Llegamos tarde y mal: el Estado pone cada vez más en riesgo los derechos de niñas, niños y adolescentes

Compartimos comunicado de las organizaciones firmantes abajo, dos de las cuales integramos (ANONG y la Intersocial Feminista).

El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Instrumento internacional de derechos humanos, ratificado por nuestro país, que significó un cambio profundo de reconocimiento de los niños y niñas como sujeto de derechos y subrayó las obligaciones de los Estados de considerarlos como tales.  

Este 20 de noviembre, 32 años después, las organizaciones y colectivos de defensa de derechos humanos queremos resaltar que el Estado Uruguayo sigue en deuda con la prevención de todo tipo de violencia y la protección de las niñas y niños que la sufren.

El retorno a la presencialidad en centros educativos y de salud, que representan espacios fundamentales para la detección y pedido de ayuda, significó un preocupante aumento de casos reportados. Sólo en el primer semestre de 2021 se reportaron 3957 situaciones de violencia (negligencia, abuso sexual, maltrato físico, maltrato emocional, explotación sexual), según informa el SIPIAV.

Los informes continúan evidenciando que gran parte de las situaciones se identifican en su fase recurrente o crónica, síntoma de las grandes dificultades del sistema de protección para prevenir y atender a tiempo. Esto es aún más grave si tomamos en cuenta que estas cifras solo registran los casos en los que las víctimas pudieron pedir ayuda, por lo cual desconocemos la magnitud real del problema.

  • Los servicios institucionales están desbordados debido a que el Estado está desmantelando las herramientas para acompañar a las familias y canalizar en territorio las denuncias de violencia. 
  • Faltan servicios de atención accesibles en todo el territorio nacional y existen listas de espera de niños y niñas que necesitan medidas de protección y tratamientos urgentes.
  • El  sistema de justicia mantiene  grandes debilidades para el acceso efectivo a la justicia para las niñas y niños. Si bien las fiscalías especializadas en violencia doméstica, de género y sexual y la intervención de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía General de la Nación, han representado avances importantes en el área penal, el acceso es dispar en los distintos departamentos del país. 
  • El Código de la Niñez y la Adolescencia con la ley 19.747 y la ley 19.580 de Violencia basada en Género  constituyen un marco integral de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes  frente a la violencia, acorde con  los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, no se han destinado recursos  humanos, económicos e institucionales suficientes para su adecuada implementación, y persisten importantes carencias en la formación de los operadores y técnicos. 

Además, queremos alertar a la población sobre la existencia de proyectos de ley en el Parlamento Nacional, como el de Corresponsabilidad en la Crianza y Tenencia compartida, que desconocen la gravedad de la violencia contra las niñas y niños y sus consecuencias, y significan una amenaza a la seguridad e integridad física, psíquica y sexual de aquellos que han sufrido, están sufriendo y/o sufrirán situaciones de  violencia ya que limitan la adopción de medidas de protección, vulnerando el principio esencial de precaución. 

Entendemos urgente que el Estado asuma sus obligaciones asignando recursos e implementando políticas públicas para la prevención, protección, reparación del daño y acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes que viven situaciones de violencia; asegurando la persecución de delitos, sanción de los responsables, y atención integral para las víctimas. 

Exigimos que el Estado Uruguayo cumpla con los compromisos internacionales asumidos y garantice el respeto al interés superior de niñas, niños y adolescentes, su derecho a ser oídos y a ser protegidos de toda forma de violencia.

La protección de niñas, niños y adolescentes, así como la vigilancia de los incumplimientos y la denuncia de los problemas que afectan a nuestras infancias y adolescencias requiere el compromiso de todas y todos. 

Agradecemos la difusión pública de los problemas que sufren nuestras infancias y adolescencias, y el compromiso colectivo de buscar y exigir respuestas.

#InfanciasLibresDeViolencia
#UnaLeyInnecesaria que #DañaLaInfancia

Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (ANONG)
Comité de los Derechos del Niño/a del Uruguay (CDNU)
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
Red Pro Cuidados
Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS)
Intersocial Feminista

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