Actualmente hay una ausencia de estudios vinculados a la participación de las mujeres en cuestiones referidas a drogas ilícitas y su mercado, pero basta observar desde una perspectiva de género para ver las implicancias de su participación. Un reciente informe de la OEA[i] (Organización de Estados Americanos) y la CIM (Comisión Interamericana de Mujeres) sobre mujeres y drogas en las Américas devela algunas cuestiones generales respecto a dicha cuestión;
los perfiles de las mujeres que se vinculan al mercado de drogas ilegales coinciden en ser generalmente jóvenes, pobres, con poca escolaridad, madres solteras etc. factores que las convierten en una población extremadamente vulnerable; la participación de las mujeres en este mercado se desarrolla en los niveles más bajos de la cadena, siendo el ejemplo más claro el microtrafico; al ser sancionadas penalmente por estas actividades las consecuencias son de mayor impacto en las mujeres debido a que afectan más a su entorno (hijos, familiares dependientes); las penas que reciben resultan prolongadas y desproporcionadas si se compara con el narcotráfico a gran escala; en ellas recae una doble sanción, no solo por la ley sino por la sociedad que las estigmatiza por violar las normas sociales y de género.
El enfoque que ha guiado internacionalmente la lucha contra las drogas hace cincuenta años se ha basado en el prohibicionismo, en busca de la reducción de la oferta y la demanda de drogas ilícitas, no solo no ha logrado este objetivo sino que ha traído consecuencias sociales y económicas negativas.
Ante ello parece de urgencia un nuevo enfoque desde el cual enfrentar la lucha contra las drogas ilícitas y su mercado, ha surgido así un nuevo paradigma basado en los derechos humanos, la salud pública, la seguridad de los ciudadanos y el género. Uruguay se adhiere a este enfoque integral de las políticas sobre drogas [ii] priorizando cinco ejes: los derechos humanos, el género y la ciudadanía; la salud integral; la justicia y la convivencia; control, regulación del mercado y desarrollo alternativo; y la cooperación internacional. Bajo este paradigma se encuadra la aprobación de la Ley Nº 19.172 de la Marihuana y sus derivados la cual apunta a su control y regulación desde el Estado.
La Ley fue aprobada en la Cámara de Diputados el 31 de julio de 2013, con 50 votos a favor, y el 10 de diciembre de dicho año se aprobó en la Cámara de Senadores con 16 votos de los senadores del oficialismo.
Dicha Ley pretende proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante una política orientada a minimizar los riesgos y daños del uso del cannabis; promoviendo la información educación y prevención sobre las consecuencias y efectos vinculados a su consumo, así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los usuarios problemáticos de drogas. Las plantaciones o cultivos deberán ser autorizados previamente por el Instituto de Regulación y Control de Cannabis. La plantación, el cultivo y la cosecha domésticos de pantas de cannabis de efecto psicoactivo destinados para el consumo personal o compartido en el hogar pueden ser de hasta seis plantas y producto de esas plantas un máximo de 480 gramos anuales. Los clubes de cannabis deberán ser autorizados por el Poder Ejecutivo, deberán de tener un mínimo de quince y un máximo de 45 socios, podrán plantar hasta 99 plantas y obtener como producto de la recolección de la plantación un máximo de acopio anual proporcional al número de socios y conforme a la cantidad que se estableciere para el uso medicinal.
El sistema nacional de educación pública deberá disponer de políticas educativas para la promoción de la salud, la prevención del uso problemático de cannabis desde la perspectiva del desarrollo. Dichas políticas educativas comprenderán su inclusión curricular en educación primaria, educación secundaria y en educación técnico profesional.
El Instituto de Regulación y Control de Cannabis y Afines estableció que la marihuana tendrá un precio de entre 20 y 22 pesos por gramo, aproximadamente un dólar, que está pensado para cubrir tanto los costos de producción, las tasas y el beneficio del productor como para que el precio de venta este por debajo del de la marihuana ilegal.
