Las organizaciones y colectivos firmantes manifestamos nuestra preocupación por la intervención policial realizada el pasado 22 de marzo, contra la marcha pacífica organizada en el marco del Día Internacional del Agua, por su notoria arbitrariedad e ilegitimidad, tanto jurídica como política, atendiendo a las razones que siguen:
1. Es un hecho que en nuestro país se ha extendido la peligrosa práctica de »infiltrar» marchas mediante policías encubiertos con el fin de sabotear reivindicaciones sociales, obtener información de militantes, criminalizar la protesta y la disidencia, así como generar temor.
2. El procedimiento policial realizado el día 22 de marzo en la marcha por el Día Internacional del Agua se enmarca en estas prácticas. La »infiltración» y posterior persecución de militantes al finalizar la marcha, que derivó en un episodio de violencia institucional en las calles de Andes y Colonia, que afectó particularmente a mujeres y hombres del colectivo Por el Costado de la Vía y que terminó en la detención arbitraria de dos jóvenes, quienes fueron golpeados (presentando lesiones), representan un flagrante atentado contra las libertades protegidas por nuestra normativa vigente.
Las débiles excusas presentadas por la autoridad ministerial en comunicado de prensa, para pretender justificar lo ocurrido, no son de recibo, sino que dan cuenta de un modo explícito de la constante vigilancia y persecución del ejercicio de los derechos civiles y políticos: »En ocasión de realizarse una concentración pacífica en la pasada jornada -convocada en defensa del agua- la Policía detectó el comportamiento sospechoso de algunos participantes gracias a la tarea de los visualizadores de las cámaras del circuito de video vigilancia.Particularmente, una persona -que fuera identificado como uno de los que participó en disturbios y daños provocados en ocasión de la manifestación en contra del G20 de noviembre del año pasado en nuestra capital- llamó la atención de los policías»(comunicado MINTERIOR)
3. El derecho a la asociación, a la libertad de expresión, y a la protesta de un modo pacífico es objeto de especial protección en nuestro ordenamiento jurídico y su reconocimiento tiene plena vigencia para las y los habitantes de la República; es por ello, que recae sobre el Estado la obligación de tutelar estos bienes que hacen a la esencia misma del Estado de Derecho y a la efectividad de la democracia.
4. Por lo anterior, le exigimos a las autoridades estatales pertinentes: a) el cese inmediato de las arbitrarias e ilegítimas prácticas de »infiltración» y persecución de marchas, organizaciones sociales, o cualquier otra actividad de militancia y protesta pacífica; b) respeto por el orden legal vigente y sobre todo, el respeto y protección de los derechos fundamentales; c) tomar acciones legales por el actuar indebido de las fuerzas de seguridad en flagrante incumplimiento de la Ley de Procedimientos Policiales; d) y compromiso para garantizar los mecanismos de reparación pertinentes a las personas afectadas por todos los daños causados en el marco de las actuaciones denunciadas.
Firman
Amnistía Internacional Uruguay
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Cotidiano Mujer
El Abrojo
Asociación Civil El Paso
Ecofeminismo Río Negro
Grupo por la humanización del parto y nacimiento Uruguay
Diálogo Político de Mujeres Afrouruguayas
HemisferioIzquierdo
Intersocial Feminista
La Cuarta Ola
Mujeres en Libertad
Mujeres en el Horno
Redes – Amigos de la Tierra Uruguay
Ovejas Negras
UAFRO
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