Este artículo fue publicado en la revista Cotidiano Mujer Nº43, en 2007. Puede encontrar todas las revistas aquí y los posteriores cuadernos aquí.
El 16 de mayo pasado una mujer uruguaya fue procesada por el “delito de aborto” luego de consultar en el Hospital Pereira Rossell (HPR), del Ministerio de Salud Pública (MSP). La joven de 20 años había asistido a una clínica clandestina y fue derivada a dicho hospital por un médico particular que constató complicaciones post aborto, no sin antes denunciarla ante la justicia.
En Uruguay la Ley Nº 9.763 del Código Penal (vigente desde 1938) estipula que el aborto es delito. Aunque hay algunas atenuantes, son impracticables en los hechos debido a numerosos obstáculos a que se enfrentan las mujeres, desde la condena moral hasta la falta de preparación y sensibilidad de los trabajadores de la salud y del Poder Judicial.
Ante el significativo aumento de muertes de mujeres por abortos inseguros en 2001, médicos del HPR y la Universidad de la República elaboraron las “Iniciativas sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo1 ” (IS), institucionalizadas en todo el país desde 2004 por ordenanza del MSP.
Aunque descentralizadas, las IS que funcionan en el Hospital Pereira Rossell reciben la mayoría de las consultas de mujeres antes y después de realizarse abortos clandestinamente.
Preocupa la violación de la confidencialidad médico paciente.
Alarma la violación sistemática de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, mientras el proyecto de ley para despenalizar el aborto, tantas veces presentado a la Cámara de Representantes, sigue bailando en los cajones del Palacio Legislativo.
Indigna que una mujer más muera o sea procesada por tomar una decisión que le compete en cuerpo y alma.
