Apartada

Recordemos algunas: el procesamiento con prisión de Juan María Bordaberry y de su canciller Juan Carlos Blanco, la causa del asesinato de Ubagésner Chávez Sosa, el caso de Rodolfo Perrini contra el general Pedro Barneix, las declaraciones de José Nino Gavazzo en su último libro y el alegato contra el pedido de prescripción de la defensa de Jorge Pajarito Silveira. Más recientemente, se enfrentó con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, cuando éste le impidió concretar una inspección ocular en el Batallón de Infantería Nº 13 y en el Servicio de Material y Armamento del Ejército.

En diálogo con la diaria, la jueza Mota reconoció que la decisión de la SCJ la tomó por sorpresa, entre otras cosas porque ella “ni había pedido el traslado ni había cometido ninguna falta”. Incluso especuló con otros posibles motivos como “la exposición pública o la antigüedad en el cargo, pero la exposición pública no la tuve yo sino los casos en los que trabajé y la antigüedad no corre, porque yo hacía cuatro años que trabajaba en ese juzgado y hay compañeros que hace diez que se desempeñan ahí”. Dijo conocer “los motivos” de su traslado o “al menos sospecharlos”, ya que son los mismos a los que cualquier persona “podría llegar analizando los hechos”. Sin embargo, se negó a especular más allá de eso, ya que las explicaciones debería darlas la propia SCJ. “Lo que es extraño es la forma en que deciden el traslado de un juez sin que éste lo haya pedido o haya cometido alguna falta, y además con el tipo de casos como los que yo estaba trabajando, que ahora, entre una cosa y otra, se van a trancar y van a demorar muchísimo. La SCJ va a decir lo de siempre: que es algo que el estatuto le permite y nada más. No están obligados a dar explicaciones”.

Una de las primeras manifestaciones de solidaridad con Mota la expresó la ex fiscal Mirtha Guianze. Ayer temprano escribió en su cuenta de Facebook: “Pensemos un poco ¿que significado le podemos asignar a este inexplicable traslado? ¿Por qué ahora, con tantos asuntos a resolver? ¿Es que no llevaba bien los juicios? ¿Cuándo podremos conocer las motivaciones reales? ¿Qué podemos hacer, cada uno en su lugar, o todos juntos?”.

A la reflexión

Los principales referentes de las organizaciones sociales vinculadas a la defensa de los derechos humanos también se expresaron rápidamente. El dirigente Wa
shington Beltrán, de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, se mostró “sorprendido y dolido” por esta decisión del máximo órgano judicial. “No pensamos culpar a la SCJ por un hecho que desde la secretaría consideramos que responde a muchos hechos concatenados de corte político”, aventuró Beltrán, quien considera que se trata de un hecho “gravísimo, que vuelve a poner en evidencia que de parte del sistema político la opción ante nuestros planteos de justicia, ante las denuncias de la sociedad, se elige barrer para abajo de la alfombra”.

Por su parte, Baldemar Tarocco, vicepresidente de Crysol, adelantó que desde esa organización pedirán la próxima semana un recurso de revocación. También convocan a una concentración ante la sede de la SCJ para mañana, ya que ese día está previsto que Mota concurra al lugar para aceptar su nuevo cargo.

Según Tarocco, este traslado demuestra que “esta SCJ defiende claramente la impunidad” en materia de las causas vinculadas a los derechos humanos y al pasado reciente. “Ya había pasado algo similar cuando Jorge Díaz trasladó a uno de los fiscales que más conocimiento tenían en causas de derechos humanos como [Ricardo] Perciballe”, al tiempo de mencionar que otro juez a cargo de expedientes sobre los crímenes en dictadura también fue cambiado de fuero, en referencia a Gustavo Mirabal, que pasó de lo penal a lo civil. “Y ahora esto. Forma parte de la campaña de la SCJ de frenar los procesos, como en el caso del juicio de Perrini o en el que Crysol viene llevando a cabo, a pesar de los múltiples palos en la rueda”, sentenció.

El diputado Luis Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), concluyó que el traslado de Mota refleja “un verdadero triunfo de la impunidad”. Puig consideró que se trata de una decisión “injusta” y que, “fruto de recusaciones y campañas orquestadas por defensores de la impunidad, se elige apartar a una jueza que siempre cumplió con las leyes y los convenios internacionales en materia de derechos humanos sin ninguna razón”.

El diputado frenteamplista opinó que la campaña contra la magistrada “no sólo vino de los militares acusados y de sus abogados sino también de legisladores blancos y colorados que durante todo este tiempo se dedicaron a hacer fuego contra la jueza Mota con argumentos infundados y trampas de todo tipo”.

El diputado del PVP aseguró que es “la misma campaña que hubo contra Guianze, y eso nos tiene que llamar a la reflexión porque no puede ser que cada vez que nos aproximamos a la verdad se dan estos hechos que hacen volver todo atrás. Un ejemplo claro es la forma en que la SCJ, con todos los elementos para expedirse sobre el caso Perrini, haya frenado todo de forma increíble”.

El temita del poder

Por su parte, el abogado Antonio Rammauro, quien defendió a Mota en los casos de recusaciones llevadas adelante por los militares acusados, evaluó que “son cosas del poder”. “Creo que es una decisión política pero no creo que esté relacionada con tal o cual integrante del gobierno sino con una entidad de poder mucho más grande que el que puede tener cualquier político”, sostuvo Rammauro, quien lamentó “profundamente” que se haya desarticulado una investigación de “varios casos entrelazados que Mota estaba llevando adelante y que ahora quedan trancados”.

El abogado señaló que no es la primera vez que trasladan a Mota para frenar sus investigaciones: “Cuando estaba en Ciudad de la Costa había logrado avances significativos en la investigación sobre el contrabando y justo en ese momento la trasladan a Montevideo”.

La SCJ no dará explicaciones sobre el tema. El vocero Raúl Oxandabarat apenas explicó que “el artículo 99 de la ley 15.750 le da a la SCJ la potestad de hacer uso de sus recursos humanos sin brindar explicaciones. Además, el traslado de la jueza Mota está acompañado de otros 15 traslados, destinados estrictamente a la mejora del servicio”. De todos modos, afirmó que “los jueces tienen que pasar por todas las materias a lo largo de su carrera para adquirir diferentes conocimientos, y la jueza no había estado en un juzgado civil”. Retomando lo que afirmaba la jueza sobre su antigüedad, sostuvo que “los jueces no pueden estar mucho tiempo en su cargo”.

Descartó tajantemente la posibilidad de considerar este traslado un castigo o sanción, ya que “la SCJ está investigando dos causas relacionadas con la jueza Mota: las declaraciones que brindó a Página 12 cuando criticó la política de derechos humanos de Uruguay, y cuando en el marco de un pedido de documentación de la SCJ ésta no fue enviada. La SCJ no se ha expedido, por lo tanto, no se puede hablar de sanción. Además, se trata de un traslado horizontal, porque no baja en el escalafón ni en su sueldo, sino que los juzgados civiles tienen la misma jerarquía que los penales”. El lugar vacante que dejará Mota en el juzgado de 7º turno en lo penal lo ocupará la jueza Beatriz Larrieux, quien ejercía en la ciudad de Colonia.

Fuente: La Diaria

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