Las organizaciones sociales que hoy nos auto-convocamos, exigimos un sistema de justicia nacional que garantice los derechos humanos, y no que garantice la impunidad de quienes los violan.
La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes es una grave violación a los derechos humanos y cualquier pronunciamiento judicial que absuelva a sus perpetradores y responsables merecerá de nosotros el enfático rechazo.
Nos conmociona nuestra realidad y por eso hacemos un llamamiento a la sociedad uruguaya, para que tome conciencia de la real dimensión de éstos hechos y no se mantenga indiferente: vivimos en un país en el cual, hoy, los adultos negocian cuánto vale, que precio tiene, abusar sexualmente del cuerpo de las niñas, niños y adolescentes, como si fueran una mercancía.
Nos indigna saber que negocian sus cuerpos, que pactan un precio, que hay clientes que los compran y pagan; otros que los venden y lo cobran, que hay comisiones e intermediarios, y con facilidad se gira dinero y los trasladan como paquetes por encomienda de un punto a otro del país o de los departamentos y los entregan a los perpetradores para que los exploten sexualmente. Nos preocupa saber que en virtud de complicidades varias y de omisiones institucionales, la mayoría de los casos de explotación sexual adolescente ni siquiera llegan a ser judicializados.
El Estado Uruguayo tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar este tipo de delitos, conforme corresponde con el principio y deber de debida diligencia, obligación asumida en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que ha ratificado. El Poder Judicial forma parte fundamental del Estado Uruguayo y como tal debe responder con pronunciamientos jurisdiccionales que se encuentren a la altura de estilo que requieren la protección de derechos fundamentales.
Que nadie confunda nuestra presencia. No venimos a la puerta de la Suprema Corte de Justicia por simple disgusto, tampoco a cuestionar ni las facultades, ni la legitimidad, ni la independencia técnica de los funcionarios/as públicos que se despeñan como magistrados/as, para en el ejercicio de su función y ante un caso concreto, valorar los hechos y pronunciarse de la forma en que mejor lo consideren. Ese es su trabajo, su función, y lo respetamos.
Las organizaciones sociales tampoco venimos para enjuiciar a ninguna persona en particular, porque nuestro rol es otro. Nosotras no somos empleados/as del poder judicial, no somos jueces/as y tampoco pretendemos serlo.
Llegamos hasta acá, no como la simple sumatoria de voluntades aisladas. Nos distingue la pertenencia a organizaciones que históricamente vienen trabajando a diario, para que los derechos humanos sean una realidad de vida en éste país, y no letra fría de la ley o un mero discurso institucional para la galería internacional.
Nuestro derecho a la participación y control social hace al desarrollo democrático de éste país, y lo ejercemos sobre la gestión y calidad de los servicios públicos en todos los poderes del Estado.
Para fortalecer nuestra democracia necesitamos de un poder judicial que no nos coloque vallas; un poder judicial capaz de comprender y respetar nuestro rol, un poder judicial al que no le preocupe que ejerzamos nuestro derecho a manifestarnos y expresar libremente nuestro pensamiento.
El Estado Uruguayo, debe garantizar “una respuesta judicial idónea, inmediata, oportuna, exhaustiva, seria e imparcial, frente a actos de violencia contra las mujeres” (CIDH). No solo porque las organizaciones y ciudadanía en general se lo exijan, sino porque es una obligación que el Estado Uruguayo asumió a nivel internacional y debe cumplir.
Y con este lineamiento, hoy manifestamos:
- Las adolescentes sometidas a explotación sexual son víctimas de este tipo de delito y dadas las condiciones de desventaja y la violencia a las que se las somete, tanto física como psíquicamente, las adolescentes víctimas no son responsables en ninguna medida.
- La utilización de su historia sexual como forma de justificación o atenuación de la responsabilidad de los perpetradores es un nuevo delito contra su persona y es considerada prueba ilícita según los estándares internacionales.
- Resulta fundamental destacar que la aceptación por parte del niño o la niña de la transacción resulta irrelevante, más aún en contextos de coercibilidad, tal como lo establecen las principales normas internacionales.
- Son responsables del delito todas las personas que contribuyen, y bajo ningún concepto debería permanecer impune quien realizó retribuciones, en dinero y en especie, a una adolescente para mantener relaciones sexuales con ella.
- Consideramos que los sistemas de justicia de cualquier país juegan un rol vital en el respeto y fortalecimiento de la democracia. Y, como parte de este proceso, es nuestro compromiso desactivar todos los sesgos que afectan negativamente a las víctimas.
- Para que los órganos judiciales respondan ante estas situaciones con efectividad y justicia resulta imprescindible revisar y eliminar las concepciones adulto-céntricas, estereotipos sexistas y prejuicios de clase que sustentan estos delitos y contaminan luego su análisis, evaluación, e incluso la interpretación misma de la ley.
Finalmente las organizaciones reiteramos nuestro compromiso de agotar todas las instancias nacionales y activar las internacionales, para que el Estado Uruguayo cumpla cabalmente su obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar la vulneración de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual. Y en caso de incumplimiento a esas obligaciones, que el Estado asuma su responsabilidad ante las víctimas, la sociedad uruguaya y la comunidad internacional.
Hoy somos:
AGENCIA VOZ Y VOS
AIRE.UY
AMNISTÍA INTERNACIONAL URUGUAY
S.A.I. PROGRAMA ARCOIRIS
CAINFO
CASA DE LA MUJER DE LA UNIÓN
CENTRO INTERDISCIPLINARIO CAMINOS
CIRE – CIUDADANÍAS EN RED
CLADEM-URUGUAY
CLAI
CNS MUJERES POR DEMOCRACIA EQUIDAD Y CIUDADANÍA
COMITE DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
COLECTIVA MUJERES
COLECTIVO LA PITANGA
COMITÉ DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA CIUDAD DE LA COSTA
COTIDIANO MUJER
COOPERATIVA MUJER AHORA
DATA – DATOS ABIERTOS, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
EL ABROJO
EL PASO
FLACSO-URUGUAY – PROGRAMA GÉNERO Y CULTURA
FUNDACIÓN VISIONAIR
IACI – INFANCIA Y ADOLESCENCIA CIUDADANA
INSTITUTO MUJER Y SOCIEDAD
JUVENTUD PARA CRISTO-PROGRAMAS CLAVES
MYSU – MUJER Y SALUD EN URUGUAY
MUJERES DE NEGRO URUGUAY
MUJERES DE VISTA LINDA
MUJERES DEL OBELISCO
MUJERES EN EL HORNO
MUJERES LAS PIEDRAS
OVEJAS NEGRAS
PRODERECHOS
RED CANARIAS EN MOVIMIENTO
RED DE MUJERES AFROLATINOAMERICANAS AFROCARIBEÑAS Y DE LA DIASPORA
RED URUGUAYA CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL
SERPAJ
SEXUR- INSTITUTO DE FORMACIÓN SEXOLÓGICA INTEGRAL
URUGUAY TRANSPARENTE
UTRU – UNIÓN TRANS DEL URUGUAY
Somos nosotros quienes decimos con voz firme, humilde, y clara que exigimos un sistema de justicia nacional que garantice los derechos humanos, y no, que garantice la impunidad de quienes los violan.
