Este artículo fue publicado en la revista Cotidiano Mujer Nº35, en 2001. Puede encontrar todas las revistas aquí y los posteriores cuadernos aquí.
Line Bareiro
En realidad nunca vi una plantación de berenjenas, pero creo que es una maraña intrincada, tan confusa como la situación en la que vivimos las mujeres latinoamericanas. Pareciera ser que nunca avanzamos, pero ahí están las compañeras del movimiento de mujeres, haciendo caminos en medio de tantas dificultades, para demostrar lo contrario.
En los últimos tiempos desde los diferentes países se están presentando ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, casos de mujeres cuyos derechos fueron violados por los Estados de nuestra región. Estamos por fin usando los mecanismos abiertos con tanta dificultad.
Una vieja militancia
Durante muchos años los derechos humanos ocuparon gran parte de nuestro día. Para muchas de nosotras, fue una forma de lucha contra las dictaduras que padecimos. Íbamos a visitar presos y presas políticas, a pedir, reclamar, rogar por su libertad o que nos permitiesen verlas, o por lo menos que nos indicasen en dónde estaban, o a llevarles comida y hablar con quienes tenían acceso a lejanos comités y comisiones que quedaban en algún país del primer mundo.
Los casos denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se referían a violaciones como la desaparición forzosa, la tortura, los apresamientos arbitrarios, la complicidad del Poder Judicial con esas violaciones realizadas generalmente desde los Estados. En cada país, grupos de derechos humanos aprendieron a preparar informes para las visitas de la Comisión a nuestros países, o a documentar casos de ese tipo de violaciones. Lejos estábamos de pensar en incluir en esos informes la violencia doméstica, las esterilizaciones forzosas de mujeres, la discriminatoria legislación sobre el adulterio o el trato que las mujeres recibían de las autoridades, incluyendo las judiciales, cuando denunciaban una violación sexual, su discriminación laboral, o el acoso sexual.
Entre tanto, muchas veces en dictadura o en plena guerra civil, todos los países latinoamericanos y del Caribe hispano fueron ratificando la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, conocida internacionalmente por sus siglas en inglés, CEDAW. Pero esa ratificación sólo en algunos casos obedeció a presiones por parte del movimiento feminista y amplio de mujeres. Eran pocas las compañeras feministas latinoamericanas que sabían a mediados de los años 80, que esa Convención es uno de los grandes instrumentos de derechos humanos.
Pero pronto hubo una apropiación de la CEDAW por parte de las organizaciones de mujeres y en muchos casos sirvió de paradigma y fundamento para propuestas de ley que eliminasen la discriminación y consagraran la igualdad. Junto con las «Estrategias de Nairobi» fue la base argumentativa para la creación de instituciones con la función de desarrollar políticas públicas para la equidad e igualdad entre mujeres y hombres.
En algunos países las mujeres presionaron para que se presentara el informe exigido por la Convención un año después de su ratificación, en otros no fue un punto de agenda y hasta hoy hay países con activos movimientos de mujeres como Brasil y Costa Rica que nunca presentaron siquiera el primer informe al Comité de la CEDAW, conocido por las mismas siglas que la convención pero con artículo masculino.
Una nueva lucha
La OEA aprobó en 1969 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, que entró en vigor en 1978. Es el principal instrumento del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y al ratificarlo, nuestros países aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son los órganos del sistema.
Nada prohibía llevar ante la Comisión un caso de violencia doméstica que no hubiera encontrado justicia en su país, como violación del Derecho a la Integridad Personal (artículo 5), pero nos faltaban aún dos décadas para comenzar con la relectura, desde las mujeres, de los instrumentos de derechos humanos.
Por eso, y porque por primera vez se incorporan tanto derechos en el ámbito público como en el privado, porque muestra que el Estado es responsable de garantizar los derechos humanos aún cuando no sea actor directo de la violación y porque determina la necesidad de tomar acciones positivas contra la discriminación, es tan importante la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW). Notablemente, ningún artículo trata el tema de la violencia, aunque posteriormente las integrantes del Comité aclararon que la violencia es una forma de discriminación, más aún, que es la peor forma de discriminación.
Convención específica para las mujeres. No era suficiente. En 1993 las organizaciones de mujeres pelearon en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena y consiguieron que se incluyera que «Los derechos humanos de la mujer y la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales.»
En la década de los 90 (del siglo pasado) se eliminaron casi todas las leyes discriminatorias y se consagraron derechos específicos. Pero ¿cómo usar lo que habíamos conquistado? ¿Cómo acceder a la justicia?
Participar para que las mujeres accedan a la justicia
Todas las personas sabemos que si alguien tiene un derecho también tiene responsabilidades y que también alguien, y en última instancia las instituciones del Estado, son responsables de crear las condiciones y generar los mecanismos para que se cumplan los derechos de cada persona. Pero ¿qué condiciones tenemos para proteger nuestros derechos humanos? ¿Cómo estamos contribuyendo para que todas las mujeres tengan todos los derechos, o que por lo menos tengan acceso a la administración de justicia?
Bien conocemos la experiencia de asesoría legal gratuita que en cada país de la región desarrollan algunas organizaciones del movimiento de mujeres. A veces no pasa de gestiones en la policía y a veces se trata de complejos casos ante el Poder Judicial. Todas las ONG que ofrecen ese tipo de servicio están abarrotadas de trabajo.
En realidad, es muy difícil garantizar a las víctimas el acceso a la justicia. Es decir, que puedan defender judicialmente los derechos que ellas consideran lesionados. Los Estados tienen mecanismos como la defensa pública para que las personas acusadas de delitos, que no cuentan con recursos, tengan un abogado/a defensor/a. De esa manera los Estados cumplen con las disposiciones de que toda persona tiene derecho a la defensa y al debido proceso. Pero lo que no existe es la defensa estatal de la víctima.
Los grupos de derechos humanos en gran medida se dedicaron a defender a las víctimas acusando a los Estados. No se trata, en esos casos, solamente de contar o no con medios económicos para defenderse, sino de tener la calificación y valentía suficientes para llevar un caso contra altos funcionarios gubernamentales y además, tener una trayectoria que permitiese que la gente tuviera confianza de que su abogado/a no sería comprado/a o atemorizado/a.
Los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, ya sea regional o universal, están ahí, podemos usarlos, si no encontramos justicia en nuestros países. Es claro que las mujeres tenemos el derecho a demandar a nuestros Estados ante el Sistema Interamericano desde la Convención Americana y no solamente desde Belem do Pará ¿porqué no lo hemos hecho antes?
La respuesta no es «porque siempre encontramos justicia» y tampoco querría quedarme esta vez en la subjetividad de que no nos consideramos ciudadanas, porque verdaderamente la experiencia ha demostrado que apenas se abre una oficinita con profesionales calificados y las mujeres acuden masivamente para ser defendidas. Creo que hay dos problemas principales. El primero es el dinero. Realmente es muy costoso llevar adelante un caso que debe ser defendido internacionalmente. El segundo es la formación, o mejor dicho, la falta de formación de nuestras profesionales en cuanto a procedimientos, a los contenidos del sistema regional de protección de derechos humanos y a lo que implica documentar un caso.
Es por eso que tienen gran validez iniciativas del movimiento interamericano de derechos humanos como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que es una ONG especializada en la presentación de casos ante la Comisión y de defenderlos ante la Corte. En el movimiento de mujeres es indudable que el liderazgo en la conquista y protección de derechos humanos la tiene el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (CLADEM). Las compañeras de esta organización visualizaron ya cuando Beijing, la importancia de la formación de abogadas feministas para la presentación de casos. Ellas le propusieron al Instituto Interamericano de Derechos Humanos la realización de un curso conjunto de formación.
El proceso de formación
El IIDH es una institución académica, creada en 1980 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos primeros jueces consideraron que mal podrían impartir justicia si no se contaba con una instancia que investigara, educara y asesorara sobre el Sistema Interamericano de protección de derechos humanos. Para el IIDH los derechos humanos de las mujeres son una prioridad y trata de incorporar la perspectiva de equidad de género a todas sus actividades y proyectos.
La propuesta de CLADEM, por lo tanto, cayó en tierra fértil y así se llevó a cabo en San José, en 1996, el I Curso Taller sobre Protección Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres. Durante una semana participaron en él abogadas de toda la región. La experiencia fue muy bien evaluada, pero evidentemente debía continuarse trabajando.
Tres años después, el IIDH emprende un II Curso de Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres, esta vez conjuntamente con CEJIL. Se trata de una estrategia pedagógica que permita un proceso que lleve a la presentación de casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es destinatario del esfuerzo, una vez más, el movimiento de mujeres de América Latina y el Caribe.
Como la primera vez, las treinta abogadas participantes, trabajan durante una semana en San José en 1999. La docente principal es Cecilia Medina, jurista chilena integrante y ex presidenta del Comité de Derechos Humanos de la ONU. En esta fase, las abogadas se acercan a los sistemas de protección, a los procedimientos y a los contenidos.
Pero lo más interesante consistió en la asesoría y seguimiento dado durante todo un año por las dos instituciones y Cecilia Medina, de manera de poder terminar el proceso con casos bien documentados, factibles de presentación ante la Comisión y/o con informes sobre situaciones específicas, que cumpliesen con los requisitos mínimos para que pudiesen ser utilizados por los órganos de protección.
En noviembre de 2000 las alumnas del curso presentaron sus resultados ante un Tribunal Académico y un Comité Receptor de Informes, ambos integrados por cuatro juristas especialistas en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, perspectiva de equidad de género y Derecho Interno. Poco después de terminar el curso se presentan tres casos ante la Comisión Interamericana, uno de Bolivia, otro de Perú y un tercero de Colombia.
Lo mejor de todo es que sin ninguna participación de las instituciones promotoras del proceso educativo, organizaciones de mujeres de Chile y Brasil también presentaron casos ante la Comisión en el 2001. Así es posible que en poco tiempo más, por fin comencemos a tener jurisprudencia interamericana en cuanto a violaciones de los derechos humanos de las mujeres.
La pelota está en la cancha
Aunque ese interesante proceso aún no concluyó, pues las alumnas están concursando para una pasantía de tres meses en CEJIL Washington (que cuatro de ellas realizarán este año) la responsabilidad futura no es ya solamente de las organizaciones promotoras del proceso como el IIDH, CEJIL y CLADEM, sino del movimiento de mujeres.
Sería estupendo que el trabajo de tanta gente en una campaña conjunta por las CAUSAS ABIERTAS sirva para que cada organización haga suya la causa que presentó una compañera de otro país, que nos enteremos de lo que va pasando y que en todo el Sistema Interamericano se sienta la energía del movimiento, la vitalidad de la sociedad, la solidaridad entre mujeres.
