Comunicado
Cotidiano Mujer, como organización promotora de derechos de las mujeres, hace años que trabaja en la promoción de derechos de las trabajadoras domésticas. En 2011 inició una actividad específica con trabajadoras migrantes que se reúnen mensualmente con el objetivo crear un espacio de empoderamiento, reconocimiento y defensa de sus derechos fundamentales.
En ese marco hemos documentado diferentes situaciones de vulneración de derechos que experimentan decenas de mujeres migrantes en nuestro país. En los últimos meses se detectó un patrón de comportamiento en perjuicio de mujeres bolivianas que vienen a Uruguay para desempeñarse como trabajadoras domesticas. En concreto, nos resultó alarmante la situación de explotación laboral en la que se encuentran trabajadoras domésticas que realizan su trabajo en una residencia en Carrasco.
Con fundamento en la Ley 18.065 formulamos la denuncia ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y esa casa fue objeto de inspección. Por negativa a portar los datos correspondientes, el 2 de agosto, en amparo a esta ley se realizó el primer allanamiento. Los propietarios de la casa en cuestión son Natalia Manhard y Javier Fernández, vinculados a empresas de significativa relevancia en el país como Chic Parisien y Fripur, en cuya casa y las de sus padres se registra una permanente rotación de las trabajadoras domesticas bolivianas. De hecho, en el transcurso de 1 año pasaron al menos 10 trabajadoras.
Las condiciones laborales a las que son sometidas estas trabajadoras implican la vulneración de derechos básicos garantizados en nuestro Estado democrático. Son mujeres que trabajan “cama adentro” y que deben estar al servicio de sus empleadores tiempo completo. Su horario varía entre 12 y 13 horas diarias y el descanso intermedio es una decisión discrecional de la empleadora.
Si bien la decisión de migrar es un derecho humano fundamental, en el caso puntual del que estamos hablando, las mujeres bolivianas son traídas a Uruguay con una promesa de trabajo y su condición migratoria “irregular” es un pretexto para vulnerar sus derechos, derechos reconocidos y protegidos constitucionalmente. Saludamos las acciones emprendidas por la Inspección de Trabajo, y consideramos imprescindible que estos hechos no queden impunes.
Llamamos a toda la ciudadanía a expresar su indignación y repudio a estas prácticas vejatorias de la dignidad humana y los derechos fundamentales.
