Tras 27 años de marchas y contramarchas, ayer, 17 de octubre de 2012, se aprobó en Uruguay la despenalización del aborto en determinadas circunstancias.
La Cámara de Senadores sancionó la ley que posibilita que las mujeres interrumpan voluntariamente su embarazo en determinadas condiciones y siempre que cumplan ciertos requisitos. La sesión comenzó minutos después de las 9.30 y terminó a las 15.20, cuando 17 de los 31 senadores convirtieron el proyecto en ley, lo que provocó algunos festejos tímidos por parte de legisladores y de personas que siguieron la jornada desde las barras, quizá porque todos los que votaron favorablemente habían reconocido que si bien con respecto a la situación actual se dio un paso importante, dista de la norma ideal que hubieran querido aprobar.
Alberto Couriel (Vertiente Artiguista, VA) dijo compartir muchas de las críticas que se le hicieron al articulado y que hubiera preferido el proyecto al que el Senado había dado media sanción en diciembre de 2011, que establecía que se podía realizar abortos por la sola voluntad de la mujer. Lo aprobado prevé que la mujer debe comunicarle su intención al médico, quien deberá convocar a un equipo interdisciplinario de profesionales para asesorarla primero, y pedirle después que reflexione al menos cinco días antes de tomar la decisión. Además establece que sólo podrán realizarse abortos antes de las 12 semanas de embarazo y por “razones de penuria económica, sociales, familiares o etarias”.
Couriel explicó que la coyuntura política en la Cámara de Diputados llevó a que tuvieran que introducirse varias modificaciones y a acordar el nuevo texto con el diputado Iván Posada (Partido Independiente, PI). “Estamos en una democracia: mandan las mayorías y controlan las minorías”, concluyó. En una línea similar, la comunista Alicia Pintos planteó que tenía algunas objeciones con los cambios que llegaron desde Diputados pero que de todas formas acompañaría la ley por considerarla “un avance” ante “la actual correlación de fuerzas”.
En ese sentido, recordó que “la penalización del aborto no fue incorporada en el Código Penal pensando en el derecho a la vida, sino que fue una transa política del gobierno de [Gabriel] Terra con la Unión Cívica para aprobar el presupuesto nacional”, y terminó derogando una norma de unos años antes que lo despenalizaba. Ernesto Agazzi (Movimiento de Participación Popular) considera que la ley será un “primer paso” que servirá para “ver cuáles serán los siguientes”. “Cuando esto esté reglamentado, la práctica y la vida dirán cómo funciona”, añadió.
A partir de ese proceso de negociación entre legisladores oficialistas y Posada, algunos integrantes de la oposición cuestionaron aspectos de forma en el trámite parlamentario por entender que el modificado debió haber sido considerado un proyecto distinto. El colorado Alfredo Solari (Vamos Uruguay) expuso que el original había sido votado artículo por artículo, y que las modificaciones definidas en Diputados no debieron ser tratadas “a las apuradas”, “sin discusión ni diálogo”. Agregó que se había querido incluir por fuera del orden del día de la Comisión de Salud de la cámara el martes de la semana pasada, y su análisis fue postergado hasta esta semana, lo cual habría demostrado que el partido de gobierno habría resuelto aprobar el proyecto “a como dé lugar”.
Por su parte, el nacionalista Gustavo Penadés (Herrerismo) interpretó que lo que busca el Frente Amplio (FA) es obtener “un título” y que se diga que se aprobó una ley que despenaliza el aborto. Y a pesar de no haber respaldado ninguno de los dos, sostuvo que el proyecto que la cámara ya había aprobado era “más prolijo”. La senadora socialista y presidenta del FA, Mónica Xavier, recogió el guante y dijo que los planteos que hablan de “apuros” “no tienen asidero” y estimó que el proyecto es el mismo con respecto al de 2011, porque habla “de la misma materia”.
En su intervención, Carmen Beramendi (VA) habló del derecho al aborto en el marco de una escalada en la consecución de derechos que favorecen a las mujeres, y afirmó que “no hay ejercicio de un derecho que no lleve a la exclusión de otros”. La senadora estuvo de acuerdo con los reparos de organizaciones sociales acerca de que las mujeres no necesitan tutelajes para decidir sobre su cuerpo, pero matizó que “lo que puede parecer una traba también sirve para que el sistema de salud sea el que haga cumplir la ley”. Propuso “seguir fortaleciendo el sistema”.
En esta línea, Pintos marcó que lo que está en discusión no es el derecho a la vida sino el sentido de vida: “El derecho a nacer en una vida digna y con el pleno consentimiento de los progenitores”. “Defender la vida es en primer término defender el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo; algo que vaya en contra de ello es el primer atentado contra la vida”, señaló.
La disciplina partidaria también estuvo en el debate. Mientras que desde el Partido Nacional Alberto Heber (Herrerismo) defendió la libertad de acción por tratarse de un tema “de conciencia”, el líder colorado Pedro Bordaberry defendió la unidad de acción definida en su partido porque “debe cumplirse” con lo prometido en la campaña electoral. Jorge Saravia (Concertación Republicana Nacional) y Ope Pasquet (Vamos Uruguay), blanco y colorado, respectivamente, fueron los integrantes de la oposición que manifestaron discrepancias con sus partidos.
Saravia lamentó que no se pudiera votar el proyecto que el Senado había sancionado parcialmente en 2011, pero de todas formas consideró que el de ayer es un avance y defendió su voto “porque está a favor de la vida y las libertades, y en contra del aborto”. El ex frenteamplista consideró también que la legislación vigente en la materia proviene de una época “fascista”.
Mientras tanto, Pasquet argumentó a favor pero votó en contra por la disposición de su partido. El colorado consideró que “no se debe decidir si interrumpir el embarazo está bien o está mal, sino si es un delito o no”. “No votamos normas morales, sino jurídicas”, opinó. Añadió que el comportamiento de la sociedad uruguaya no estigmatiza a la mujer que aborta, y que, por el contrario, su situación genera compasión. “No se denuncia que una mujer se realice un aborto; lo hacen en la clandestinidad porque el marco jurídico se lo impone”, sostuvo. Indicó además que el hecho de que el embrión esté vivo es algo que no se discute, y que lo que está en debate es si puede ser considerado una persona. En este sentido, recordó que hace algunas semanas el Parlamento votó por unanimidad un proyecto de fecundación que habilita al congelamiento del feto.
Algunas horas después de terminada la sesión del Senado se anunció el lanzamiento oficial de la Comisión Nacional pro Derogación de la Ley de Aborto, que será hoy a las 12.00 en el anexo del Palacio Legislativo. En la misma línea de lo que varios senadores plantearon ayer, parece que con la sanción de la ley -que ahora debe ser promulgada y reglamentada por el Poder Ejecutivo-, lejos de cerrarse, el tema apenas abrió un capítulo más en el debate social y político, que ya lleva décadas. A propuesta de Beramendi, la implementación de la norma estará a cargo del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, la Comisión Bicameral Femenina y el Instituto de las Mujeres.
Fuente: la diaria
