En el debate sobre la despenalización del aborto mucho se grita y poco se dice. ¿Cómo se abaten prejuicios y atropellos a los derechos de las mujeres? ¿Cómo sensibilizar a la clase política?

El libro fue publicado en el 2003, ¿has notado algún cambio en el tema del aborto desde entonces?

Nuestro trabajo contiene un conjunto de indicaciones acerca de cómo se comporta la sociedad uruguaya, tanto en lo que tiene que ver con el aborto como situación, en lo que tiene que ver con la condiciones de vida de las mujeres, en lo que tiene que ver con la manera de tramitarse o no los conflictos, con esa difícil relación o tensión entre las prácticas ciudadanas y el cuerpo legal, normativo. El título que le pusimos al libro, “Condena, tolerancia y negación”, ha estado presente en la manera en que el conjunto de la sociedad recibió este trabajo. En los hechos encontramos pistas de la utilización de los insumos que nosotros hemos aportado – en su momento la Comisión de Salud del Senado y la propia Senadora Mónica Xavier usaron tanto los datos como algunas de nuestras conclusiones como parte de la argumentación central para la propuesta de aprobación de la Ley en Defensa de la Salud Reproductiva- pero no ha habido una asunción colectiva por parte de los diferentes agentes que intervienen en la práctica del aborto la medida en que nosotros esperábamos. De todas formas, se han producido una serie de cambios yo creo que muy relevantes, en tanto que, en primer lugar, el tema del aborto ha quedado definitivamente instalado en la vida pública como un dato: el Uruguay es un país en el cual la práctica del aborto es sistemática y consuetudinaria, yo diría a esta altura que se puede afirmar que es una estrategia consensuada en forma no explícita para regular la fecundidad en nuestra sociedad. De hecho, la tasa de aborto que nosotros calculamos (38,5%) sitúa a Uruguay entre los 11 primeros países del mundo, en un ranking de 180 y nos coloca en la misma situación de los países que tienen el aborto legal pero que tiene grandes déficit en políticas públicas de salud sexual y reproductiva.

Esa cifra ha sido a veces polémica en el sentido de que es una aproximación. Se han manejado cifras mucho mayores o inferiores.

En los hechos nadie ha polemizado con nuestra cifra, ni en la órbita estatal, ni desde la sociedad civil ni desde el ámbito médico. Creo que las estrategias sobre las cuales nosotros construimos las estimaciones cuantitativas son muy consistentes. Trabajamos en un equipo, integrado por la antropóloga Susana Rostagnol, la socióloga Mónica Guchin, y el estadístico Américo Migliónico. Construimos las hipótesis sobre la base de experimentar primero con algunas estrategias cuantitativas utilizadas en otros países de América Latina, pero siempre llegábamos a conclusiones que no se sostenían. Ese camino de fracaso con las estrategias derivadas de otros países nos llevó a intentar construir una aproximación sobre la base de definir tres universos de mujeres que recurren a la práctica del aborto en Uruguay:

- quienes tienen recursos económicos importantes y/o un alto capital social, o una red de vínculos sociales, y abortan fundamentalmente en clínicas de buen nivel
- las mujeres que tienen un buen capital social, de recursos económicos más escasos, que también abortan en clínicas
- y las mujeres carentes de recursos económicos y capital social, o con un capital social diferencial anclado fundamentalmente en redes femeninas de solidaridad, que lo hacen en lo que nosotros definimos como prácticas o recursos populares.

Esas estimaciones se hicieron sobre la base de informaciones recabadas en clínicas y de datos obtenidos a través de registros médicos y estadísticas del Ministerio de Salud Pública. De fines de 2003 hasta la fecha la medicina, la salud como campo han asumido este problema en sus múltiples dimensiones, no ya sólo como un problema epidemiológico sino como un problema de justicia, de equidad, de democracia, de sociabilidad, y esto ha sido un factor gravitante en la construcción de un nuevo escenario para las mujeres que tienen que enfrentar la práctica del aborto. Un nuevo escenario que todavía está muy limitado, pero en el que ha sido central el trabajo desplegado por el grupo “Iniciativas médicas contra el aborto provocado en condiciones de riesgo“, de Iniciativas Sanitarias, que diera lugar a una policlínica que hasta el día de hoy funciona en el Centro Hospitalario Pereira Rossell, y que tiene como característica recibir a las mujeres que demandan interrumpir un embarazo voluntariamente, las asesora sobre cómo no hacerlo en términos que pongan en riesgo su vida y su salud y, en caso de que interrumpan el embarazo fuera del servicio –porque por razones legales no puede brindarles- las recibe para brindarles atención postaborto. Yo diría que este es el cambio más importante ocurrido a la fecha, porque abate uno de los componentes más importantes que registramos en lo que tiene que ver con la construcción de vulnerabilidad desde las mujeres, que es la violencia institucional. Hasta fin de 2002 todavía era práctica corriente que los médicos de los servicios de salud denunciaran a las mujeres que se presentaban con complicaciones de aborto o que demandaban interrumpir un embarazo.
El libro cuenta con muchas fuentes que uno preveía no serían de fácil acceso, por ser el aborto una práctica ilegal en nuestro país. Estamos hablando de médicos que practican abortos, de clínicas clandestinas, de mujeres que han abortado, ¿cómo accedió el equipo de investigación a esas fuentes tan reservadas?
La hipótesis de que estas fuentes son de difícil acceso parte de una coartada con que la sociedad uruguaya se ha manejado históricamente. Una de las cosas que demostramos con este trabajo es que eso no es así. ¿Cómo accedimos? Sobre la base de confianzas, y de confianzas delegadas, en especial en las clínicas, que en general parece ser lo que más sorprende. Tenía vínculos personales con las clínicas generados en el proceso legislativo en el cual participé en el año 1992, 1993 y 1994, promoviendo la legalización del aborto. Contrariamente a lo que es sospecha común, en un número muy importante tenían sus apuestas hechas a la legalización de la práctica del aborto y no al mantenimiento del status ilegal, por cuanto se consideran brindadores de un servicio especializado y la legalización no suponía –según ellos entienden- la pérdida del espacio de trabajo sino la generación de condiciones de trabajo en las cuales, entre otras cosas, ya no debían enfrentar los riesgos y costos económicos de las coimas con las cuales sostienen su actividad en la ilegalidad. Por otra parte, también accedimos al circuito de las clínicas a través de mujeres que se habían practicado abortos en alguna de las clínicas en distintos lugares del país y que hicieron el contacto con la red de accarreadores o con los propios practicantes de abortos. Con las mujeres que se practicaron abortos accedimos a través del proceso de conocimiento que cualquiera que lleve unos años viviendo en Uruguay puede tener. En la práctica, la inmensa mayoría de l@s uruguay@s tenemos algún conocido o conocida que ha tenido que pasar por esa situación y, la confianza generada por la manera en que hemos tratado este tema públicamente, nos franqueó el camino. Por otra parte, el hecho de que esta investigación fuera propiciada por un organismo de Naciones Unidas permitió que la Suprema Corte de Justicia y las autoridades de Salud Pública abrieran el espacio tanto a la investigación de expedientes judiciales sustanciados contra algunos practicantes de abortos, como a nivel del registro médico, etc. Finalmente tuvimos también por estas vías acceso a grupos de familiares o allegad@s a mujeres que habían fallecido como resultado de abortos practicados en determinadas circunstancias, incluyendo el acceso a familiares de una ciudadana argentina que murió aquí, en el 2001.

A lo largo de la investigación, ¿se confirmaron o modificaron las hipótesis de trabajo iniciales?

Yo creo que las principales hipótesis con las cuales iniciamos nuestro trabajo se confirmaron y en todo caso adquirieron mayor densidad. La percepción con la que iniciamos nuestro trabajo es que se trataba de una práctica masiva, generalizada a todos los grupos etários, sectores sociales y ámbitos geográficos, y que esto ocurría a través de un procedimiento que excedía lo que vulgarmente se manifiesta como la hipocresía de la sociedad uruguaya. No usamos esta categoría moral en ningún momento pero estaba presente en nuestra reflexión y en nuestro análisis de las entrevistas y de los hechos que íbamos constatando. Y en la práctica, la condena, la tolerancia y la negación se revelaron a lo largo de la investigación como un continuo en el cual el aborto ocurre como hecho social. De alguna manera fuimos descubriendo cómo se produce ese deslizamiento de la condena pública en los discursos y en las leyes a la tolerancia práctica y material con la práctica del aborto y también cómo esta contradicción fuerte entre condena y tolerancia la sociedad uruguaya la ha zanjado a través de la negación, o sea del ocultamiento. Quizás lo más relevante en este plano fue descubrir cómo los costos emocionales y materiales de esta negación de una práctica que es simultáneamente condenada y tolerada, radican en las mujeres en términos de invisibilización de una experiencia de violencia que nosotros definimos como total. La situación de aborto, que definimos como el tránsito o trayecto que una mujer recorre cuando se encuentra con un embarazo no viable y empieza el largo peregrinaje en la búsqueda de interrumpirlo hasta el momento en que el embarazo es interrumpido, esa situación de aborto es vivida a través de un conjunto de violencia material y simbólica que queda reducido exclusivamente a la persona de la mujer que lo vive y el resto de la sociedad se desentiende. En ese sentido un aspecto que para nosotros resultó relevante es encontrar cómo una mujer que se enfrenta a un embarazo no viable asume la interrupción de ese embarazo; esto supone un alto nivel de autonomía, tomar una decisión sobre su reproducción en términos autonómicos y al mismo tiempo las condiciones emocionales y materiales en que toma esa decisión y la concreta, derivan en una subordinación de la mujer por la obligación de negarlo y de silenciarlo a la que se ve sometida por el imperio de un conjunto de valores instalados fuertemente en la sociedad.

El proyecto de ley fue aprobado por Diputados en 2004, quedó en “veremos” en Senadores…¿te parece que puede ser aprobado en esta legislatura?

Creo que debería, en cuanto que el Frente Amplio (FA) cuenta con las mayorías legislativas necesarias para poder aprobarlo. El FA ha sido la fuerza política que como tal ha animado desde siempre estos debates; en sus resoluciones de congreso está consagrado este tipo de iniciativas y creo que lo que está faltando es la conjunción de una fuerte iniciativa política desde los partidos con una acción más decidida de parte de la sociedad civil que, por lo que hemos visto en estos primeros meses de gobierno del FA se muestra temerosa, jaqueada, bloqueada en torno a este tema que, hasta hace no más de un año, constituía uno de los ejes centrales de actividad para un amplio espectro de organizaciones que va desde las organizaciones de mujeres hasta el movimiento sindical, pasando por un abanico muy amplio y significativo de grupos, organizaciones y personalidades²