Año: 2013

PNUD divulga diagnóstico de participación política y liderazgo de mujeres indígenas en América Latina

La serie contiene un diagnóstico sobre la situación de la participación política de las mujeres indígenas en cinco países de América Latina: Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Perú. El estudio presenta una introducción en donde trata la metodología que las investigadoras utilizaron para recopilar datos duros y las experiencias de las propias mujeres indígenas. Desprendiéndose […]

Los Derechos Humanos y la Objeción de conciencia a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

Algunos ginecólogos/as han manifestado su objeción de conciencia para practicar los actos médicos de interrupción voluntaria del embarazo establecidos por Ley Nº 18.987, según lo difundido por varios medios de comunicación.

La noticia nos preocupa porque se está dificultando el ejercicio de un derecho legalmente reconocido a las mujeres y a sus parejas. La objeción de conciencia es una decisión individual (de aquellos que están directamente involucrados en la práctica) respecto de un procedimiento de salud, que toma un doctor/a para dejar de realizar un acto médico legalmente aprobado, aduciendo la trasgresión que dicho acto hace a su libertad de conciencia, pensamiento o religión.

Tratándose de la protección de un derecho que afecta la esfera íntima de la persona, sólo puede ser invocado de manera individual, fundada y por escrito. No puede invocarse de manera institucional o colectiva, ni por la vía de derecho, ni por la vía de los hechos.

La objeción de conciencia es salvaguardia de las convicciones más íntimas de las personas, pero, en cuanto repercute en terceros, y puede violentar los derechos de estos a la vida, la salud, la dignidad, a la igualdad y la no discriminación, al acceso a los avances de la ciencia y la tecnología y al derecho a no recibir tratos crueles humillantes o degradantes; en modo alguno puede convertirse en una herramienta que los obstaculice, anule, dilate o retroceda derechos constitucional y legalmente protegidos.

Colegio Médico: objeción de conciencia no debe “lesionar” los derechos de la mujer

El Colegio Médico del Uruguay (CMU) se pronunció respecto de las objeciones de conciencia presentadas por ginecólogos de todo el país al procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo garantizado en la ley aprobada en 2012. En una declaración emitida ayer, el CMU señala que la objeción de conciencia es “un derecho humano fundamental cuya plena vigencia expresa la salud democrática de un país”. No obstante, advierte que el ejercicio de este derecho no debe “lesionar otros derechos humanos fundamentales, para el caso, los correspondientes a la mujer gestante que ha solicitado la interrupción de su embarazo”. “Ante la presentación de objeción de conciencia por determinado profesional, la paciente tiene el derecho de llevar adelante su decisión y el sistema la obligación de asegurárselo”, afirma la institución que comenzó a funcionar en 2012.

Tania Ramírez denunciará la agresión racista ante la justicia

Tania Ramírez, la joven activista por los derechos de las personas afrodescendientes que el 14 de diciembre sufrió una agresión de carácter racista a la salida de un boliche de Montevideo, denunciará el hecho ante la justicia, por la falta de resultados a un mes de investigación policial.

Tania Ramírez ha emitido un comunicado en el que afirma que fue objeto de la situación más violenta que le ha tocado vivir como mujer afrodescendiente. Por ello, “romper el silencio en casos como este es fundamental para evidenciar la existencia y persistencia de un sistema racista uruguayo y propio, que es violento por donde se lo mire, que se cristaliza social, cultural y estructuralmente, y con el cual las personas afrodescendientes convivimos diariamente durante toda nuestra vida”, afirma.

Un recuento de 2012

Muchas cosas pasaron en nuestro país en el año 2012. Entre otras, hemos cerrado diciembre con la media sanción del proyecto de ley de matrimonio igualitario, con la aprobación en el Parlamento del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, parecería que en poco tiempo la marihuana será legal, hace dos meses se aprobó una ley de interrupción del embarazo, que a las feministas, por cierto, nos dejó poco conformes; Uruguay ratificó el Convenio Internacional sobre trabajo doméstico, y una mujer fue electa por primera vez presidenta del Frente Amplio.

Aunque la realidad no es color de rosas, ni mucho menos violeta (y bien que lo sabemos y confirmamos, por ejemplo, cuando el jefe de la comarca se desboca con su filosofía rancia y machista), nos parece importante mirar para adelante con optimismo y energía, y repasar algunos de nuestros logros de los últimos 12 meses.

Todavía en situación precaria

Al menos 52 millones de personas en el mundo, la mayoría mujeres, están empleadas como trabajadoras domésticas, de acuerdo con el primer estudio de este sector realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta cifra representa 7,5% del total del empleo asalariado de las mujeres en el mundo, pero en algunas regiones como Asia y Pacífico y América Latina, el porcentaje es sensiblemente superior.

19,5 millones de personas realizan trabajo doméstico remunerado en América Latina

Más de 90% son mujeres, la mayor parte entre 30 y 50 años de edad. Hay serios problemas de precariedad y falta de regulación en el trabajo doméstico. Pero al mismo tiempo la región lidera el proceso de adopción de una norma internacional de la OIT que busca luchar contra la desprotección y las malas condiciones laborales de quienes trabajan en los hogares latinoamericanos.