La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es la “carta fundamental de derechos de las mujeres”. Su cumplimiento es obligatorio para los países que la han ratificado. Es considerada la piedra angular de las políticas de igualdad de género y del trabajo de ONU Mujeres.
En esta ocasión se realizó el evento internacional en la ciudad de Ginebra – Suiza. En ese marco la colación integrada por las organizaciones Cotidiano Mujer; Red Pro-Cuidados, El Paso, Colectivo de Mujeres Afro (Mizangas); Servicio Paz y Justicia; y Oficina de Atención a Víctimas del Consultorio Jurídico, Fder-Universidad de la República realizaron un informe alternativo (IA).
En el mismo se expresan preocupaciones y se dan recomendaciones a los Estados para mejorar las políticas orientadas a terminar con la discriminación en contra de las mujeres. Según manifestó la abogada Lucía Saravia, participante del evento y co-redactora del IA, estas instancias son importantes porque se trata de un espacio de “control institucional” en donde el CEDAW controla el cumplimiento del Estado uruguayo sobre los compromisos asumidos en la materia.
Saravia afirmó que en el evento también se señalan los “debes” que no se encuentran en el informe del Estado Uruguayo centrado en los avances: “por eso es importante que la Sociedad Civil y las distintas organizaciones presenten estos informes sombra o informes alternativos porque van a contar una realidad que seguramente sea omitida”.
Con respecto a las recomendaciones realizadas por la coalición de organizaciones Lucía Saravia destaca que si bien aún no ha tenido lugar la reunión evaluatoria entre las “problemáticas principales está la creciente violencia basada en género, la cantidad de femicidios y la carencia de prevención que se les da para evitarlos más allá de la tobillera y la custodia policial”. Saravia explicó que “al ser un problema estructural no se está abordando el tema de forma debida o eficiente”.
Las organizaciones de la sociedad civil también plantean su preocupación en el Informe Alternativo acerca de la carencia de presupuesto para implementar la ley 19.580 contra la violencia de género y además el retroceso legislativo que se está dando en materia de protección de los derechos de las mujeres como lo es la llamada ley de Corresponsabilidad en la Crianza.
En el documento se llama la atención acerca del crecimiento de las mujeres privadas de libertad, número que se encuentra próximo a triplicarse desde 2016 a 2023 y que la situación se ha visto agravada luego del endurecimiento de penas para el microtráfico de drogas. Esta situación ha llevado a situaciones de hacinamiento como la que tiene lugar en la Unidad N°5.
Con respecto a la reparación integral a las mujeres ex-presas políticas, la coalición de organizaciones denuncia el “incumplimiento” del Estado en donde “solamente 2 de los más de 100 denunciados se encuentran hoy en día procesados” y no se no se han tipificados los delitos de abuso sexual y torturas como delitos de lesa humanidad, según afirma Saravia.
Otras problemáticas que recoge el informe son el matrimonio temprano que en Uruguay está permitido a partir de los 18 años, la existencia de estereotipos y prácticas discriminatorias en el código penal y en el civil y la cuestión de la revictimización vinculada a la violencia sexual y a la violencia basada en género. Tomamos otros puntos pero entendemos que esos son los prioritarios.
