Cuestión de derechos

Marta González

Numerosas organizaciones de la sociedad civil, y organismos de derechos humanos, dan cuenta de la necesidad de trabajar en conjunto para repensar las políticas públicas de justicia juvenil. Mientras algunos y algunas claman por bajar la edad de imputabilidad a los 16 años, hay un conjunto amplio de la sociedad civil que cuestiona desde qué lugar se piensa el sistema penal juvenil actual.

Poner la mirada en las jóvenes privadas de libertad, (que son un porcentaje marginal de las estadísticas), es un reto para quienes trabajamos en la promoción de derechos de las mujeres. Actualmente unas cuarenta chicas de entre 14 y 18 años permanecen en el Centro de Ingresos Adolescentes Femeninas (CIAF), el único establecimiento de privación de libertad para adolescentes mujeres que existe en Uruguay. Depende del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), que desde del año 2011 está en la órbita del INAU, como marca la Ley 18771.

En junio de 2014 la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) emitió un informe en el que daba cuenta de una serie de vulneraciones a los derechos de la niñas y adolescentes. El hacinamiento, la falta de saneamiento, la carencia de una oferta educativa y formativa a largo plazo que no fortalezca los estereotipos de género tradicionales, así como la excesiva medicalización, la falta de tiempo de convivencia y espacios de esparcimiento, fueron señalados como vulneradores de derechos. A raíz de ese informe, el Centro fue intervenido con el objeto de revertir estas situaciones y presionar para que se comenzara a visualizar cambios y mejoras, tanto en el trato a las adolescentes como en la infraestructura y el uso del espacio.

El número sí importa

Si bien es necesario remarcar que los abusos ha sido un denominador común del Sistema Penal Juvenil, en este caso centramos la atención en la situación de las niñas y adolescentes que se encuentran en el CIAF. Tal como indica el informe “Delincuencia Juvenil en la Ciudad de Montevideo”, de la Fundación Justicia y Derecho de 2013, el número de mujeres que delinquen es mucho menor que el de varones, siendo un 7,3% de la población en 2010 en Montevideo. Esto genera situaciones de exclusión solapadas. El abogado Javier Palummo, confirma que generalmente las adolescentes privadas de libertad suelen ser un porcentaje muy pequeño y entonces es usual en toda la región que eso conspire con una adecuada respuesta. En primera instancia porque no suele ser un centro de las políticas públicas, en segunda instancia porque las autoridades que están a cargo de la privación de libertad no suelen tener una formaciónón específica y menos aún una perspectiva de género. Y tercero porque como son tan pocas no suelen ocupar un lugar central en la agenda.

Según la legislación vigente, se deben tener en cuenta criterios de edad, gravedad de la infracción o adaptación a la convivencia, entre otro, aunque esto es algo que no se da en el CIAF. En esa línea, Ana Vigna, investigadora del área de violencia y criminalidad de la UDELAR, coincide en que es una realidad que se extiende también al sistema adulto, sin división etaria, ni por tipo de delito, ni por conducta. En el caso del interior, explica, que a menudo las mujeres presas están en pabellones dentro las cárceles de varones. Vigna afirma además que el porcentaje menor de adolescentes que delinquen tiene también que ver con el mayor control social y de supervisión que tienen las mujeres respecto a los varones en relación al uso y forma de estar en el espacio público. Esta lineamiento es compartido por la socióloga Laura López en su artículo “Géneros de encierro: cuando las adolescentes son las internadas”, que hace énfasis en las trayectorias de violencia sexual y física que muchas adolescentes privadas de libertad han sufrido en un sistema penal altamente masculinizado.

El análisis sobre los perfiles delictivos entre varones y mujeres también indica diferencias significativas de género. En ambos casos las trayectorias violentas y los contextos de exclusión y marginación son un escenario estructural de la comisión de un delito. En el caso de las mujeres, como especifica la socióloga Nilia Viscardi, investigadora en tema de violencia, educación y juventud, por lo general, las pocas mujeres que participan en actividades delictivas de corte masculino, o sea rapiñeras, chorras… lo hacen desde un lugar tradicionalmente femenino en el sentido de acompañar al varón. En sus trabajos ha registrado también una mayor vinculación de mujeres en actividades delictivas como marco de una estrategia familiar.

El hacinamiento es una constante en el centro. La Dra Mirtha Guianze, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos explica que se le fue quitando espacio a las mujeres a medida que crecía la población de varones, y quedaron entre dos establecimientos. Al reformarse la legislación en 2013 y establecer un mínimo de un año para determinados delitos, entre ellos la rapiña que constituye el mayor porcentaje de delitos cometidos por adolescentes se produce un taponamiento inevitable, como afirman Guianze y Palummo. Una de las talleristas que trabaja en el CIAF explica que las condiciones de encierro desde la configuración del propio edificio son más que notorias, incluso el techo del patio son rejas, apunta. En esa línea, Guianze señala que se han multiplicado los alambrados, los grilletes, y las horas de encierro. Tienen sus ropas en cajas de cartón, hay muy mal acondicionamiento y faltan criterios de humanidad básicos, añade. Además coinciden en que existen pocas instancias de socialización y convivencia.

Otro punto que se destaca es la excesiva psiquiatrización que se da en la privación de libertad de mujeres adultas y adolescentes. El índice de consumo de psicofármacos por prescripción médica es mucho mayor en mujeres en el sistema carcelario, afirma Vigna. Además indican que al no haber un sistema de reinserción real, ni un plan de egreso y seguimiento a la salida, esto afecta también a la falta de un control médico luego de periodos largos medicándose con altas dosis diarias.

Materia pendiente

Pensar en la trasversalidad de género de las políticas públicas en temas como la maternidad, los cuidados, el tipo de talleres que se ofrecen, la oferta educativa y la socialización de los espacios es todavía una tarea pendiente. Como sostiene Vigna, el fenómeno delictivo está fuertemente marcado por la estructura de género. Podemos pensar en la discriminación en el sistema de trabajo legal, y también esa discriminación o ese tipo de roles de género, se reproducen en el ámbito delictivo.

El modelo de formación y educación que hay para las adolescentes es bastante limitado, y enfatiza los roles más tradicionales. Hay clases de peluquería, orfebrería, yoga o trabajos muy puntuales sin una perspectiva a largo plazo, con una fuerte presencia del castigo. Aunque hay una mayor vinculación con la educación formal previa al ingreso respecto a los varones, se marca que hay una falta de seguimiento pedagógico y educativo real en la privación de libertad, pues además los horarios lectivos les descuentan tiempo del espacio de convivencia. Viscardi afirma que pese a que debería haber medidas socioeducativas -que son las que señala el artículo 79 del Código de la Niñez y la Adolescencia- en realidad hay un sistema que no tiene paradigma educativo, y que es esencial incluir un fuerte trabajo educativo a través de lo corporal, salidas pedagógicas, y después dentro de la gama de lo educativo que se ejercite la escritura, la matemática , y también trabajar el tema de la maternidad.

En relación a la cantidad de adolescentes privadas de libertad, el número de madres y embarazadas es significativo. Para Patricia Roselli, una de las talleristas de la ONG Procul, hay una gran carencia de educación respecto a lo que es la maternidad. Como afirma Viscardi, en las mujeres que tienen trayectorias delictivas, al igual que en el conjunto de las que viven en sectores de pobreza y exclusión, la búsqueda de la maternidad se vincula fuertemente con la única posibilidad que las mujeres tienen de cambiar su estatus social. La condición de niña y adolescente sin hijos las relega a ella familiarmente a un espacio que las desempodera doblemente. Así, pone énfasis en la necesidad de mejorar condiciones y apostar a futuro; educando en que tienen derecho a decidir sobre su maternidad. Para Guianze, se deberían buscar alternativas para que las muchachas no estén presas con sus hijos y tengan otro tipo de medida de contención o vigilancia.

Vigna señala que en el sistema adulto han habido avances significativos con la Mesa de Mujeres Privadas de Libertad y la Comisión de Género del Instituto Nacional de Rehabilitación, que se ha traducido en políticas más integrales y formativas. Asimismo afirma que hay una oferta más amplia y que recientemente se ha puesto en marcha en El Molino, un establecimiento específico para mujeres con hijos, con capacidad limitada para treinta personas. En el CIAF, las adolescentes que tienen los bebés cuentan con un cuarto común, que comparten con otras compañeras. Aunque se les proporcionan estantes para la ropa y cunas, hay una carencia importante de apoyo psicológico. Parece que la intervención del centro luego del informe de la INDDHH, ha revertido en algunas mejoras, lo que se constató en la visita que hicieron en setiembre.

Guianze apunta que ha habido algunas cambios, especialmente en lo que respecta al saneamiento de los baños, a la situación de las piezas donde se encuentran las adolescentes con los bebés y el uso del patio y los espacios de convivencia. Sostiene que se ha comprobado un mejor trato, ya se les apaga la luz para dormir y lo casos más flagrantes que denunciamos como la chica que dormía en el piso, o la censura de las cartas personales o la habilitación de un espacio para poder hacer llamadas, parece que ya no se dan. Aún así, persisten las condiciones de hacinamiento y hay muchas cosas que deben modificar. Es esencial que exista un plan de salida efectivo, una menor presencia del castigo y un sistema de reinserción donde primen las medidas socioeducativas y no la asimilaciónón a un sistema adulto y punitivo.