Proyecto de nueva Ley de Medios: Coalición por una Comunicación Democrática alerta sobre riesgo de retroceso en derechos, concentración, transparencia, participación ciudadana y producción nacional.
El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que apunta a sustituir la ley 19.307 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Las organizaciones de la sociedad civil y la academia agrupadas en la Coalición por una Comunicación Democrática vemos con preocupación esta iniciativa. En primer lugar porque propone derogar la Ley 19307, aprobada en 2014 tras un largo debate técnico, social y parlamentario, en el que participamos activamente. En sus cinco años de vigencia esta ley, que es coherente con los estándares de los organismos internacionales de referencia, no generó ninguna mordaza contra el periodismo ni afectó la libertad de expresión. Tampoco se trata de una ley inconstitucional, como se ha insistido en decir: de sus 202 artículos solo ocho fueran declarados total o parcialmente inconstitucionales1.
El proyecto presentado el pasado 24 de abril por el Poder Ejecutivo entendemos se orienta hacia un retroceso en derechos consagrados en la ley 19.307. Por ejemplo, se elimina el artículo que establece el derecho a la no discriminación y muchas de las disposiciones que protegen a la infancia y adolescencia. También se quita el artículo que establece la objeción de conciencia de los y las periodistas, que habilita a negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento. Además, se elimina el papel de defensoría del público asignado a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
El texto propuesto por el gobierno puede favorecer la concentración de medios de comunicación al elevar de tres a ocho servicios de radio o televisión el límite que una persona física o jurídica puede acumular. Esta disposición, de aprobarse, tiende a beneficiar a los empresas y grupos económicos mayores del sector y afectará a los medios locales pequeños, pudiendo disminuir el pluralismo y la diversidad del sistema mediático del país.
El proyecto afecta también los procedimiento orientados a la transparencia y la participación ciudadana. Se eliminan las audiencias públicas y la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca), que permite la participación de la sociedad civil y la obligación de consultarla sobre los pliegos y procedimientos para el otorgamiento de autorizaciones y licencias. Lo mismo pasa con la Comisión Honoraria Asesora del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional.
La iniciativa también afectará a la producción audiovisual nacional ya que se elimina el Fondo de Promoción a ese sector financiado por el pago de licencias y uso de espectro radioeléctrico.
Por estas razones las organizaciones de la sociedad civil y la academia integrantes de la Coalición por una Comunicación Democrática entendemos que estamos ante un proyecto regresivo y solicitarán al Poder Legislativo ser recibidas para exponer estas preocupaciones y advertir sobre la profundidad e impacto de los cambios planteados.
12 de mayo de 2020
Coalición por una Comunicación Democrática
Asociación de la Prensa Uruguaya (APU)
Asociación de Productores y Realizadores del Uruguay (ASOPROD) Atabaque
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo)
Cotidiano Mujer
Facultad de Información y Comunicación (Universidad de la República) Mujer y Salud en Uruguay (MYSU)
Ovejas Negras
Sociedad Uruguaya de Actores Agencia VozyVos
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1 La SCJ declaró inconstitucional el tercer inciso del artículo 39, el primer inciso del artículo 55, el artículo 56, el literal C del artículo 60, el segundo inciso del artículo 98, el cuarto inciso del 117, el 143 y el segundo inciso del 149.
