El proceso de reivindicación de los derechos fundamentales iniciado en meses pasados tras la denuncia ante la Inspección General del Trabajo, el posterior allanamiento y la denuncia interpuesta ante el Juez de Crimen Organizado continúan su camino.
Si bien en el ámbito penal, desde el 7 de agosto pasado, por la “naturaleza” del procedimiento la única notificación que tuvimos sobre el tema fue la noticia de “El Observador” del 31 de octubre, en la cual se notificaba que la familia había sido indagada y que el expediente había sido trasladado al fiscal para su estudio.
En el plano laboral se inicio el procedimiento y, al no llegarse a una conciliación, se continuará con el juicio laboral, a fin de que puedan saldarse los montos adeudados por el incumplimiento de los empleadores en virtud de la relación laboral existente.
En paralelo a estos hechos, el vínculo con las mujeres bolivianas involucradas en el caso ha continuado, se insertaron nuevamente en el ámbito laboral y continúan su camino de manera autónoma.
