Nuestra coalición conformada por distintos movimientos de jóvenes, mujeres indígenas, afrodescendientes, con VIH, con discapacidad, trabajadoras sexuales, católicas, defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, de los derechos sexuales y reproductivos, feministas y personas LGBTI, de todas las Américas exponemos las siguientes preocupaciones.
-El alarmante avance de casos de corrupción, criminalización de la protesta y militarización en los gobiernos de la región, situación que exacerba la precarización y debilidad de la institucionalidad democrática afectando el principal pilar en todo Estado: la garantía de los derechos humanos sin discriminación alguna.
-La debilidad democrática que se expresa en amenaza, desprotección y desigualdad para defensores y defensoras de derechos humanos, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, mujeres con VIH, trabajadoras sexuales y personas LGBTI, frente al despliegue de una avanzada fundamentalista anti derechos y racista en la mayoría de los países de la región.
-Esta ofensiva fundamentalista en contra de la igualdad de género, pese a que su incorporación es una obligación fundamental de los Estados fundada en el principio de igualdad y el mandato de no discriminación; opera en detrimento de los derechos sexuales, derechos reproductivos, las personas LTGBI, en el acceso a la educación sexual integral, a los servicios de salud sexual y reproductiva con pertinencia cultural, al derecho a vivir libres de violencia sin impunidad frente a la violencia sexual, garantizando el acceso a la justicia, sin riesgo para la salud y las vidas de las mujeres.
-La cada vez más creciente criminalización de la protesta y la persecución de las y los defensores de DDHH y de los derechos sexuales y reproductivos incluyendo a las parteras tradicionales. Los sistemáticos asesinatos a defensafor@s de los DDHH como el reciente asesinato de Marielle Franco en Brasil, defensora, feminista, negra y lesbiana, es una clara muestra de ello.
En tal sentido, consideramos que,
•En el marco de un régimen democrático, el respeto y garantía de los derechos humanos sin discriminación alguna es fundamental. Corresponde entonces a los Estados comprometerse a terminar con cualquier forma de discriminación y se contribuya a acabar con todas las formas de desigualdad y violencia que viven niñas, mujeres, jóvenes y personas LTGBI.
•Cumplir los estándares internacionales en materia de respeto a los derechos humanos y a los derechos sexuales y derechos reproductivos, sin admitir retrocesos ni injerencia de postulados religiosos. En ese sentido avanzar hacia la garantía y ejercicio de Estados laicos es un compromiso ineludible.
•Asegurar los procesos de denuncia, investigación y sanción a los actos de corrupción, garantizando la vigilancia y participación activa de la sociedad civil, estableciendo marcos legales que protejan a l@s denunciantes, testig@s e investigad@s. Dar una lucha real y efectiva contra la corrupción y a favor de la gobernabilidad democrática implica que casos como los de Marielle no se repitan nunca más.
Lima, 12 de abril de 2018.
