«No sabía que era menor». Rechazamos fallo sobre caso de explotación sexual

FISCALÍA LETRADA NACIONAL EN LO PENAL DE PRIMER TURNO.

Dra. Adriana Úmpierrez

De nuestra mayor consideración.

Las abajo firmantes, representantes de organizaciones de la sociedad civil, nos dirigimos a usted con el objetivo de manifestarle la profunda preocupación que nos ha generado el reciente fallo judicial del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno que revoca el procesamiento del empresario imputado por la comisión del delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que cometan actos de naturaleza sexual, ocurrido en el Departamento de Cerro Largo.

Entendemos y compartimos que el ejercicio profesional de los/as funcionarios/as públicos/as que se desempeñan en las distintas fiscalías gozan de independencia técnica, tal como lo prevé el Artículo 2 de la Ley N° 15.365, pero también reafirmamos y resaltamos el rol fundamental que las organizaciones de la sociedad civil desempeñamos, como derecho y deber, en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. La explotación sexual es una de las más graves violaciones a los derechos humanos e implica la utilización de menores de edad en actos de naturaleza sexual a cambio de una contraprestación, usualmente económica. Resulta fundamental destacar que la aceptación por parte del niño o la niña de esta transacción resulta irrelevante, tal como lo establecen las principales normas internacionales.

Volvemos a recordar que las adolescentes sometidas a explotación sexual son víctimas de este tipo de delito y dadas las condiciones de desventaja y la violencia a las que se las somete, tanto física como psíquicamente, las adolescentes víctimas no son responsables en ninguna medida. La utilización de su historia sexual como forma de justificación o atenuación de la responsabilidad de los perpetradores es un nuevo delito contra su persona y es considerada prueba ilícita según los estándares internacionales1.

El único responsable del delito que nos ocupa es el perpetrador, y bajo ningún concepto debería permanecer impune quien realizó retribuciones en dinero y en especie, a una adolescente para mantener relaciones sexuales con ella. En tal sentido, rechazamos enfáticamente el reciente fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno que revocó el procesamiento del empresario imputado de pagar a una adolescente para mantener relaciones sexuales con ella.

El Estado Uruguayo tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar este tipo de delitos, conforme corresponde con el principio y deber de debida diligencia en los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que ha ratificado entre ellos: Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Recomendación General 19 del Comité CEDAW; La Convención de Belem do Pará, el protocolo de Palermo, entre otros. El acceso a la justicia constituye un derecho humano básico, y es requisito sine qua non de un Estado de Derecho.

Por este motivo estamos solicitando al Ministerio Público y Fiscal que en su calidad de representante de la causa pública agote todos los recursos procesales disponibles en el caso de marras, interponiendo el recurso de casación con el objetivo de que se revoque la sentencia de segunda instancia y se sancione acorde a derecho.

 

AGENCIA VOZ Y VOS
AIRE.UY
AMNISTÍA INTERNACIONAL – URUGUAY
S.A.I. PROGRAMA ARCOIRIS
CAINFO
CENTRO INTERISCIPLINARIO CAMINOS
CIRE – CIUDADANÍAS EN RED
CLADEM-URUGUAY
CNS MUJERES POR DEMOCRACIA EQUIDAD Y CIUDADANÍA
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COLECTIVA MUJERES
COTIDIANO MUJER
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EL ABROJO
EL PASO
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MUJERES DE VISTA LINDA
MUJERES DEL OBELISCO
MUJERES EN EL HORNO
MUJERES LAS PIEDRAS
OVEJAS NEGRAS
RED CANARIAS EN MOVIMIENTO
RED DE MUJERES AFROLATINOAMERICANAS, AFROCARIBEÑAS Y DE LA DIASPORA
RED URUGUAYA CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL
SERPAJ
SEXUR, INSTITUTO DE FORMACIÓN SEXOLÓGICA INTEGRAL


[1] Comunicado de prensa en relación a los hechos de notoriedad relacionados con la explotación sexual de adolescentes en Paysandú, setiembre de 2013.

 

Para saber más:

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