Este artículo fue publicado en la revista Cotidiano Mujer Nº37, en 2002. Puede encontrar todas las revistas aquí y los posteriores cuadernos aquí.
ABORTO INSEGURO
El aborto vuelve al debate público en Uruguay y por la peor de las razones: ha aumentado el número de mujeres muertas por abortos realizados en condiciones inseguras de clandestinidad e ilegalidad.
Hace casi 10 años, yo misma escribía que debíamos encontrar puentes de entendimiento entre defensores y detractores de la descriminalización del aborto, porque perder el tiempo en ese terreno se pagaba en perjuicios, sojuzgamientos, abandonos, maltratos, mutilaciones y muertes de mujeres. Quedó lamentamblemente demostrado que todos los debates y las polémicas –y menos aún la ley que lo prohibe- no lograron evitar que en el 2001, Sandra de 23 años, Paola de 19; Margarita de 43, María de 29 y Myriam de 41, murieran por abortos inseguros.
El 47% de las muertes maternas ocurridas en el hospital Pereira Rossell, fueron por abortos realizados en las peores condiciones. Según el Dr. Brioso «En el quinquenio 1996 – 2001 se han producido en el CHPR 13 muertes maternas. De ellas, seis (47%) se debieron a complicaciones de abortos en condiciones de riesgo. A pesar de que no podemos establecer una comparación estricta con las cifras del total, el aborto como causa de muerte es sustancialmente mayor en el CHPR con respecto a la media nacional. Es necesario tener también en cuenta el casi seguro subregistro, dado que ni las mujeres -aún en inminencia de muerte- ni su entorno -incluso después de la muerte- suelen admitir el haber realizado un aborto provocado.
Llegaron a las emergencias de los hospitales públicos cuando ya nada se podía hacer. El miedo a la denuncia, el temor al juicio, retrasaron las consultas hasta las últimas consecuencias. Muchas de ellas, aún ante la muerte, seguían negando el haberse practicado un aborto.
Esta situación es también resultado de la precarización de la situaciones económicas: ya no sólo menos mujeres tienen el dinero para pagar una buena clínica con atención profesional adecuada sino que -dado que el aborto clandestino es un negocio rentable- muchas personas inescrupulosas montan «clínicas» donde someten a las mujeres a las condiciones más deplorables. El ejemplo de Silvia Funes que llegó desde la Argentina pensando que en el Uruguay sería más fácil interrumpir un embarazo, es uno de los ejemplos escalofriantes de tortura y desaparición sólo comparables con los tiempos de la dictadura militar.
Reacciones tan necesarias como esperadas
Médicos y médicas de nuestro país han reaccionado frente al incremento de las muertes por aborto inseguro con una iniciativa que ya cuenta con el aval de la Sociedad Uruguaya de Ginecología, del Consejo de la Facultad de Medicina y del Sindicato Médico de Uruguay. Frente a la angustia e impotencia de una intervención médica legal reducida prácticamente a la firma de certificados de defunción, médicos y médicas han reaccionado y están elaborando una serie de guías clínicas para lograr una norma sanitaria que proteja a las mujeres de la muerte materna por abortos provocados en condiciones de riesgo. La clase médica de nuestro país ha asumido de manera colectiva y de forma pública la cuota parte de responsabilidad que le compete. «Los médicos no somos jueces, policías ni sacerdotes– dijo el Dr. Pons ante la Comisión de Salud del Parlamento-. Nuestra función es ser médicos y, por lo tanto, queremos ayudar a que esas mujeres no mueran ni sean mutiladas«.
La iniciativa es original porque buscar normar la intervención médica sobre una práctica que está prohibida por ley. Moviéndose en ese reducido margen la estrategia es definida por ellos mismos como una «estrategia de prevención del daño, parcial y acotada» pero que, sin embargo, es sumamente necesaria. Sus objetivos son: – sensibilizar a los profesionales en su responsabilidad frente al problema, -garantizarles, al mismo tiempo, condiciones de seguridad para esa intervención y -homogeneizar criterios y pautas de intervención para que, hasta donde la legislación lo permita, se promuevan «condiciones de seguridad que eviten que una usuaria/paciente muera o sufra complicaciones graves o mutilaciones por esta causa».
Si esta discusión sobre la situación del aborto en el Uruguay y la responsabilidad médica logra ahondarse y llegar hacia todos/as los/las profesionales de la salud, en sus distintos lugares de trabajo, estaremos frente a un hecho importantísimo. Podría ser un punto de inflexión en la práctica médica de nuestro país y una excelente oportunidad para incorporar muchos temas que hace tiempo deberían haber ingresado al ambito de la salud: la cuestión de género, la salud sexual y reproductiva dentro de una concepción integral de atención, la calidad de atención, los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, la libertad de decisión, el respeto a la diversidad, por nombrar algunos.
La clase política también reaccionó
En sesión del 12 de marzo de 2002 el diputado Luis José Gallo anunciaba frente a la Cámara de Representantes que la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social «trabajará prioritariamente sobre el derecho positivo vigente en nuestro país en cuanto al aborto.»
Desempolvados por la Bancada Femenina, los cuatro proyectos de ley elaborados desde 1985 hasta 1998, fueron presentados a la respectiva comisión parlamentaria que ya comenzó a recibir a representantes de diversas instituciones, para que expresen su opinión. Hasta la fecha han concurrido los Profesores de las tres Clínicas Ginecotocoló-gicas de la Facultad de Medicina, el Director y Asistente de la Cátedra de Medicina Legal, integrantes de la Sociedad Uruguaya de Sexología y de las Asociaciones de Obstetricia, Enfermería y de Magistrados. Se espera que diversas organizaciones, incluidas las de mujeres, sean recibidas en el correr de los próximos meses.
Desde hace 17 años, en cada legislatura, el problema del aborto aparece en los pasillos del Palacio Legislativo, con la insistencia propia de las injusticias sociales. La opción de dilatar respuestas y evadir decisiones no ha funcionado, el problema reaparece. Por lo tanto quizás sea ya la hora de encontrarle soluciones.
El escenario actual donde se resitúa el debate cuenta con condiciones que deberían augurar buenos resultados. A nivel internacional organismos referenciales como FIGO (Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Panamericana de la Salud (OPS) y el sistema de Naciones Unidas, han reconocido que éste es un grave problema de salud pública, de justicia social, de derechos humanos y es expresión de discriminación contra las mujeres, dado que las muertes maternas son, en su amplia mayoria, evitables. En el contexto nacional actores reconocidos como «fuertes» -presidente de la Suprema Corte de Justicia, los profesionales de la salud, la Intendencia Municipal de Montevideo (ver Plan de Igualdad de Oportunidades) y la opinión pública en su mayoría- han expresado que deben tomarse medidas para cambiar esta injusta situación.
Por lo tanto señores y señoras legisladores/as, esta vez QUIZÁS SÍ, sea la oportunidad de lograr un cambio en la ley.
Otorgar herramientas (educación, información, servicios, recursos) y garantizar igualdad de condiciones son mejores medios para que las personas tomen decisiones concientes y responsables, que el tratar de imponerles una opinión hegemónica (sea cual sea la opinión de la que estemos hablando).
Si el poder del conocimiento se distribuyera de forma más equitativa y si se reconociese la capacidad y sabiduría de las personas para tomar decisiones responsables, estaríamos avanzado mucho en el principio de respeto a la diversidad. En caso de que quedaran dudas sobre esa capacidad, deberían facilitarse cada vez más herramientas y promover mejores condiciones para que las decisiones se fortalezcan en libertad y responsabilidad. Para algunos podrá ser inmoral que las mujeres aborten. Para otros será inmoral que lo hagan en condiciones que ponen en riesgo la salud y la vida. La gran virtud estará en encontrar los acuerdos que permitan que todas las posiciones puedan convivir democráticamente y no convertir en delito lo que, para algunos, es pecado.
En términos generales hoy podemos evidenciar que es ínfimo el porcentaje de la población que no admite justificación alguna para que se realice un aborto, ni aún cuando corre riesgo la vida de la mujer. Este sector más intolerante, paradójicamente, tiene gran influencia y poder sobre las decisiones políticas. Por ejemplo sólo el 5% de los países de América Latina tienen legislaciones que admiten alguna forma de aborto legal, mientras que en los países de origen musulmán es el 14%. Este ejercicio de poder de la jerarquía de la Iglesia Católica y de grupos que ostentan las posiciones más fundamentalistas en relación al aborto, como la jerarquía de la Iglesia Católica, no permite que nuestros países avancen.
En el tema de aborto, como en muchos otros temas, no se trata de sustituir una fe por otra, de hecho no se trata de combatir la fe de nadie, sino de respetar las ideas de todos y procurar profundizar nuestras democracias. Imponer dogmas o atemorizar a las personas no genera actos de conciencia. La ignorancia produce siempre frutos amargos. Miedo, irracionalidad, odio, imposición de creencias, falta de respeto a otras posturas y decisiones, no resuelve la situación ni favorece una vida digna.
En este nuevo escenario, tenemos hoy la oportunidad en Uruguay de alcanzar una legislación que nos permita enfrentar mejor la situación del aborto inseguro y clandestino. Hoy tenemos condiciones para tratar de superar este problema de justicia social y de salud pública. Hoy tenemos la oportunidad de aprender a convivir en la diversidad, garantizando igualdad de condiciones a todas las personas. No la desperdiciemos.
«La discordia moral –plantea la antropóloga brasileña Debora Diniz en sus estudios sobre bioética- ha sido parte de la vida humana organizada en sociedades. Donde han habido seres humanos reunidos en sociedades, han existido diferencias que condujeron a conflictos. La novedad para las sociedades libres y defensoras de la democracia es tratar de lidiar con los conflictos morales humanos de la manera menos violenta posible… Quizás el desafío de la modernidad no consista (entonces) en salir a buscar principios norteadores para alcanzar el bien-vivir universal, sino el encontrar las estrategias para contener la INTOLERANCIA. Jamás seremos sujetos plenamente tolerantes, este es un principio imposible, lo mejor será convertirnos en sujetos controlados en nuestras intolerancias».
