Noviembre es el mes de la lucha contra la violencia contra las mujeres. En columnas anteriores estuvimos refiriéndonos a tipos de violencia de género como feminicidio y femicidio. Existen otros tipos de violencia que están presentes en la sociedad y que en muchos casos suelen estar naturalizadas.
La violencia basada en género implica una relación de poder que se ejerce de una persona sobre otra; someter, dominar, controlar o imponer la voluntad de alguien sobre otra persona, generalmente esta violencia es ejercida sobre las mujeres. La mujer queda subordinada a la voluntad del varón. Situación que también se da con la explotación de niños, niñas y adolescentes. Para que se ejerza la violencia tiene que darse que existan dos partes en situaciones completamente diferentes en una relación asimétrica de poder.
Podemos diferenciar distintos tipos de violencia, por ejemplo: la violencia física y verbal, la misma puede detectarse fácilmente, puede ser cultural y tiene que ver con el lenguaje, con las tradiciones; la violencia que se da a través de los medios de comunicación, como la publicidad sexista, cosificando a la mujer ejerciendo así violencia hacia la ella. También puede darse la violencia estructural, que tiene que ver con las estructuras sociales, se encuentra arraigada a la estructura social, a las legislaciones de los países, a la estructura económica, a todo lo que sustenta la sociedad y que de alguna forma legitima la violencia hacia las mujeres; a una carencia de políticas públicas que atiendan los problemas con perspectiva de género.
La violencia basada en género es una forma de subordinación por motivos de género más duras y que limita el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres (violencia sexual). Si pensamos un poco cuales son las manifestaciones de la violencia basada en género podemos decir: los feminicidios o femicidios (que es el caso extremo donde se llega al homicidio de la mujer), violencia doméstica, abuso sexual infantil, de explotación sexual comercial y de trata de mujeres también para la explotación sexual.
Si nos remitimos estrictamente a la legislación, en el caso de la violencia doméstica y de la explotación sexual, hay dos leyes que tienen apenas diez años o un poquito más. La ley de violencia sexual comercial y no comercial cometida contra niños, niñas y adolescentes y/o incapaces, es una ley del año 2004 (Ley 17.815) que lo que hace es penalizar el delito de explotación sexual y condena explícitamente la fabricación, producción, comercialización y/o difusión de material pornográfico, la facilitación de su comercio y difusión, la retribución o promesa de retribución de que se cometan actos eróticos de cualquier tipo y la contribución a la explotación y al tráfico de personas menores de edad. En el caso de la ley de violencia doméstica, antes de la ley no se contaban las muertes de mujeres, se decía que era una muerte pasional quedando invisibilizado el delito que se estaba cometiendo, el de violencia doméstica, hoy en día es un delito especifico.
Para poder avanzar en el abordaje del problema, hay términos que deberían erradicarse, como “crimen pasional” o “prostitución infantil”, no existe la prostitución infantil, existe la explotación infantil. Este tipo de conceptos dejan de ver a la víctima como víctima, naturalizan situaciones y no se visibiliza a la persona como víctima. Para atender este tipo de temas desde el CONAPES, INAU y UNICEF se lanzó en el 2014 una campaña publicitaria llamado “no hay excusas” en la que se intentaba visibilizar a las víctimas como tales, desnaturalizando el fenómeno, aspirando que los que demandan ciertos servicios son explotadores y están cometiendo un delito.
A efectos de ahondar aún más en el tema, en setiembre de 2015, ONU mujeres en conjunto con Cotidiano Mujer publicó un trabajo de investigación realizado por la periodista Nausícaa Palomeque, llamado “Rivera – Crónicas de la explotación sexual”[1]. Este estudio arroja varios resultados interesantes en lo que refiere a la explotación en el Departamento de Rivera; explicando por qué específicamente este departamento es en el que más se encuentra presente el delito de explotación. Siendo un departamento con frontera seca con Brasil, se transforma en un lugar propicio para que quede invisibilizado e impune el delito. Generalmente la metodología que se utiliza es que en las inmediaciones de los liceos paren camionetas 4 x 4 ofreciendo “carona” (en español puede traducirse como “hacer dedo”), se ofrece “carona” prometiendo distintas cosas materiales, pero una vez que suben al vehículo, cruzan la frontera y terminan desapareciendo, siendo explotadas o traficadas; las víctimas rondan entre los 13 y 16 años, y los explotadores son en su mayoría hombres de entre 40 y 60 años.
Las dificultades que se presentan para el abordaje del problema son varias, puesto que existe poca coordinación entre la policía uruguaya y brasilera, por ejemplo quién es sospechoso en Uruguay debe ser detenido en Uruguay; los celulares en su mayoría son brasileros por lo que no pueden ser intervenidos. Si se necesita información de la policía brasilera, es un trámite muy engorroso para que se llegue a conseguir. Si bien en el Departamento de Rivera, la policía implementó una central exclusiva para la investigación de estos delitos, por parte de otras instituciones no se cuenta con mecanismos para la atención de víctimas. Al comienzo los casos eran abordados como provenientes de grandes organizaciones delictivas; al profundizar en el tema se encontró que existe también explotación interna la que es más difícil de detectar puesto que quienes ejercen la explotación generalmente son vecinos y conocidos de las víctimas.
Entrevistada la Lic. Andrea Tuana, experta en violencia de género y coordinadora de la ONG “El Paso”, plantea que la situación en Uruguay año a año se hace más visible la problemática porque más personas se acercan a hacer denuncias a recurrir a los servicios. No tiene que ver con un aumento, sino con una visibilización, porque esta problemática siempre existió. Esto tiene que ver con dos cosas, un esfuerzo importante de colectivos de mujeres, de feministas, de organizaciones sociales y también de personas que trabajan en la institucionalidad de colocar el problema como un problema de derechos humanos y de difundir y por otro lado de ciertas respuestas que a partir de las leyes se empezaron a generar y empezaron a brindar caminos para quienes se encuentran en esa situación, es un tema que ha ganado lugar en la agenda pública y ha ganado lugar en empezar a ver y visualizar donde estamos.
Tenemos muchas carencias y dificultades sociales básicamente en dos ejes: trabajar en la prevención en lo cultural que es lo que en definitiva trajo la violencia; y, en otro eje que estamos en cero es en las respuestas concretas que se les da a las mujeres y a los niños y niñas. Para trabajar en la prevención deberíamos buscar la voluntad política para la erradicación del patriarcado, no sólo en términos de leyes y decretos sino que también en la distribución de recursos para la atención de la situación. La respuesta a la violencia se comenzó a rutinizar los procesos de violencia.
Por ejemplo en lo que tiene que ver con los juzgados especializados, se debería nombrar recursos por sus competencias, por su capacitación y debería haber una evaluación, mejorar las defensorías. Se debería incorporar el tema en las curriculas de educación en todos los niveles. En el ámbito de la salud, los equipos de referencia no están alcanzando a atender la cantidad de demandas, deberían responder más profundamente, detectando más de lo que detectan, intervenir y dar atención a las personas. Inau brinda sólo servicios de atención en Montevideo, en el interior, los niños no tienen a donde recurrir. En el caso de las mujeres también está centralizado en Montevideo, son pocas horas que atienden los servicios técnicos y en el medio rural se encuentran muy desprotegidas.
Las personas que están en los lugares de decisión y poder no vinculan la violencia con la equidad. Es esencial una mirada de la violencia de relaciones desiguales, es una mirada revolucionaria de la situación por eso considero que no hay un verdadero compromiso con este tema. La capacitación en este tema no solo necesita dar a conocer protocolos sino también que cada uno desmonte su propia construcción cultural para abordar la problemática desde los derechos humanos para no volver a violentar a la persona que se está atendiendo. Esa es la forma de que no se tome como algo políticamente correcto para que no sea superficial.
