Este artículo fue publicado en la revista Cotidiano Mujer Nº36, en 2001. Puede encontrar todas las revistas aquí y los posteriores cuadernos aquí.
Ps. Alejandra López Gómez*
Durante el segundo semestre del año 2000, MYSU (Mujer y Salud en Uruguay) elaboró el Documento Nacional sobre el Estado de Situación de los Derechos Sexuales y Reproductivos en el Uruguay, a partir de la iniciativa de CLADEM de contar con un Informe Regional, en el camino hacia la Convención Interamericana por los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos. El equipo a cargo de la elaboración del documento uruguayo estuvo integrado por la Dra. Graciela Dufau, la Soc. Nea Filgueira, la Ps. Alejandra López Gómez y la Lic. Susana Rostagnol, y el equipo de coordinación en pleno de MYSU reflexionó conjuntamente sobre los contenidos y metodologías para la elaboración del Informe.
El Documento incluye el relevamiento sobre estadísticas nacionales, legislación, políticas públicas, prensa, encuestas de opinión y producción académica en el período 1995 – 2000, sobre diez tópicos en el campo de los DDSS y DDRR: aborto, violencia sexual, prostitución, embarazo adolescente, anticoncepción, HIV – SIDA, matrimonio, unión de hecho, divorcio; orientación sexual, educación sexual, control del embarazo, atención del parto y puerperio, y detección oportuna de cáncer genito – mamario. A su vez, se realizaron entrevistas a actores claves: decisores políticos, activistas del movimiento de mujeres y académicos/as.
Un documento de estas características constituye un insumo de gran valor para apuntalar las estrategias de «advocacy» que se implementan desde las organizaciones de mujeres en la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos en cada país de Latinoamérica.
En lo que respecta a Uruguay, el Informe revela, en términos generales, que la lógica de las iniciativas puntuales es lo que caracteriza el estatus otorgado hasta el momento por el Estado y la sociedad al conjunto de los derechos sexuales y reproductivos. Se constata que ni el Estado, ni la sociedad uruguaya en general, han integrado a sus agendas las concepciones actuales acerca de ellos tal como han sido definidos por los movimientos sociales que reivindican su inclusión entre los derechos humanos básicos, o por las recomendaciones de las Conferencias Internacionales de NNUU. «El desconocimiento de estos derechos parece ser la norma (la última reforma constitucional realizada en 1998, a diferencia de lo que ocurrió en otros países de la región, no integró en su articulado ningún propósito o resguardo referido a estas cuestiones, como tampoco el reconocimiento de la equidad de género). Esto explicaría la ausencia de una política de Estado al respecto.» Esta realidad plantea serias dificultades para los necesarios y urgentes debates en relación a las modificaciones de la ley referida al aborto inducido, sobre las concepciones en planificación familiar o educación sexual. Se constata que los derechos sexuales siguen siendo concebidos como un sub-conjunto de los derechos reproductivos, quedando desde esta lógica subsumidos e invisibilizados. Parecería ser que para algunos actores resulta menos comprometedor hablar de la Salud y la Reproducción, que de la Sexualidad y los Derechos.
A nivel académico, el paradigma de los DDSS – DDRR es recientemente incorporado a la reflexión. Salvo excepciones, no existe problematización, ni conceptualización, y hacia 1999 comienzan a generarse espacios académicos con el propósito de delimitar y construir un campo de estudios específico.
El Informe permite identificar claramente los vacíos de los distintos campos: las estadísticas oficiales son insuficientes y en algunos tópicos inexistentes: la última Encuesta Nacional de Fecundidad data de 1985, no se han realizado las Encuestas Internacionales sobre Prevalencia en el Uso de Métodos Anticonceptivos así como Demografía y Salud (DHS), y no existen estudios sobre la incidencia del aborto inducido. Resulta imposible calificar de «políticas públicas» a las iniciativas registradas, en tanto no existe ninguna ley marco o normativa general que defina y garantice la promoción y respeto de los DDSS y DDRR, de la que puedan derivarse políticas. Muchas de las acciones que se emprenden no siempre están definidas desde la identificación de necesidades específicas y en general, no responden a la diversidad de situaciones y demandas. En el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos no sólo se trata de dar respuesta a demandas concretas (necesidades prácticas) sino que es necesario generar otro tipo de demandas que permitan superar situaciones de inequidad y discriminación (necesidades estratégicas de género). Por tratarse de programas sectoriales en el ámbito de las políticas sociales del Estado y no estando enfocadas con criterios universalistas en tanto derechos, el resultado es la realización de actividades focalizadas hacia definidos sectores de población: pobres, mujeres.
Los programas de salud que incluyan la planificación familiar datan de 1996 tanto a nivel del Ministerio de Salud Pública, como de la Intendencia Municipal de Montevideo. Hasta esa fecha, Uruguay no contaba con programas de salud reproductiva en los servicios de asistencia del sector público de la salud. Probablemente el temprano proceso de transición demográfica hizo pensar históricamente que Uruguay carecía de «problemas» de población. En términos promediales, la fecundidad en Uruguay es baja; sin embargo el comportamiento reproductivo difiere según los sectores socio-económicos. Uruguay se reproduce en el tercio más pobre de su población. Luego de la ICPD y con el apoyo del FNUAP, se inauguran dos Programas en Salud Reproductiva que incluyen la Planificación Familiar. Por primera vez, se generan condiciones básicas de acceso a métodos seguros y de calidad en el marco de la consulta gineco-obstétrica. Sin embargo, estos programas no tienen alcance nacional. Las mujeres del interior del país, en especial las de menores recursos, no tienen hoy las posibilidades de acceder a métodos anticonceptivos confiables. Para hacerlo, deberían disponer de sumas importantes de dinero y ser atendidas a nivel de la consulta privada.
En cuanto a las iniciativas a nivel parlamentario, se observa una gran diferencia en cuanto a las temáticas, entre las leyes aprobadas y las que están a estudio sin certeza de llegar al Plenario de las Cámaras. Las leyes aprobadas o son normas de rutina (ratificación de la Convención de Belem do Pará) o amplían derechos ya reconocidos a otros sectores de población (licencia por maternidad, por lactancia, etc.), con el propósito de garantizar la equidad de género. En cambio, las iniciativas referidas a orientación sexual, a la reglamentación de la prostitución, a asimilar los derechos de las/os concubinas/os a los de las personas casadas y a impedir la discriminación de los enfermos de VIH-SIDA, no cuentan con consensos parlamentarios que aseguren su tratamiento y aprobación. En cuanto a la temática del Aborto Inducido, el último proyecto de Ley data de 1993 (Sanseviero), no existiendo iniciativa alguna a nivel parlamentario en el período en estudio.
En el relevamiento de prensa se siguió el criterio sugerido de analizar un semanario liberal (Búsqueda) y otro progresista (Brecha). Se constata que no existe un correlato entre estos enfoques y la expectativa de tratamiento y cobertura dada a tópicos relacionados a los DDSS – DDRR. El semanario de corte liberal incluye una página sobre temas de salud en la cual aparecen temáticas relacionadas con los DDSS-DDRR, en general consistente en una sección informativa. A pesar de que no incluye –la mayoría de las veces- investigación periodística, importa resaltar que semanalmente informa a sus lectores/as sobre distintos tópicos en este campo. Mientras que, el Semanario de corte progresista, si bien ha publicado algunas investigaciones periodísticas, son escasas y sólo sobre algunos tópicos.
El relevamiento de las encuestas de opinión muestra una tendencia favorable de la ciudadanía en algunos temas abordados: despenalización del aborto, inclusión de la educación sexual a nivel de la currícula en la Enseñanza Pública, estrategias de prevención del SIDA. Sin embargo, parece ser que los decisores políticos no toman en cuenta las tendencias en la opinión pública a la hora de definir el curso de las acciones gubernamentales al respecto. A pesar de que Uruguay es un país laico, parecería ser que existe una fuerte influencia de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica a nivel de los decisores políticos que inhibiría la definición e implementación de políticas públicas que garanticen las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos con equidad y sin discriminaciones.
Parecería que ocuparse de los DDSS – DDRR es una sofisticación digna de mejor causa. Como dice Nea Filgueira en el Informe «las distintas posiciones que existen en la sociedad uruguaya con respecto a temas como la identidad sexual, el aborto, el libre ejercicio de la sexualidad entre las/os jóvenes, no son confrontadas públicamente en búsqueda de acuerdos que permitan avanzar en arreglos institucionales que aseguren igual tratamiento para todas/os. De hecho, nadie propicia debates entre actores con posturas opuestas y hasta podría decirse que en los círculos en que se concentra el poder, hay un interés explícito en evitarlos. De modo que tampoco hay ámbitos que pudieran servir de cajas de resonancia para promover la discusión y la búsqueda de soluciones. (Observadores extranjeros han señalado que una característica de la sociedad uruguaya es eludir los temas que provocan confrontación y depositarlos en la «papelera de reciclaje», con lo que cuestiones importantes pueden resultar postergadas durante mucho tiempo).»
Para nosotras, activistas en el campo de los derechos sexuales y reproductivos de la población y de las mujeres en particular, los DDSS y los DDRR son un asunto de DERECHOS HUMANOS. Esto implica su defensa y promoción como materia prima para un desarrollo sustentable y con equidad, y para garantizar procesos de construcción de ciudadanías más plenas. Se trata de desarrollar un proceso de cambio social y transformación dirigido a hacer que las relaciones de poder en la sociedad sean más democráticas. Y se trata de que las decisiones públicas no se diriman sobre los cuerpos de las mujeres, afectando su salud y sus vidas.
