Las políticas de drogas en Uruguay se han caracterizado a lo largo de la historia por adherir a la “guerra contra las drogas”, criminalizando y penalizando tanto la tenencia como el tráfico de sustancias psicoactivas ilegales.
A partir del año 2013 con la regulación del mercado del cannabis psicoactivo y no psicoactivo, cambia el enfoque de las políticas respecto al cannabis, pasando del prohibicionismo a la reducción de daños. Lo cual implica una descriminalización de los/as usuarios/as mediante una aplicación justa de la ley1 y la promoción de la salud pública reduciendo los posibles daños derivados del abuso de la sustancia.
A su vez la ley 19.172 de regulación del mercado de cannabis fue impulsada como una medida de seguridad para mejorar la convivencia social, reduciendo el narcotráfico, y por ende la violencia. A pesar de esto, las personas encarceladas por delitos de drogas siguen en aumento, habiendo un incremento gradual de mujeres, y personas con bajo nivel educativo2, afectando los sectores más vulnerables de la sociedad.
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En 2017 el parlamento aprueba la ley 19.513 donde se aumentan las penas a los delitos de narcotráfico, haciendo que estas sean inexcarcelables, aunque se hace excepción con el cannabis, dejando la pena mínima en veinte meses de prisión (siendo para este caso excarcelable). Este aumento de penas no refleja ni condice con la estrategia impulsada desde la Junta Nacional de Drogas (JND), de desarrollo de un modelo alternativo al prohibicionista promoviendo un “enfoque integral y equilibrado, centrado en las personas, con perspectiva transversal en derechos humanos y género”3. El cambio propuesto desde la JND no se ha plasmado en el parlamento, ya que sigue primando la visión punitiva y represiva (central en el prohibicionismo).
Por otra parte, podemos observar que tanto en el movimiento cannabico como en la mayoría de los actores sociales públicos y privados involucrados en la implementación de la ley 19.172, prevalece una lógica patriarcal en la que se relaciona la cultura cannabica exclusivamente con el sexo masculino. El papel que la mujer tiene como consumidora recreativa o cultivadora debe ser eventual y está condicionada por la maternidad, el uso de drogas en general es visto como un desvío al comportamiento esperado como femenino (un ejemplo de esto es que las víctimas de agresiones sexuales que estaban bajo el efecto de alguna sustancia, son culpabilizadas por la sociedad). Las mujeres sufren una mayor estigmatización y vulnerabilidad que los usuarios varones, lo que hace que muchas mujeres no quieran visibilizarse.
En relación a esta situación vemos que hay más mujeres que se declaran como consumidoras de marihuana (33%) que mujeres que efectivizan su registro al acceso regulado de cannabis (23.5% de autocultivadoras y 27% de adquirentes). Lo que puede sugerir que en ámbitos donde fuman mujeres y varones se opta por el registro del varón, o que, siendo los varones los que consumen habitualmente y las mujeres ocasionalmente, se registran mayor proporción de estos por tener un consumo más constante4. Igualmente podemos decir que el consumo de marihuana para las mujeres está más relegado al ámbito privado y para los varones al ámbito público.
En cuanto a los procesamientos por delitos de drogas podemos observar que los varones tienen más procesamientos por tenencia y tráfico, mientras que las mujeres tienen en comparación, mayor cantidad de procesamientos por suministro y asistencia al narcotráfico. Lo que también sugiere que se traslada al narcotráfico (una economía ilegal), la asignación de roles socialmente tradicionales, dejando a la mujer los lugares más bajos en la jerarquía de las organizaciones de tráfico de drogas. No obstante, así como ha habido más participación de la mujer en otros ámbitos, ganando lugares de poder y decisión, podríamos pensar que está sucediendo lo mismo dentro de estas organizaciones, aunque no hay mucha información disponible al respecto.
Las políticas actuales han permitido una desmedida criminalización y encarcelamiento de mujeres, tanto en Uruguay como en el resto de América Latina. Frente a esto las políticas públicas no han avanzado en la inclusión de perspectiva de género, al contrario, se han endurecido las penas de delitos que son cada vez más feminizados, sin plantear penas alternativas, sin tener en cuenta la proporcionalidad de las penas para crímenes no violentos y sin contemplar la situación de sometimiento o vulnerabilidad en que se encuentran muchas de las mujeres que delinquen en este ámbito. Existen sesgos que estando institucionalizados no permiten la efectivización de políticas que combatan la inequidad en el plano de políticas sobre drogas, “las construcciones culturales en torno a lo femenino y lo masculino están cristalizadas en las estructuras y las prácticas del propio Estado”5; y en este caso en la articulación entre las distintas instituciones y la lógica de los distintos actores sigue primando un “marco de reglas y procedimientos androcéntricos, donde los elementos simbólicos del mundo cultural femenino están subordinados y devaluados respecto de los masculinos”(Rodríguez Gustá, 2008). Sin embargo, podemos visualizar una apertura desde la JND lo que permite espacios para generar políticas más integrales e igualitarias, aunque este impulso debería estar amparado y sostenido por leyes que acompañen la incorporación de perspectiva de género en las políticas sobre drogas.
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Bibliografía
Baudean M.: “Linea de Base para la evaluación y monitoreo de la regulación del cannabis recreativo en Uruguay, Monitor Cannabis, 2017.
“VI Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo dedrogas, 2016”, Junta Nacional de Drogas, 2016.
Galvéz Bermejo M, et al: “De petas y tetas. Mujeres y feminismos en la cultura cannabica”, Las sendas de la regulación del cannabis en España, Edicions Bellaterra, 2017.
Gutiérrez M.A., et al: “Percepciones Institucionales sobre los alcances de la implementación de la ley de regulación de cannabis”, 2014.
Ley 19.172 “REGULACION Y CONTROL DE CANNABIS”, 2013
Ley 19.513 “LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSFRONTERIZO”, 2017
Rodríguez Gustá A.L. : “Las políticas sensibles al género: variedades conceptuales y desafíos de Intervención”, 2008.
Notas al pie
1 Antes de la ley 19172 en Uruguay no estaba penalizado el consumo aunque en los hechos se podía acabar con un arresto por tenencia. El problema principal era determinar exactamente qué cantidad era para consumo personal y que cantidad era para la venta, dejando a discreción del juez la decisión. Lo que generaba que muchas personas fueran enviadas a prisión por cantidades mínimas como 15g, generando desigualdades en la aplicación de la ley.
2 Los delitos de drogas son los más feminizados de los delitos. Desde 2009 y hasta 2011, una de cada cuatro personas detenidas y una de cada tres procesadas por tráfico de drogas era mujer. Mientras que la participación de las mujeres en delitos relacionados a drogas era de 6% en 1989, en 2012 alcanzaba el 26%. En los últimos cuatro años, nueve de cada diez mujeres procesadas por delitos de drogas fueron privadas de libertad. *(María, la paz, tres pasos atrás, Clara Musto)
3 “Estrategia Nacional para el Abordaje del problema Nacional de Drogas 2016-2020”, Junta Nacional de Drogas, Presidencia de la República.
4 Datos obtenidos de la “VI Encuesta Nacional en Hogares sobre consumo de drogas, 2016” JND, Presidencia de la República y del “Informe sobre el mercado regulado del cannabis al 5 de junio de 2018”, Instituto de Regulación y Control de Cannabis, 2018.
5 Ana Laura Rodríguez Gustá : “Las políticas sensibles al género: variedades conceptuales y desafíos de intervención”, 2008
