Evelin Muñoz
Con la llegada del nuevo siglo, la región experimentó un giro a la izquierda: un cambio de orientación política que marcó un precedente en el proceso de elaboración e implementación de políticas públicas, incorporando –entre otras innovaciones- políticas de género y diversidad. En 2008, once países dentro de la región latinoamericana eran gobernados por mandatarios pertenecientes a partidos de centroizquierda o izquierda (Stokes, 2009). Este cambio de orientación trajo consigo numerosos debates dentro de la academia y la política en torno a las características, las particularidades, los movimientos, las coaliciones, la agenda política y los procesos políticos que desarrollaron cada uno de estos países. Asimismo, y pese a que es posible identificar variantes en la matriz de bienestar que desarrolló cada país, en Uruguay, la llegada del Frente Amplio (FA) benefició la incorporación de áreas temáticas a la agenda política que hasta ahora habían sido postergadas.
En su primer gobierno (2005-2010), con la victoria de la coalición Encuentro Progresista- Nueva Mayoría-FA y el liderazgo del Dr. Tabaré Vázquez, el partido de gobierno diseñó un ambicioso programa para dar respuesta a la situación de emergencia económica y social, atender la situación de la pobreza y la vulnerabilidad social, con reformas que se consideran impactan favorablemente en el patrón redistributivo (Midaglia et al., 2013). En el segundo período de gobierno, esta vez bajo la figura del senador José Mujica, se diseñó un conjunto de reformas y programas destinados a revitalizar la importancia de una democracia formal, la libertad, la dignidad, la autonomía, el pluralismo y la participación – con políticas sensibles a temas etno-raciales, de género, y diversidad sexual-; áreas sobre las que siguió trabajando en el tercer período de gobierno frentista, el Dr. Tabaré Vázquez, bajo su segundo mandato 2015-2019.
Ciertamente, la traducción de problemas sociales en políticas públicas no es un proceso lineal o sencillo. Sabemos que en el camino se involucran diferentes actores (Estado, sociedad civil, instituciones internacionales como ONU Mujeres, convenciones internacionales como la CEDAW, entre otros), poderes y recursos. Un primer paso fundamental en este recorrido -aunque no suficiente- es la traducción de los problemas privados en públicos, es visibilizar las problemáticas que hasta entonces eran reservadas al ámbito privado o doméstico, como, por ejemplo, las numerosas formas de violencia que sufrimos las mujeres, la desigualdad en el acceso a múltiples ámbitos de poder, la discriminación, la violencia sobre los y las niño/as, entre tantas otras. Trasladar estos problemas a la esfera de lo público nos obliga a encontrar formas colectivas de solucionarlos, generar empatía y responsabilidades compartidas. Pero, como señalé más arriba, este primer paso no es suficiente: también es fundamental una coyuntura política que favorezca la atención a estas demandas (Villegas, 2015: 86). El FA en sus tres períodos de gobierno supo implementar una serie de programas y políticas para contener las demandas de sectores que hasta entonces estaban segregados; algunos fueron evaluados como exitosos -como la creación del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Plan de Equidad, el Plan Ceibal, los Centros Caif-, y otros sobre los cuales resta corregir aspectos para alcanzar mejores resultados. Entre estos extremos es posible ubicar las diferentes políticas de género y diversidad que se han propuesto.
Entre algunas de las políticas sobresalientes de los gobiernos del FA están la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, las políticas de la salud sexual y reproductiva de las mujeres (incluyendo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo), innovaciones educativas y abordajes específicos ante las violencias de género (con énfasis en la violencia doméstica).
El Instituto Nacional de las Mujeres fue creado en 2005 en la órbita del MIDES (Ley Nº 17.866, art. 6). Este organismo es la institución rectora de las políticas de género, responsable de la promoción, diseño, coordinación, articulación y ejecución de las políticas públicas desde la perspectiva de género, así como también de su seguimiento y evaluación. Es un espacio donde convergen distintas instituciones con el objetivo de diseñar políticas eficientes para el tratamiento y la reducción de la violencia y desigualdad de género, tales como el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica y el Consejo Nacional de Género. Entre algunas de las responsabilidades de esta institución podemos encontrar la profundización de la calidad democrática, la participación ciudadana y el diálogo Estado-Sociedad Civil, la transparencia y rendición de cuentas y la integralidad de las políticas públicas incluyendo múltiples variables sociales: la clase social, generación, etnia y raza, identidad sexual, discapacidad y lugar de residencia, entre otros, así como responsabilidad compartida de Estado-Sociedad Civil (InMujeres, 2019).
Se promovieron políticas de salud profundizando en el examen de factores multicausales relacionados con el estilo de vida, riesgos biológicos, conductas de salud, diferencias en la utilización de recursos. La conjugación de estos intereses con las demandas de la población llevó a, entre otras cosas, promover la aprobación de la Ley Nº 18.987, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.Esta ley fue puesta en la agenda de gobierno y promulgada el 22/10/2012. En Uruguay, el debate sobre los derechos de las mujeres y en particular el tema del aborto recobró fuerza en el período de la democratización. Solo en 1994 el proyecto fue tratado y aprobado por la mayoría en la Comisión de Bioética de la Cámara de Representantes. Aquí la iniciativa del colectivo Cotidiano Mujer y la organización Mujer y Salud Uruguay (MYSU), junto con otros colectivos, fue fundamental en la promoción del proyecto. En el período 2000-2005, la Bancada Bicameral Femenina aparece como un actor relevante promoviendo la aprobación del proyecto, pero la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores votó negativamente (Villegas, 2015: 92). Durante el primer gobierno del FA, el proyecto de ley alcanzó la mayoría en ambas cámaras, sin embargo, en 2008 el entonces presidente Tabaré Vázquez la vetó. Después de seis veces (1985, 1991, 1993-1994, 1998, 2002-2004, 2007) de presentado el proyecto, el 22 de octubre del 2012 se aprueba la Ley Nº 18.987.
Creo que es importante destacar algunas complejidades inherentes a estos procesos legislativos mencionando algunas cuestiones especialmente relevantes; en primer lugar, la actitud del entonces presidente en Dr. Tabaré Vazquéz, contraria a su propio partido cuando decidió vetar la ley, incluso en contra de su electorado, quien mostraba una notable mayoría a favor de la aprobación de esta ley. Además, no podemos evitar asociar esta decisión de veto con su postura personal, y cómo una postura profesional o una creencia religiosa termina decidiendo sobre el total de los casos. Y, por otro lado, cómo aun después de su promulgación se dieron numerosos debates en torno a las resistencias de los centros asistenciales y profesionales de la salud, donde el Estado tuvo que intervenir garantizando el cumplimiento de derechos y obligaciones de cada parte (usuarias y proveedores).
Se desarrollaron diferentes programas y campañas para promover el cumplimiento de los que se establecieron como los Derechos sexuales y Reproductivos;
- Ley N° 18426, Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductivo, Decreto Nº 293/010 del 30 de setiembre de 2010. Se abordaron las temáticas de Cáncer uterino, embarazo adolescente, anticonceptivos
- Ley N° 17.242 del 20 de junio del 2000, Prevención de Cánceres Genito Mamario,licencia especial por Papanicolaou/ Radiografía mamaria. Decreto N° 357/002 de 10 de setiembre de 2002.
- Políticas de prevención y tratamiento del VIH. Campañas de concientización del uso de preservativo, para evitar y reducir las enfermedades de transmisión sexual, exámenes de VIH gratis en los centros asistenciales, uso de los métodos anticonceptivos y su adquisición gratuita. Año a año el MIDES junto con el MSP trabajan en conjunto con el objetivo de obtener un informe de situación de la población con VIH y contribuir en el diseño e implementación de políticas socio sanitarias, garantizando además el acceso a políticas como: AFAM- PE, INDA, refugios del MIDES, Tarjeta Uruguay social, Uruguay Crece Contigo, Jóvenes en Red, entre otros.
- Políticas de cuidados como la creación del Sistema Nacional de Cuidados, Ley Nº. 19.353, aprobada el 18 de noviembre y promulgada el 27 de noviembre de 2015, incorporando la atención a la primera infancia, centros maternales, Plan Caif. Las licencias parentales, Ley Nº. 19.161 y 19.121, Subsidio por maternidad (SMAT), Subsidio por Paternidad (SPAT), Medio horario.
En su trabajo sobre licencias parentales y aborto, la entonces investigadora del Instituto de Ciencia Política, Belén Villegas (2015), asegura que la entrada del tema de los cuidados, puntualmente las licencias parentales, está asociado a la llegada del gobierno de izquierda en 2005.
En materia educativa, por primera vez en la historia de Uruguay se diseñó y puso en funcionamiento el primer diplomado terciario sobre Políticas Públicas, Género y Afrodescendencia, dictado a partir de 2010 en Facultad de Ciencias Sociales, a la vez que se implementó un sistema integral de respuestas hacia un país libre de violencia basada en género y generaciones. Se promovió el “Sello ciudadano con igualdad”, que tiene como objetivo funcionar como instrumento que permita transformar las lógicas, prácticas y estructuras organizacionales que afectan la igualdad de género en los procesos de socialización de niños y niñas, y por tanto sus oportunidades y derechos (InMujeres, 2019).
Se trató el tema de la violencia de género como prioridad. Se trabajó sobre el ejemplo más claro de violencia basada en el género, el ámbito privado, es decir, lo que podemos observar en las relaciones afectivas y de familia. El Estado intervino con múltiples medidas, la creación de líneas de asistencia para víctimas de violencia doméstica, centros de asistencia y ayudas multidisciplinarias (para atender a las personas involucradas y sus familias), ayudas económicas para disminuir los efectos negativos de la violencia (ejemplo: pensión para hijos/as de fallecidas por violencia doméstica, Ley 18.850), y la implementación de pulseras electrónicas para monitorear a los agresores. En esta área, aún quedan por perfeccionar muchos puntos (actores, monitoreo, implementación) para que la política y la inversión muestren resultados positivos reales.
En la norma se han alcanzado numerosos avances, sin embargo, nos resta mucho trabajo para que su implementación nos muestre una reducción real de las desigualdades y las problemáticas que estas políticas intentan atacar. El Estado como principal agente debe garantizar los presupuestos necesarios, enfatizar el control y la evaluación de quienes implementan estas políticas y programas, ser más crítico e involucrar a la sociedad civil para contener y entender mejor las problemáticas. La sociedad civil, los colectivos, las organizaciones y demás instituciones y actoras sociales debemos presionar para la revalorización continua de estas políticas, enfatizando en que su cumplimiento mejore la situación de la sociedad, generando más igualdad, crecimiento y paz, favoreciendo el desarrollo de la democracia.
Podés escuchar el podcast del programa acá
Referencias
Correa, S. y Pecheny, M. (2016). Abortus Interruptus. Política y reforma legal del aborto en Uruguay. Mujer y Salud en Uruguay, Montevideo, Uruguay. Recuperado de http://www.mysu.org.uy/wp-content/uploads/2016/11/aqu%C3%AD.pdf.
InMujeres (2019). Ministerio de Desarrollo Social. Recuperado de: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/genero.
Lanzaro, J. (2008). La “tercera ola” de las izquierdas latinoamericanas: entre el populismo y la social- democracia. UdelaR, FCS-ICP, Montevideo, Uruguay.
Midaglia, C., Antía, F., Castillo, M., y Fuentes, G. (2013). “La renovación del sistema de protección uruguayo: el desafío de superar la dualización”, Revista Uruguaya de Ciencia Política, Vol. 22 N°2: 171-194.
Stokes, S. (2009), “Globalization and the Left in Latin America”. Recuperado de: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.464.4640&rep=rep1&type=pdf.
Villegas, B. (2015). Licencias parentales y aborto: construcción política y traducción discursiva en la agenda de género en Uruguay.Revista Uruguaya de Ciencia Política, vol.24, pp.85-103. ISSN 0797-9789.
