Este artículo fue publicado en el Cuaderno Nº11 de Cotidiano Mujer, en 2014. Puede encontrar todas las revistas aquí y cuadernos aquí.
En el marco de los informes presentados por parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) como resultado de las visitas en diversos Centros de internación perteneciente al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), fue posible abrir una ventana en el debate público para mostrar las condiciones en las cuales viven los y las adolescentes en conflicto con la ley.
A partir de la presentación de informes, también se hicieron del conocimiento público diversas denuncias realizadas por organizaciones de la Sociedad Civil sobre casos de tortura en centros de internación en los que se colocaron varias tensiones sobre la mesa. La primera implicó visibilizar como víctimas de la violencia institucional a aquellos jóvenes estigmatizados como pobres y criminales, por otro lado tensiones en el terreno político sobre los costes que podría traer en la coyuntura electoral y de la propuesta plebiscitaria para bajar la edad de imputabilidad poner en evidencia prácticas de tortura como parte del manejo institucional del nuevo sistema penal adolescente.
El escenario colocaba de un momento a otro a los “jóvenes delincuentes” como víctimas problematizando la misión de protección y reinserción del sistema actual así como la función social del castigo. Ponía en evidencia que a pesar de contar un sistema penal específico este reproducía algunas de las condiciones de maltrato, control y disciplinamiento del sistema penal adulto.
También se hicieron luego denuncias específicamente en relación a la situación del CIAF, en el que en el informe del MNP se denunciaba entre otras situaciones “agresiones físicas a las internas, hacinamiento y sobremedicación.”
