o las feministas o los no creyentes, por ejemplo. Como sostienen en tantos documentos hay “principios que no son negociables en la vida política”. Entonces, si ellos mismos decidieron sacarnos del debate… No hay más que hablar.
El segundo argumento es que sus posiciones son sexistas. Por lo tanto son discriminatorias y antidemocráticas. En “Mulieris Dignitatem” (Juan Pablo II) sostiene que la dominación masculina es resultado del pecado original cometido por las mujeres y Ratzinger no mejoró las cosas. Consideran que estamos hechas “para el amor y la entrega”. Por eso promueven la subordinación de las mujeres y aunque haya católicas que piensen que podrían oficiar misa y ejercer el sacerdocio, está prohibido: el Papa Francisco tampoco las cree aptas. ¿Tiene legitimidad para hablar quien deslegitima a las otras voces?
La tercera razón por la cual la iglesia está deslegitimada para participar del debate público es que tiene un poder inmenso tanto en lo político como en lo económico y no tiene ningún prurito en utilizarlo incluso a través de sociedades secretas o parcialmente secretas (llámense Opus Dei, Los caballeros de la Virgen o lo que sea). Como dice J. Lemaitre “En muchos foros se ha planteado la importancia de pensar con claridad los límites a las instituciones poderosas, independientes del estado y con pocos controles democráticos, empezando por las mismas compañías multinacionales. La Iglesia Católica plantea un problema similar, es una multinacional de la moral, igualmente rica, poderosa y ajena a los controles democráticos”.
La iglesia decide que el aborto es un pecado y el estado decide que el aborto es un crimen. Todos deciden sobre un cuerpo ajeno. Mientras, se está violando el derecho a la libertad, la igualdad, la vida, la salud y la integridad de las mujeres.
Las creencias y los valores forman parte de nuestra libertad de conciencia y nuestras opciones individuales. Decidir abortar o no, no es una decisión sencilla, pero en todo caso, es una decisión que responsablemente debe descansar antes que en nadie en las propias mujeres.
Tanto en el XI Encuentro Feminista en México, como en los Foros Sociales y los debates que la AFM promoviera en Colombia, Bolivia, Uruguay, Perú, Paraguay y Brasil; tanto en las actividades y publicaciones de CDD, RMSLAC, IGHLRC, Campaña por la Convención, como de miles de organizaciones de mujeres en Argentina, Dominicana, Nicaragua, Venezuela, etc., etc., es evidente que para las feministas, defender la laicidad de los estados es absolutamente estratégico.
Es un requisito democrático, es casi una pre-condición para cuestionar el sexismo, la división sexual del trabajo, la exclusión de las mujeres de los espacios públicos de decisión. Como expresa Marta Lamas “… el feminismo no sólo se propone corregir una democracia “imperfecta”, ampliando el área de los temas y la esfera de influencia de sus reglas, sino que plantea como imprescindible desarrollar un pensamiento y una práctica políticos que reconozcan la existencia de la diferencia sexual. Sólo la maduración de prácticas políticas feministas llevará a una transformación del balance del poder entre hombres y mujeres. Esta tarea implica producir hechos y conceptualizaciones que, por una parte, afirmen en la sociedad la diferencia sexual y, por otra, cambien las relaciones entre las mujeres”. (Lamas 1992)
En la lucha por la legalización del aborto, las feministas estamos haciendo algo más que buscar su despenalización. Estamos ampliando el debate sobre la libertad y la igualdad, porque el derecho que tienen todas las personas a decidir sobre su propio cuerpo, no es una cuestión de fe. Es una cuestión de democracia.
Un abrazo,
Lucy Garrido
P.D: lo que escribí es una re elaboración y síntesis de artículos y posicionamientos anteriores que, desgraciadamente, siguen vigente.