la mayoría del senado uruguayo
perdió la oportunidad de pasar a la historia

Lilián Abracinskas

El resultado negativo de la votación del proyecto de ley de Defensa de la Salud Reproductiva el pasado 4 de mayo en el Senado uruguayo, causó indignación tanto dentro como fuera del país.

Porque fue un resultado injusto.

Porque fue una decisión que no representó a la mayoría de la opinión pública.

Porque no fue responsable.

Porque pretendió eludir y eliminar temas que complicaran la contienda electoral.

Porque se perdió una gran oportunidad de concretar una normativa de vanguardia para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, en tanto derechos humanos.

Lo que no saben aquellos legisladores que votaron en contra es que la ciudadanía no está dispuesta a conformarse y, parece ser que tampoco admite que el tema sea eludido por los partidos políticos en la campaña electoral.

Es cuestión de tiempo

Esa fue la frase más significativa que trasmitió Agustín Canzani, responsable de la empresa encuestadora «Equipos MORI», frente a los resultados del estudio de opinión sobre el proyecto de ley encargado por la Coordinación de Organizaciones Sociales que impulsó su aprobación. En tiempo récord el 28 y 29 de abril se aplicó una encuesta telefónica a 601 mayores de 18 años residentes en hogares con teléfono de todo el país.

«Cuánto más informada está la gente sobre el contenido del proyecto de ley, más lo apoya» –nos dijo la empresa consultora. Y la mayor adhesión parece estar en la integralidad del mismo. Prácticamente hay unanimidad de opiniones sobre la inclusión de la educación sexual en la enseñanza pública y la facilitación del acceso a los métodos anticonceptivos (93% y 97% de la población encuestada, respectivamente). Cuando se trata de que una mujer se realice un aborto en los tres primeros meses del embarazo, el 45 % está a favor de que exista la posibilidad y el 47% en contra. Pero, entre quienes sintieron hablar del proyecto, el 56% está de acuerdo en que la mujer tenga la posibilidad de interrumpir el embarazo, antes de las 12 semanas.

En encuestas realizadas anteriormente, donde se preguntaba por aborto exclusivamente, los porcentajes de la población a favor de la posibilidad de interrumpir un embarazo por voluntad de la mujer, eran del 25% con una marcada mayoría en aquellos sectores de la población con mayor nivel socio–económico y con estudios terciarios.

El estudio específico sobre posicionamiento de la opinión pública en relación al contenido del proyecto de ley, constató algo que intuíamos: el debate público había logrado una masividad como nunca antes había tenido y, las personas informadas, apoyaban la integralidad de la propuesta.

Sin duda, cuando la gente es informada se siente respetada e involucrada en su derecho ciudadano de opinar y decidir. Este fue el gran éxito del proceso llevado adelante por la Coordinación de Organizaciones sociales para la defensa de la salud reproductiva¹.

Durante dos años uno de los cometidos de esta Coordinación fue llevar información sobre el contenido del proyecto de ley y el estado de situación de los derechos sexuales y reproductivos a distintas ciudades del país, a las zonas rurales, a los barrios, a los sindicatos, a los grupos de jóvenes, a los centros comunales. Se hizo la capacitación de voceros y voceras para que amplificaran el intercambio de opiniones en sus espacios de influencia. Se trabajó, específicamente, con periodistas y productores de programas de radio y televisión, incluidas las radios comunitarias.

Importantes personalidades internacionales fueron invitadas para calificar el debate público a través de conferencias sobre «El rol de las religiones en la elaboración de políticas públicas» – Frances Kissling; «Los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos en la arena política»– Sonia Correa; «El falso dilema de estar a favor o en contra del aborto», Aníbal Faúndes²; «La anticoncepción de emergencia en la prevención de embarazos no planificados», Angeles Cabria y «Repensando el Derecho a través de los Derechos Sexuales y Reproductivos», Silvia Pimentel y Rebecca Cook.

Se elaboraron campañas publicitarias para informar a la ciudadanía. El poster «Cumpleaños infeliz» revistió a la ciudad de Montevideo y a varias del interior del país, el 10 de diciembre del 2003, cuando se cumplía el año de la media sanción del proyecto en Cámara de Diputados. Dejando en evidencia que éste seguía varado en la Comisión de Salud del Senado. Las organizaciones sociales denunciamos que se estaba perdiendo la oportunidad para definir el tema antes de llegar al año electoral. Muchos legisladores demoraron su tratamiento influenciados por las fuerzas contrarias al proyecto y después argumentaron, durante el debate, que el año electoral no era propicio para abordar estos temas. Quizás pensaron que podrían archivar el asunto pero... se equivocaron.

En el plenario de evaluación de la Comisión Nacional de Seguimiento (CNS), realizado ese mismo diciembre, las representantes de las organizaciones de mujeres de todo el país y de las redes con las que la CNS articula, definieron enfáticamente que impulsar la aprobación del proyecto de ley de Defensa de la Salud Reproductiva era una de las tareas prioritarias para el 2004. Las organizaciones integrantes de la Coordinación Nacional por la Defensa de la Salud Reproductiva, reforzaron su compromiso de seguir adelante y redoblaron los esfuerzos ... el año electoral tendría que incluir el aborto y los derechos sexuales y reproductivos, les gustara o no a los políticos. Y, así se hizo.

El 13 de abril –luego de una «semana santa» utilizada por la jerarquía eclesiástica para arengar contra el aborto y contra todos aquellos que impulsaran la aprobación de la ley– la ciudadanía contó con una campaña publicitaria que informó sobre el estado de situación del aborto inseguro en el país y sus estragos en la salud de las mujeres.

Estas acciones generaron que los y las senadoras no tomaran decisión sobre el proyecto ni el día martes 13, ni tampoco el miércoles 14 cuando la sesión continuó. Mientras los medios masivos de comunicación anunciaban que el proyecto naufragaría en esas sesiones porque no se contaba con los votos para aprobarlo, la Cámara de Senadores definía postergar el tratamiento del proyecto hasta el MARTES 4 DE MAYO DE 2004.

¿Por qué postergar el debate si se contaba con los votos negativos para no aprobar el proyecto? Simple y complejo: los votos a favor no estaban, pero los votos en contra tampoco. Se abrió así un período de «negociaciones» entre sectores de los partidos políticos para intentar una «salida elegante» que no tuviera mayores costos políticos.

Los senadores del Partido Colorado no sabían como pagar el precio de los compromisos asumidos por el Presidente de la República con el Papa Juan Pablo II y con la Unión Cívica, para evitar que se cumpliera su veto si la ley era aprobada en el Senado. Ante esta situación algunos propusieron una salida negociada de reforma constitucional a ser consultada a la ciudadanía en el año 2005. Tras el discurso «queremos que este asunto lo dirima la ciudadanía, y que no sea en un año electoral» se pretendió montar una cortina de humo para evitar manifestar opinión y evitar el costo electoral. Frustrada esa posibilidad quedó al desnudo que las deudas asumidas para obtener la presidencia del país, se pagaban con el derecho, con los cuerpos y con la salud de las mujeres (ver argumento del vice–presidente de la República, senador Hierro López).

El senador Larrañaga, del Partido Nacional, que hasta el año 2003 había comprometido su voto a favor del proyecto, sin más argumentos que «estos no son temas de debate electoral» cambió el voto. Nos consta que, en su momento, tendrá que hacer la correspondiente rendición de cuentas, por lo menos, a aquellas personas de su mismo partido a las que prometió algo que terminó no cumpliendo.

El 3 de mayo se lanzó la nueva campaña publicitaria de las organizaciones sociales en la que se difundían los resultados de la encuesta de opinión mostrando que la mayoría (el 63%) de las personas –con intención de votar a los distintos partidos políticos–, estaban a favor del proyecto de ley.

Por lo tanto, cuando la mayoría de los Senadores negaron la aprobación de un proyecto de ley apoyado mayoritariamente por la población de este país, no sólo no la representaron sino que se metieron en un nuevo problema. El 57 % de la población quiere que se discuta sobre estos temas en la campaña electoral y el 61% considera que los partidos políticos deben definir su posición al respecto. Nuevamente muchos se equivocaron, estos temas son temas de debate electoral.

Desde las organizaciones sociales nos comprometemos a tratar que la voluntad de la mayoría de la población, se cumpla.

La presión política versus la participación ciudadana

Ante una opinión pública movilizada y activa. Frente a una ampliación de la base social lograda con acuerdos consensuados entre diversas expresiones de la sociedad civil organizada, el sistema político y los medios de comunicación no supieron cómo manejarse con esa riqueza.

Los niveles de consenso alcanzados en la democracia participativa no se vieron reflejados en el resultado de la votación de la democracia representativa. Coincidimos totalmente con la diputada Percovich (quien ocupó la banca senatorial en lugar del senador Couriel) que en el debate político parlamentario no se reflejó ni la riqueza de la diversidad de razones alcanzadas en lo social ni se logró responder a la altura de las exigencias que hoy la democracia necesita.

La tendencia fue a manejar el debate desde la polarización: aborto sí, aborto no; defensa de la vida versus no se sabe qué.

A las producciones de los programas en los medios de comunicación se les dificultó entender que ya no se trataba de poner a debatir a voceros de la jerarquía católica, por un lado y a las feministas, por otro. El mundo de los protagonistas, desde la sociedad civil organizada, era mucho más ancho y con fuertes consensos acordados: aborto inseguro como un problema grave de salud pública y una manifestación de injusticia social. La necesidad de abordar la problemática de forma integral generando condiciones para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos habilitando educación sexual y políticas de prevención y de promoción de maternidades y paternidades responsables. Y, el reclamo de profundizar la democracia, porque hay realidades que no se pueden ocultar y no hay verdad única que pueda resolverlas.

Recién a último momento, cuando las cuentas no cerraban y muchos no podían explicar lo que sucedía con sus patrones tradicionales de analizar la realidad, se dieron cuenta que había una diversidad organizada que reclamaba ser representada en esta decisión política. Y, que este actor político había tenido gran cuota parte de responsabilidad en generar el posicionamiento de la opinión pública a favor del proyecto de ley.

Esto fue lo que perdió la mayoría del Senado, perdió la oportunidad de representar y de estar en sintonía con la mayor parte de la población. Una población que ejerció el derecho ciudadano de participar, de gestar sus formas de participación, de informarse, de opinar y de alcanzar acuerdos que no fueron reflejados por los decisores políticos. Una vez más.

Por eso indigna que muchos no supieran diferenciar entre el derecho a la participación ciudadana y la presión política ejercida desde determinados grupos de poder. Comparar las acciones desarrolladas por la Coordinación de organizaciones sociales con los discursos amenazantes y amenazadores de un monseñor Cotugno (Arzobispo de Montevideo), debería llamar a la reflexión de aquellos senadores que manifestaron haber sido presionados de uno y otro lado. Porque no es lo mismo.

Desde la sociedad civil organizada se llevó adelante un proceso de consulta y de información que no realizaron la mayoría de los sectores políticos con representación en el legislativo, siendo que ellos tenían el compromiso y el poder de la decisión. El propio senador Millor lo dijo claramente en su intervención en la Cámara: él no sabía qué opinaban sus electores.

Quedan pendientes muchas preguntas. ¿Por qué votaron como votaron? ¿Cuáles fueron las razones que los llevaron a desconocer a la mayoría? ¿Por qué no generaron mecanismos de consulta a sus seguidores/as? ¿Las presiones a las que hicieron referencia también fueron económicas? ¿Qué estaban representando con su voto, a su conciencia, a su convicción religiosa? ¿Realmente creen que esta opción de no cambiar nada resuelve el problema?

Con toda sinceridad, es difícil creer que muchos de los que votaron negativamente se sientan reflejados con los cantos que rodearon el Palacio luego de la votación. «Olé, olé, olé, Jesús–Jesús, vencimos al demonio», si bien obedece al nudo argumental de los que estaban en contra del proyecto de ley, no representa la tradición laica de nuestro país.

El resultado de la votación del 4 de mayo, entre otras cosas, ha puesto a aquellos que ocupan sus bancas en el Palacio Legislativo, ante el compromiso de dar respuestas. Porque este proceso de participación ciudadana ha marcado un punto de inflexión en la política y en las formas de hacer política de este país.

Señores y señoras legisladores/as, integrantes de partidos políticos y postulantes para próximos gobiernos sepan que, desde la sociedad civil organizada, estamos dispuestos/as a construir una cultura de respeto que asuma la tolerancia, no como capacidad para soportar lo diverso, sino como una práctica que reconozca e incluya al otro/otra. Esto necesita de una cultura democrática que no oculte el conflicto por la diferencia sino que lo afronte con respeto, aceptando la diferencia aún dentro de la diversidad y evitando caer en el error de homogeneizar lo diverso.

Uno de nuestros objetivos, compartido por aquellas personas convencidas de que la sociedad es diversa, será el de preservar y profundizar el laicismo de las instituciones públicas. Redefinir y refrendar el laicismo es el nuevo pacto social al que apostamos. Esta es nuestra propuesta para la construcción de un país plural y con una convivencia civilizada entre personas diferentes. Desde las organizaciones sociales ya tenemos gran parte del camino recorrido, un gran porcentaje de los decisores políticos han entendido, se han sumado al proceso y han representado estas demandas.

Es una cuestión de tiempo ... de corto tiempo, para que las cosas cambien. 

1   La Coordinación está integrada por: MYSU (Mujer y Salud en Uruguay); CNS (Comisión Nacional de Seguimiento: Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía); CLADEM Uruguay; Cotidiano Mujer; Casa de la Mujer de la Unión; Mujer Ahora; Comisión de Género y Equidad del PIT–CNT (Central Única de Trabajadores/as); Consejo de Estudios y Difusión de las Culturas y Religiones Africanas y Amerindias; Pastor Bolioli de la Iglesia Evangélica Metodista del Uruguay; Católicas por el Derecho a Decidir; Grupo de Bioética de la Iglesia Valdense; Red Género y Familia; Red de Jóvenes DESYR; Juventud Socialista y Juventud de la Vertiente Artiguista, Grupos de la Diversidad Sexual.

2   Estas tres conferencias han sido publicadas en la serie «Aportes al Debate» y se pueden consultar en www.mysu.org.uy

 

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