Setiembre 2016 – En la jornada del 27 de setiembre, participamos del lanzamiento Regional de las “Directrices para la observación de manifestaciones y protestas sociales” a cargo de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo del Uruguay (INDDHH).
La actividad se desarrolló en el Centro Cultural de España en Montevideo y contó con la presencia de miembros de las Instituciones Nacionales de DDHH y Defensorías del Pueblo de Argentina, Ecuador, Chile y Uruguay, como también del Representante Regional de la oficina de ACNUDH, Amerigo Incalcaterra.
El documento con las Directrices, en su versión avanzada pero no editada, se encuentra a la espera de que distintos organismos públicos e interlocutores del ámbito de los Derechos Humanos le realicen aportes. Son 22 los instrumentos de Derecho que han sido analizados para su elaboración.
En ocasión del abordaje de las manifestaciones y protestas sociales en cada país, la representante de Argentina comentó que desde la Defensoría “…se hacen recomendaciones al Poder Ejecutivo, haciendo hincapié en que el derecho a las manifestaciones sea considerado como tal y no como un privilegio, son siempre situaciones de Democracia que encierran reclamos y avances en Derechos”.
El representante de Ecuador, recordó que las manifestaciones son y serán parte de la Humanidad y la forma de procesarlas es el desafío. El rol del Ombudsman, es el de observar a cualquiera de las partes, de protección inmediata en casos de arbitrariedad -recurriendo a figuras como Habeas Corpus-, de imparcialidad. El reto para estas instituciones es ser reconocidos como autoridad ética.
“Las manifestaciones no son formas de anarquía o desgobierno. Es una salida no institucional pero en un marco democrático” afirmó el Defensor de Chile. Las manifestaciones han cambiado sus formas y los Estados la manera de afrontarlas. A veces, las manifestaciones terminan pero las detenciones pueden devenir en tortura, por eso el seguimiento es necesario.
Por la Institución de Derechos Humanos de Uruguay intervino Juan Faroppa, quien enfatizó sobre la rica aunque también triste historia de movilizaciones sociales de Uruguay. Recordó, a raíz del caso de ocupación en el Edificio de CODICEN en el año 2015, que la intervención Policial debe ser siempre el último recurso, nunca el primero y menos aún el único.
En una jornada, donde también se hicieron presentes integrantes de sociedad civil, representantes del Instituto del Niño y del Adolescente, autoridades de la Policía Nacional como de la Guardia Republicana, entre otros actores se saludó por parte de la INDDHH la existencia de las Directrices como avance y también desafío para el abordaje de las manifestaciones y protestas en Uruguay.
