Protegida en las Constituciones de nuestros países, la libertad continúa siendo una conquista endeble en
Latinoamérica y el Caribe (LAC). La libertad de conciencia, la libertad religiosa y la libertad de decidir acerca
de nuestra sexualidad y reproducción son algunas de sus formas. Sin embargo, la objeción de conciencia (OC), en el marco de los servicios integrales de aborto legal, parecería poner en tensión estas libertades, en la medida en que un profesional de la salud1 reclama ser exceptuado del cumplimiento de un deber jurídico y médico al atender la solicitud de una mujer, alegando que esa solicitud afecta sus más íntimas convicciones morales.
Al mismo tiempo, la OC también interpela los compromisos de igualdad, en la medida en que supone resistir el cumplimiento de una norma aplicable como regla a todos, y que son las mujeres con menos recursos (económicos y sociales) las expuestas a mayores perjuicios en la implementación de la OC en el campo de la salud sexual y reproductiva.
Desde hace algunos años, la OC se ha instalado en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) en varios países de LAC2; algunos se han prestado a incorporarla en sus legislaciones sobre aborto legal3.
Una de las razones por la que estamos dispuestos, como comunidades políticas, a permitir que una persona se exceptúe del cumplimiento de un deber que recae sobre el resto de su grupo, es para proteger su integridad moral. Sin embargo, en el terreno de la sexualidad y la reproducción, debemos identificar las diferencias entre un instituto que protege la integridad moral personal y una figura que encubre e invisibiliza barreras que aun permanecen instaladas en el diseño e implementación de políticas y regulaciones de aborto legal4.
