Ginebra, 15 de Julio de 2016. Una delegación del Estado uruguayo encabezada por la directora de Inmujeres, Mariella Mazzotti, la senadora Mónica Xavier, el embajador Ricardo González y el juez integrante del Tribunal de Apelaciones Eduardo Cavalli, respondieron ayer en Ginebra las preguntas del Comité de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, en sus siglas en inglés). Tres representantes de organizaciones feministas uruguayas participaron de la sesión previa con el Comité de Expertas, presentando el Informe sombra de nuestro país. Ellas fueron Flor de María Meza por Cotidiano Mujer, Ana Lima por Cladem y Vicenta Camusso por la Colectiva Mujeres.
A partir de la documentación por las autoridades uruguayas (a la que puede accederse en este link: http://bit.ly/28LQNVg) y del informe alternativo presentado por la sociedad civil (http://bit.ly/29Vy5gA) el CEDAW examinó la situación de los derechos humanos de las mujeres.
El Comité preguntó con especial énfasis sobre la situación de las mujeres afrodescendientes, las mujeres rurales y las mujeres inmigrantes y sobre qué políticas públicas se implementarán para el pleno cumplimiento de sus derechos. En particular, qué medidas se impulsarán para la inclusión social de las refugiadas, el acceso a la tierra para las mujeres que viven en el campo, y el acceso a los derechos básicos de las afrodescendientes (salud, vivienda, educación).
Durante el examen se insistió en el abordaje de la desvinculación del sistema educativo de las adolescentes que cursan embarazos o maternidades y en el pendiente de elevar a 18 la edad mínima para contraer matrimonio (que actualmente es 16 años).
Hubo un capítulo para la baja integración femenina en diversos ámbitos (en los tres poderes del Estado, en la educación y en la diplomacia) y, en concreto, sobre la continuidad en el tiempo de las medidas afirmativas para la representatividad parlamentaria ya que la ley se aplicó por única vez (así lo establece) en las últimas elecciones nacionales.
La delegación uruguaya también recibió preguntas sobre el acceso a los servicios sanitarios de las mujeres y a la interrupción voluntaria del embarazo; la fiscalización del cumplimiento de la ley que regula el trabajo doméstico; la implementación del Sistema Nacional de Cuidados (en particular, por la capacitación de varones para esta tarea); y la existencia de campaña de promoción para que las estudiantes puedan optar por carreras universitarias no tradicionales.
En lo que respecta a la órbita judicial, el comité indagó sobre la actuación de los operadores frente a los casos de violencia doméstica (y violencia de género en general), las condiciones de reclusión de las privadas de libertad y en particular el traslado de El Molino, donde actualmente cumplen su pena las mujeres con hijos a cargo.
Las observaciones finales sobre Uruguay (y los demás Estados examinados) se conocerán el 25 de julio. Los integrantes del CEDAW son expertos independientes de distintas partes del mundo que trabajan a título personal y no como representantes de los estados miembros. Nuestro país participa de esta instancia al formar parte de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (http://bit.ly/1FrtOM1).
Adjunto en pdf:
Informe Alternativo para el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
Julio, 2016
