Sólo el 30 por ciento de los ginecólogos se declaró objetor de conciencia. En el primer mes, se hicieron más de 200 interrupciones de embarazos. Las autoridades sanitarias apuntan a reducir el número de abortos.
Con un fuerte compromiso de las autoridades sanitarias y la resistencia de una minoría de médicos, se aplica en Uruguay desde hace casi dos meses la ley que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en las primeras 12 semanas de gestación, con el requisito de seguir un procedimiento de consultas. Durante el primer mes, se realizaron más de doscientos abortos. En ese lapso se registró sólo una denuncia de mala praxis. Y sólo un 30 por ciento de los obstetras se declararon objetores de conciencia. Las autoridades sanitarias apuntan a “reducir la morbi-mortalidad materna pero, además, a que baje el número de abortos en base a que disminuya la necesidad de las mujeres de recurrir a la IVE”, dijo a Página/12 el viceministro de Salud, Leonel Briozzo. “Está demostrado que la despenalización junto a las políticas educativas y las de anticoncepción disminuyen el número de abortos”, destacó el funcionario.
“Como era de esperar, va a llevar tiempo que la burocracia de la salud se adapte a la aplicación de una ley tan compleja”, evaluó en diálogo con este diario la ex diputada del Frente Amplio Margarita Percovich, reconocida por su activismo a favor de los derechos de las mujeres. Por un lado, explicó, están las resistencias de los técnicos y médicos que se autodenominan “pro-vida” que “se han escudado en la objeción de conciencia”, y por otro lado, hay “muchos que están molestos porque querían cobrar la atención como acto médico”. Alrededor de un 30 por ciento de los ginecólogos invocaron la objeción de conciencia para no cumplir con la ley, que entró en vigencia el 3 de diciembre. Es decir, la amplia mayoría, 7 de cada 10 ginecólogos asumieron el compromiso de aplicarla, de acuerdo con estimaciones oficiales.
El problema es que en algunos distritos, como Salto, han sido la totalidad de los ginecólogos los que apelaron a esa figura para dar la espalda a las mujeres que necesitan un aborto. El tema preocupa al Ministerio de Salud Pública, que decidió organizar en marzo un taller para informar y debatir sobre los alcances de la objeción de conciencia. También se definirá si se resuelve que los médicos objetores deban fundamentar por escrito esa posición. “La discusión actual se basa en el concepto de objeción de conciencia ya que hay gran confusión al respecto con otras conductas como la seudo objeción, la objeción más por conveniencia que por conciencia y la desobediencia civil. El Ministerio de Salud Pública ha convocado a un taller de alto nivel con el Colegio Médico y la Universidad para generar insumos al respecto”, señaló a Página/12 Leonel Briozzo, subsecretario de Salud Pública –segundo en la jerarquía de la cartera sanitaria– y profesor titular de Clínica Ginecotocológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.
La ley fue aprobada por el Parlamento uruguayo en octubre, impulsada mayoritariamente por el Frente Amplio, que debió aceptar que sea más restrictiva de lo que pretendía el oficialismo para lograr los votos necesarios para su sanción. La flamante norma despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, siempre que la mujer siga con un laberíntico proceso de consulta, y hasta las 14 semanas si se trata de un embarazo producto de una violación. En las propias filas del FA hubo resistencias a apoyar la iniciativa. Apenas aprobada, desde sectores conservadores lanzaron una campaña de recolección de firmas para llamar a un referéndum, con el objetivo de lograr su derogación. En ese contexto, entró en vigor la ley el 3 de diciembre, luego de que el Ejecutivo la reglamentara y el Ministerio de Salud Pública elaborara un manual de procedimiento para las instituciones y los profesionales de la salud y una guía técnica para la atención de los abortos legales. Cuando esté en grave riesgo la vida de la mujer o el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, no habrá límites para acceder a la interrupción del embarazo. De esta forma, Uruguay se convirtió en el primer país de Sudamérica que despenaliza el aborto si la mujer cumple con un procedimiento establecido, que incluye la consulta a un equipo interdisciplinario que le ofrecerá alternativas al aborto, como la adopción, y reflexionar su decisión durante cinco días que corren desde el momento que hace la primera consulta.
A pesar del auspicioso comienzo en su implementación, el Ministerio de Salud Pública enfrentará una denuncia penal por un aborto que no pudo concretarse por presuntas fallas en la medicación suministrada. Una mujer que concurrió al hospital público de Las Piedras, en el departamento de Canelones, denunció que solo le dieron una de las dos drogas indicadas, y que luego de que no le provocara la interrupción del embarazo, no se le quiso practicar un legrado porque ya la gestación llevaba 13 semanas y el plazo que fija la ley para realizar el aborto es de 12. Por esa razón, la mujer, identificada como Laura Galván, anunció que se presentará en la Justicia para demandar a las autoridades sanitarias por presunta mala praxis. “A mí no me dan solución y por eso voy a hacer la denuncia penal. Lo que hicieron conmigo fue una mala praxis. Si me hubieran informado que si fracasaba se iban a lavar las manos, no tomo la medicación”, dijo Galván al diario uruguayo El Observador. Consultado sobre este caso por Página/12, el subsecretario de Salud dijo que “se está investigando”, para deslindar responsabilidades y saber exactamente qué pasó. Las autoridades sanitarias solicitaron a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) un sumario administrativo, para saber si la medicación fue dada correctamente, si se le indicaron los comprimidos en el momento adecuado, y de quién es la responsabilidad, explicó la responsable del área de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública, Leticia Rieppi.
Por otra parte, la Dirección General de la Salud (Digesa) comenzó hace algunas semanas a hacer una “farmacovigilancia” sobre las drogas que se están utilizando para interrumpir los embarazos. Rieppi explicó que se analiza la efectividad para la población, las posibles fallas que se puedan detectar y los efectos secundarios de la medicación. En dos meses estarán los primeros resultados.
Resistencias
Además de los ginecólogos que alegan objeción de conciencia por razones verdaderas y otros por cuestiones monetarias, hay un tercer factor que incide en la resistencia de algunos médicos a aplicar la ley, según explicó la ex diputada Percovich. “Hay algunos, que pesan en las cátedras universitarias, que dicen que como la ley va en contra de la privacidad de la usuaria del servicio por tener que registrarse y tener que comparecer ante otros profesionales que no son ginecólogos, también se acogen a la objeción de conciencia, aunque siempre estuvieron de acuerdo con despenalizar el aborto. El problema con estos médicos es que no quieren que les digan ‘aborteros’ porque les pesa en el gremio médico. Me dirá que es medieval, pero así es nuestra atea Facultad de Medicina”, contó a Página/12 la dirigente del FA.
El proceso para acceder a la IVE, de acuerdo con la reglamentación, se inicia con la consulta al ginecólogo en la que la mujer expresa su decisión de interrumpir su embarazo. En un plazo no mayor a 24 horas, el centro de salud –público o privado– debe convocar al equipo multidisciplinario, establecido por la ley, para acompañar a la mujer. La usuaria tiene que salir de la primera consulta con el día, hora y lugar donde se realizará la segunda. En la segunda consulta debe estar el ginecólogo, un profesional del área de la salud mental y otro del área social. El segundo asesorará en cuanto al mejor acompañamiento del proceso y el tercero respecto de las posibilidades de adopción y planes sociales y de apoyo a las embarazadas, entre otros puntos. Estos profesionales nunca podrán emitir juicios de valor en busca de influir sobre la decisión de la mujer. El plazo de cinco días de reflexión dispuesto por la ley corre desde la primera consulta. Cumplido ese período, la mujer vuelve a su ginecólogo y ratifica o rectifica su decisión. Si continúa con la voluntad de abortar, se firmará el consentimiento informado y se procederá a la realización del aborto a través de los medicamentos indicados y de forma ambulatoria, con la excepción de que la historia clínica de la paciente requiera internación.
Percovich contó que usuarias de los servicios de IVE han manifestado algunas maniobras en la atención para influir en su decisión. “En muchos casos, cuando pasan por la ecografía para confirmar el embarazo, las invitan a ‘oír los latidos’. Y les ponen caras cuando anuncian su decisión de abortar. En un caso, el ginecólogo le largó una carcajada a una mujer. Otro problema es que el misoprostol no es eficiente en todos los casos. Falla para mi gusto en un porcentaje no menor. Y entonces tienen que hacerle raspaje. Y si la mujer se encuentra con un médico reticente, se le complica. La otra es que se pase el plazo de 12 semanas”, describió Percovich. Esta última situación es la que denunció la mujer que se atendió en el hospital de Las Piedras, en Canelones.
La ex diputada destacó el trabajo llevado a cabo años atrás por el doctor Briozzo, para montar equipos para la atención pre y post aborto en casi todos los departamentos (provincias) del país. “Ahora la situación se complica porque entran a jugar más actores en el paso de la usuaria por el sistema de salud”, observó. No obstante, su evaluación en términos generales es positiva: “Que se hayan atendido unos doscientos abortos en el primer mes nos pareció un buen comienzo. Esto va a ser una batalla permanente contra el poder médico y con todos los conservadores de este país, que son muchos. Es interesante que el ministerio quiera definir en qué consiste la objeción de conciencia para que no la usen para evitar trabajar más por el sueldo que ya cobran. Por supuesto, han armado un escándalo con eso algunos médicos”, indicó Percovich.
Sobre la objeción de conciencia y la intención del Ministerio de Salud Pública de clarificar su alcance, se pronunciaron algunos médicos. Según publicó el diario uruguayo El País, un catedrático, Justo Alonso, cuestionó que se deba fundamentar la objeción y advirtió que sus colegas se sienten “presionados” para cumplir con la ley que despenaliza la interrupción del embarazo. Y otro ex profesor universitario, Enrique Pons, fue en la misma línea: dijo que “pedir explicaciones de la objeción de conciencia a alguien es como preguntarle ¿por qué cree usted en determinados lineamientos éticos o en determinada religión?”.
Finalmente, para Briozzo, más allá de ciertas resistencias médicas y de las características propias de la ley, su implementación significa “un avance indudable en la concreción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres uruguayas y por tanto de toda la sociedad”. “Es una ley compleja, fruto de una negociación política y es perfectible –como todas las leyes. Sin embargo, no ver las ventajas que esta nueva situación tiene para las mujeres, sobre todo las más vulnerables, es un error estratégico grave. El objetivo del gobierno es que se den las condiciones para las decisiones conscientes de las mujeres, de manera libre, responsable e informada. Desde la despenalización hasta el programa Uruguay Crece Contigo –de apoyo a la maternidad y primera infancia en sectores vulnerables–, la matriz es la misma. Buscamos reducir la morbi-mortalidad materna pero además disminuir el número de abortos en base a que disminuya la necesidad de las mujeres de recurrir a la IVE. Está demostrado que la despenalización junto a las políticas educativas y las de anticoncepción disminuyen el número de abortos”, concluyó el funcionario.
Fuente: Página 12, por Mariana Carbajal
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