Por Adriana Orlando Páez
En nuestro país, el Consejo de Ministros le dio el visto bueno a un proyecto de ley contra la violencia de género que fue enviado al Parlamento conjuntamente con la firma del Presidente de la República. En líneas generales dicho proyecto establece protección integral a las víctimas de violencia basada en género, define los derechos de las víctimas, así como también políticas públicas, respuestas judiciales y reparación del daño, el objetivo fundamental es poder garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género. Basado esto en que la violencia contra las mujeres es una violación contra los derechos humanos y las libertades fundamentales, es una ofensa a la dignidad humana, es la clara manifestación de las desigualdad de poder existente entre hombres y mujeres, que además atraviesa impunemente todos los sectores de la sociedad y que su eliminación es un requisito indispensable para el pleno desarrollo de las mujeres y en consecuencia de la sociedad en su conjunto.
En los últimos años el panorama uruguayo con respecto a la violencia de género es realmente alarmante. Según informa el Observatorio de Género de CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en el año 2012 Uruguay es uno de lo países con más muertes de mujeres ocasionada por su pareja o expareja, en relación a la cantidad de habitantes. Por otro lado la primera Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones realizada en el año 2013, muestra que 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años manifestaron haber vivido alguna situación de violencia de género, lo que en términos absolutos serían 700.000 mujeres. De este total una de cada tres (34,2%) declaró haber vivido situación alguna de violencia en su infancia. En el año 2014, el INAU atendió a 1.728 casos de maltrato y de abuso sexual. En los últimos diez meses del año 2015 se realizaron 85 denuncias cada día, una cada 17 minutos, pero a su vez cada once días fue asesinada o fue víctima de un intento de asesinato una mujer por violencia de género, según el Ministerio del Interior. En el marco de esta realidad social es que surge este nuevo Proyecto de ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género.
Contenido del nuevo proyecto
La actual Ley 17.514 de Violencia Doméstica, se mantendrá vigente, pero quedarían derogados los artículos desde el 24 hasta el 29. Se mantendrá vigente respecto de la población no comprendida en la nueva ley para evitar la carencia en materia de legislación especial para algunas poblaciones vulnerables como los niños y adolescentes, personas trans, gay, adultos mayores, adultos con discapacidad. Además este nuevo proyecto crea con competencia nacional, al Consejo Nacional por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres que sustituye al Consejo Nacional Consultivo de Lucha Contra la Violencia Doméstica creado por la ley vigente.
Este nuevo proyecto está integrado por siete Capítulos compuesto por poco más de cien artículos, es más abarcativo, más exhaustivo y se entiende que brinda una mayor respuesta a lo demandado por la sociedad en su conjunto, haciendo énfasis en el respeto a los derechos humanos y la dignificación de mujeres y varones.
Realiza un desglose de las diversas Formas de Violencia: la violencia física, psicológica o emocional, sexual, violencia por perjuicio hacia la orientación sexual, identidad de género o expresión de género, violencia económica, patrimonial, violencia simbólica, obstétrica, laboral, violencia en el ámbito educativo, acoso sexual callejero, violencia política, violencia mediática y violencia femicida.
El Estado se responsabiliza más, asume el compromiso mediante lineamientos de políticas públicas en lo que refiere a cultura, trabajo, educación, salud, vivienda, desarrollo social y turismo, como mecanismo de respuesta integral a nivel interinstitucional. Resalta la importancia de la confidencialidad y los derechos de las víctimas de no seguir siendo victimizadas, por tanto se crearían juzgados multimateria en todo el territorio nacional, procesos de protección que generen una mejor respuesta a nivel judicial y además propone normas para incorporar al Código Penal, como la tan discutida figura del femicidio. Crea Comisiones Departamentales por una Vida libre de Violencia de Género hacia las Mujeres.
Se reconoce la importancia, la necesidad de registros administrativos para poder monitorear, recolectar, producir, registrar y sistematizar en forma permanente y unificada, creando el Observatorio sobre la Violencia Basada en Género hacia las Mujeres. Cabe destacar que para la creación de este proyecto Uruguay no trabajo sólo contó con el apoyo y asesoramiento de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, así como también la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. Desde el marco nacional se destacaron invaluables aportes de la Sociedad Civil, particularmente las organizaciones de mujeres y feministas.
Una de las principales críticas que se le señala al proyecto es el hecho de tipificar al femicidio como un delito independiente, “ataca al principio de igualdad” que poseen todas las personas ante la ley, de esta forma se estaría legislando para un grupo determinado. Diversos juristas sostienen que con la ley actual se puede juzgar, que lo más justo sería no tipificarlo como un delito en sí sino que agregar un agravante por razones de género. Entonces cabe preguntarnos ¿somos todos realmente iguales ante la ley? Considero que no, y el motivo parte de la diferencia mutua que existe entre hombres y mujeres, que emerge como diferencia entre las mujeres respecto de los hombres cuando éstos tomaron el poder y se instituyeron en el modelo de lo humano. Desde este inicio que se remonta a miles de años, la diferencia sexual ha significado inevitablemente desigualdad legal en perjuicio de las mujeres. Muchas veces se tiene la percepción que en determinadas familias tanto el padre como la madre comparten cuotas iguales de poder, pero si analizamos la familia en el contexto cultural, legal y político, ¿quién es socialmente más valorado, quien a nivel político, legal y cultural tiene más y mejores posibilidades?
Con este nuevo proyecto considero que se ha avanzado mucho desde el punto de vista de la visualización de las diferencias de género, que son reales y que se encuentran en los múltiples espacios de la vida, tanto en lo privado como en lo público. Si bien nos queda mucho camino por recorrer es un muy buen comienzo, no olvidemos que las mujeres hemos sido educadas bajo las reglas de juego del patriarcado como modelo a seguir, que el patriarcado existe no sólo por los hombre sino también por aquellas mujeres que lo han aceptado como lo socialmente correcto y lo han reproducido de generación en generación. Por tanto se ha alcanzado una mayor sensibilización a nivel social, comprometiendo al Estado para avanzar hacia un cambio cultural que permita erradicar las desigualdades de género.
