«Penalizar el aborto no resulta eficaz para disminuir su incidencia y es socialmente injusto. Castiga a las más vulnerables», así lo expresó el Dr. Aníbal Faúndes, médico ginecólogo y obstetra chileno, de relevancia internacional en el diseño e implementación de programas para la salud de la mujer, planificación familiar y reproducción humana.
Sus declaraciones tuvieron lugar en el debate Hacia una nueva Legislación sobre Aborto, realizado en el Congreso de la Nación ayer martes 24 de agosto. El especialista fue invitado por La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, articulación de más de 280 organizaciones sociales que presentó, el 16 de marzo de 2010, un proyecto de Ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo que cuenta ya con el aval de 47 diputadas/os de diferentes partidos. Esta acción se suma a las ya realizadas y a otras futuras tendientes a poner el tema en la agenda legislativa. En ese contexto, el Dr. Aníbal Faúndes, afirmó que «continuar criminalizando el aborto, es la manera más segura de contribuir a la mortalidad materna, ya de por sí elevada en muchos países de Latinoamérica, entre ellos Argentina y mantener a la vez una situación de profunda injusticia social.»
Ante un nutrido auditorio, en el que confluyeron, legisladoras, profesionales de la salud, investigadores/as, activistas, prensa y público en general, Faúndes explicó por qué es imperioso contar con una legislación que no castigue esta práctica médica y la condene a la clandestinidad. «De hecho, sostuvo, la restricción existente, no ha servido para disminuir la cantidad de abortos ilegales y los daños consecuentes en la salud de la mujer». Para refrendar esta afirmación comparó la tasa de abortos, por cada mil mujeres en edad fértil, en países que sí lo permiten como Holanda (6.5), Bélgica (6.8) y Alemania (7.6), contra tres situaciones restrictivas en Latinoamérica, Colombia (36.3), Venezuela (40.8) y Chile (50). Ejemplificó también con la situación vivida en Europa Oriental. Antes de 1988, relata Faúndes, la tasa de abortos en Rusia, Rumania y Vietnam era escalofriante. 68.4; 78 y 83, respectivamente. «Era más fácil en esos países hacerse un aborto, que conseguir un anticonceptivo. La situación varió, drásticamente, en los 10 años siguientes, en que se facilitó el acceso a los métodos de contracepción. Un crecimiento de un 78% del uso de los mismos, determinó una baja del 53 % en el número de abortos».
La penalización también tiene dos consecuencias negativas a considerar que están directamente relacionadas y marcan el nivel de injusticia social en que se sume a buena parte de la población. «Sólo acceden a prácticas médicas seguras, aquellas mujeres que pueden pagarlas. De esta manera, la mujer de bajos recursos no tiene a su alcance métodos anticonceptivos, y está expuesta a tratamientos riesgosos de interrupción del embarazo. Si el aborto fuera legal se reducirían drásticamente los daños graves y fallecimientos frecuentes que derivan de esta situación, y se la podría asesorar para que no repita la situación». Faúndes graficó esto con números. Mientras que en América Latina y África la tasa de aborto inseguro es 29 por cada 1000 mujeres fértiles, en Europa Oriental, donde no está penado, es 6 y en Asia, 11. «Esto determina que el aborto inducido deba ser encarado como una problemática de la salud pública. Entre el 13 y el 30% de las muertes maternas en Latinoamérica, son causadas por abortos inseguros».
Faúndes explicó que en muchas ocasiones las mujeres se embarazan por causas que ellas no pueden manejar. «Violaciones, falla de los métodos anticonceptivos, desinformación, razones económicas, etc. Y mientras ellas son penalizadas, procesadas y hasta enviadas a prisión, por la interrupción del embarazo, los hombres necesariamente implicados, no tienen castigo en la mayoría de los casos, tampoco exponen su salud a situaciones riesgosas, ni son excomulgados».
Si resulta tan evidente que la criminalización no es eficaz para reducir el número de abortos y, a la vez, es injusta porque perjudica gravemente a las más vulnerables, por qué resulta tan difícil modificar la ley, se pregunta Faúndes. Están los que sostienen razones morales y filosóficas. Y los que creen que legalizarlo aumentaría el número de abortos. «En Francia, que lo legalizó en 1975, la cantidad bajó más de 30% en 20 años. En Italia la disminución alcanzó el 50% en el mismo período». La conclusión, entonces, guarda una estrecha relación con la falta de poder político de las mujeres más pobres. «Si los hombres fueran los que abortaran, en esta sociedad patriarcal, la disputa hubiera sido resuelta hace mucho tiempo. Hoy un hombre puede abortar con la frase «No es mío», eso le basta. Los que tienen poder para modificar la situación, no padecen las consecuencias de no hacerlo».
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que representa a casi 300 ONGs de todo el país, sostuvieron como conclusión del evento que «Para todas las mujeres, legalizar el aborto es una situación de justicia e igualdad, pero para algunas, se trata de una cuestión de vida o muerte».
Preguntas y respuestas
El Dr. Aníbal Faúndes contestó inquietudes de los asistentes:
¿No cree que la legislación restrictiva es un mecanismo de control de la sexualidad de las mujeres?
Recuerdo a mi compañero José Barzelatto, con quién escribimos el libro «El drama del aborto» que señalaba que fundamentalmente la penalización del aborto apunta a controlar la sexualidad de las mujeres, más que a proteger la vida del feto.
¿Es correcto que el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo ponga el límite para el aborto en las 12 semanas de gestación?
Cualquier límite es arbitrario, pero hasta la semana 12 está científicamente comprobado que no hay actividad nerviosa en el feto. Asimismo, hasta ese período el riesgo para la mujer es mucho menor.
¿Hay que autorizar la práctica luego de ese período?
Debe ser posible en cualquier edad gestacional. Hay situaciones en que se supera el plazo de 12 semanas. Violaciones a menores y niños que demoran en reconocerse y declarar. Intervenciones de la justicia que prorrogan las definiciones. Riesgos para la salud de la madres y malformaciones incompatibles con la vida, detectadas posteriormente. Son eventualidades en que se debe atender.
¿Qué opina del aborto medicamentoso?
El misoprostol, la droga que se utiliza en estos casos, en forma de comprimidos vaginales, ha significado una revolución positiva en la atención del tema. En 2009, en Uruguay, no hubo ninguna muerte materna por aborto, gracias al uso de este fármaco. Aumenta el acceso al aborto seguro. Casi no hay riesgos documentados si se utiliza hasta la semana número 12 y puede realizarse de manera domiciliaria. Baja, radicalmente, los costos del sistema de salud y resuelve el problema que expresan aún muchos médicos de la objeción de conciencia. Es la misma paciente la que se coloca estas pastillas.
¿Está de acuerdo con la anticoncepción de emergencia?
Totalmente. Es una herramienta más para evitar el embarazo no deseado y bajar el número de abortos y sus riesgos. Pero no son la panacea, ni se recomiendan para uso frecuente. No protege de enfermedades de transmisión sexual y su uso abusivo genera complicaciones en el ciclo menstrual.
¿Cuál es la relación de costos entre la atención de un aborto en el sistema de salud y la de las complicaciones de un aborto clandestino inseguro?
La diferencia es de 1 a 100.
