En estos momentos en los que la tarea de la Institución Nacional de Derechos Humanos está siendo cuestionada por ejercer sus poderes legales de Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, respecto a las condiciones de los adolescentes detenidos en centros del SIRPA, las organizaciones y personas abajo firmantes
DECLARAMOS
1. Nuestro apoyo a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo como espacio de control y seguimiento del Estado sobre sus propias acciones. La creación de esta nueva institucionalidad fue una conquista en el proceso de afianzamiento del Estado de Derecho. El reciente Informe publicado por la Institución sobre las visitas realizadas en el año 2013 al sistema carcelario juvenil, una vez más corrobora el contenido de informes y recomendaciones que parte de la sociedad civil junto a organizaciones internacionales vienen desarrollando desde hace años. Las situaciones visibilizadas muestran nuevamente las graves violaciones a los derechos de los adolescentes que suceden en los centros de detención juvenil, y cuestionan conceptual y estructuralmente a la cárcel como lugar propicio para disminuir la criminalidad adolescente. Por el contrario, la cárcel refuerza el proceso de exclusión, neutralización y estigmatización de poblaciones desaventajadas en el acceso a sus derechos fundamentales.
2. Entendemos que los órganos de dirección tienen responsabilidad sobre gran parte de las acciones que llevan adelante las instituciones. También vale mencionar que las dificultades, dinámicas y culturas institucionales condicionan los cambios en las instituciones, provocando retrasos sustanciales. Por tal motivo, creemos necesario revisar permanentemente las políticas de gestión y realizar los cambios necesarios a la luz de muestras de desconfianzas continuas. En este sentido creemos imperioso relevar a la actual dirección del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente generando de esta forma una señal política clara y precisa acorde con la nueva agenda de derechos impulsada desde el Estado.
3. Creemos también que todos los actores que operan dentro del Sistema Penal y Carcelario tienen cuotas de responsabilidades en su funcionamiento. En este sentido visualizamos la falta de apoyo y las precarias condiciones de trabajo de la mayoría de los funcionarios que desarrollan tareas dentro del sistema. Sin previa capacitación y formación se les adjudican funciones complejas, con mínimos o nulos recursos de infraestructura. No obstante y -en coherencia con la rica historia del movimiento sindical- en su lucha permanente por los derechos de los trabajadores, es intolerable la utilización de la violencia en sus múltiples formas y sentidos. Ninguna situación o condición justifica la Tortura, Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Por tal motivo convocamos a los trabajadores del sistema y al movimiento sindical en su conjunto a promover buenas prácticas de ejercicio de sus funciones y a actuar de forma firme y rápida sobre cualquier uso desmedido de la fuerza dando una señal clara que LA TORTURA NO SE TOLERA Y SE PERSIGUE.
4. Reafirmamos nuestro compromiso inclaudicable con la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Nos pronunciamos en contra de la Baja de la Edad Penal Adolescente. Este tipo de medidas continuarán favoreciendo los estereotipos y las desconfianzas simbólicas y en nada ayudarán a disminuir los delitos cometidos por adolescentes. Sería aconsejable la promoción de una política de Estado que aborde el delito juvenil basada en la prevención comunitaria y en la disuasión. Para ello es necesario profundizar algunos ejes de políticas sociales que el Estado ha venido desarrollando.
5. Convocamos a la reflexión de todos los actores involucrados a fin de facilitar espacios propositivos de intercambio, buscando siempre avanzar y profundizar en materia de derechos.
Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo(ANONG)
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos
Fundación Mario Benedetti
Cotidiano Mujer
Mujer y Sociedad Uruguay (MYSU)
Mujer Ahora
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO)
Servicio Paz y Justicia Uruguay (SERPAJ)
Instituto de Estudios Legales y Sociales Uruguay (IELSUR)
Grupo de familiares de adolescentes privados de libertad
Organización Mundial Contra La Tortura (OMCT)
Comité de los Derechos del Niño Uruguay- CDNU
Defensa de los Niños Internacional Uruguay (DNI)
El Abrojo
La Barca
Vida y Educación
Gurises Unidos
El Tejano
Luna Nueva
Aldeas Infantiles
Asociación Civil El Paso
Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Uruguay (CIEDUR)
Servicio y Acciones para la Infancia (S.A.I)
Red Uruguaya contra la Violencia Domestica y Sexual
Red ProSistema de Cuidados
Grupo de Derecho y Género, Facultad de Derecho- UdelaR
Red por un Gobierno Abierto
Ciudadanías en Red (CIRE)
Datos Abiertos, Transparencia y Acceso a la información (D.A.T.A)
Movimiento Derecho a la Cultura
Festival de Cine Tenemos que ver
Infancia Adolescencia Ciudadana (IACI)
Adhesiones individuales
Rafael Paternain
Rafael Bayce
Samuel Blixen
Valeria Rubino
Guillermo Lamolle
Leonardo Mattioli Valverde
Soledad Platero
Daniel Gil
Olga Laura Fernández Ogando
Daniel Fessler
Daniel Viñar
Carmen Ruth Robaina Aparicio
Carlos Andrés Hipogrosso Fernández
Rafael Cantera Carlomagno
María Carolina Blixen
Alma Bolón Pedretti
Raúl Zibechi
Ana Inés Larre Borges
Nicolás Duffau
Magdalena Broquetas
Marcelo Rossal
Nairí Aharonián
María Cristina Umpiérrez Pacheco
Sandino Núñez
Daniel Vidal Saraví
Alma Pedretti
Anahit Aharonian Kharputlian
Inés Martínez
Louise Von Bergen
Estela Acosta y Lara
Andrea Vigorito
Nicolás Trajtenberg
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