¿Qué
impresión tuviste con la aprobación del Proyecto de Ley de
Salud de la Mujer que incluye en uno de sus puntos la posibilidad
de un aborto legal en Uruguay?
Creo
que el proyecto de ley de aborto, aprobado por la Cámara en
diciembre pasado, debe ser visto por la sociedad uruguaya y por
la latinoamericana, como un punto de ruptura, un paso hacia adelante
muy importante. Es la primera vez desde los años 80 -desde
el proceso de democratización- que el movimiento de mujeres
ha puesto en la agenda política el tema de los derechos de
las mujeres, los derechos a la autonomía en la reproducción, al
ejercicio libre de la sexualidad y especialmente el derecho al aborto.
Es pues, la primera vez que en un país de la región se vota
una legislación de despenalización, aunque, asombrosamente,
la noticia tuvo más relevancia en otros países, donde fue
tema de primera plana de los diarios, que en Uruguay.
En
los 90, cuando el tema de los derechos - y más especialmente
el aborto - ganó legitimidad en los debates institucionales
globales, sobre todo en las Naciones Unidas, hubo sin embargo
muy pocas experiencias de aprobación de leyes más liberales
de descriminilización del aborto. Entre los años 60 y 80 prácticamente
toda la comunidad europea
-salvo Irlanda- aprobó leyes favorables a la despenalización
del aborto, con algunas variables como en el caso de Portugal, que
sigue teniendo una legislación con limitaciones. Pero, incluso
Italia, un país católico y con el mismo Vaticano
dentro de Roma, aprobó una legislación muy liberal de
aborto en los años 70.
Entonces
el hecho de que Uruguay lo haya aprobado en primera instancia es
muy importante porque señala para la región y para el mundo, cambios
sociales, cambios de pautas políticas y culturales de derechos
humanos que no son nuevos, que se estaban anunciando
ya en las luchas contra las dictaduras militares, en
los cambios constitucionales, pero que son una prueba más consistente
de las promesas hechas por los países latinoamericanos en
los acuerdos internacionales de los años 90.
Y
en este sentido señalo muy especialmente la conferencia de El Cairo,
donde por primera vez se habló de derechos reproductivos y donde
se aprobó un párrafo que afirma que las personas tienen derecho
a decidir sobre el número de hijos que quieren tener y cuándo
y cómo los quieren tener. Y allí se aprueba un párrafo famoso,
que considera al aborto como un grave problema de salud pública.
Estos términos fueron aprobados por nuestros gobiernos, son compromisos
ético morales.
Las
Conferencias de Beijing y del Cairo ponen claridad a
los contenidos de principios generales que estaban en las otras
Convenciones anteriores,
como la de la CEDAW. Y hay que acordarse que en Beijing se
aprobó también un párrafo que refiere al aborto como problema
de salud pública.
Uruguay,
al aprobar con media sanción este Proyecto, materializa esas
promesas y eso es muy importante para la región y para el
mundo, porque las condiciones globales y políticas de
debate son condiciones muy difíciles.
Sabemos
que, desde la elección de George Bush, ya no se trata de una
hegemonía político económica norteamericana, sino de una tentativa
de instalación de una supremacía americana sobre
el mundo, que se expresa en un desprecio por las reglas
multilaterales, que hace lo que quiere y no quiere negociar.
Y eso se expresa por ejemplo, en la negación al protocolo de Kioto
y al Tribunal Penal Internacional y también por una estrategia
geopolítica norteamericana que tiene un componente moralista conservador
muy claro. El gobierno actual de Estados Unidos busca recursos
de petróleo con la misma fuerza que intenta destruir el sistema
multilateral, y traer su agenda geopolítica global, en nombre
de la seguridad, con un ataque a los derechos humanos, pero también
-y sobre todo - a los derechos de las mujeres.
Por
ejemplo, en política interna el gobierno de Bush propone
la abstinencia como única forma de prevención del SIDA y del
embarazo adolescente, hace una promoción abierta de las formas tradicionales
de familia, cuando nosotros sabemos que en el mundo hubo cambios
estructurales, que en el promedio tenemos en la región un 30 por
ciento de familias con mujeres jefas de hogar, para no hablar
de otras formas de familias que están emergiendo. Bush
tiene sobre todo una agenda absolutamente contraria a la libertad
de decisión de las mujeres con relación al embarazo indeseado
y se rehúsa a utilizar el término “salud reproductiva” interpretándolo
como aborto, igual que hace el Vaticano.
¿Cuáles
son los argumentos que esgrimirías a favor de poder
interrumpir un embarazo no deseado?
Hay
varios, uno es que la decisión sobre un embarazo indeseado es la
que permite a las mujeres decidir sobre sus vidas, no
solamente sobre las condiciones de reproducción en ese momento sino
sobre otros aspectos de su vida. Y está
muy claro que la prohibición del aborto tiene un sesgo de
desigualdad de género.
Las
feministas francesas decían cuando la ley del aborto
fue aprobada en Francia en los 70, que muy probablemente si los
hombres se embarazaran el aborto no sería ilegal, ni
castigado como lo es. Porque en nuestras tradiciones
el sentido de autonomía y capacidad de decisión atribuido a los
hombres por las leyes, por la cultura, es muy respetable, pero
nunca se aplica a las mujeres. Y en una situación límite
como es el aborto es donde se resalta más esa inequidad.
Hay
también un problema de justicia social, porque en nuestras
sociedades sabemos que las mujeres que tienen acceso a recursos
pueden interrumpir un embarazo indeseado en condiciones buenas y
las pobres, no, por lo tanto la prohibición del aborto afecta a
las mujeres pobres, a las jóvenes que tienen menos recursos
y menor capacidad de decisión.
Creo
que esos son los aspectos fundamentales. Sin duda pueden existir
cuestiones éticas sobre aborto yo estoy abierta a discutir
eso si nuestra perspectiva de la ética piensa el derecho
a la vida como un tema de la calidad de vida pero si
pensamos la vida como la sacralidad de la vida que naturaliza
las injustas relaciones sociales e impide las decisiones de los
humanos, el debate es muy difícil, porque suele plantearse esta
posición como una verdad única.
Por
eso este es un debate también sobre democracia, porque no se puede
obligar a ningún grupo humano a acatar las decisiones unilaterales
de otro grupo.
A
mi modo de ver, el caso de Uruguay es emblemático porque es una
sociedad que tiene un gran aprecio por el estado laico,
el famoso estado laico liberal del siglo XIX, que ha
sido un modelo y sigue siendo una referencia en la región.
En un estado laico y en una sociedad democrática y plural,
no es posible que determinados sectores, ya sean grupos religiosos
con posiciones morales específicas, impongan sus visiones
sobre lo que es la vida, el comienzo de la vida, al conjunto
de la población. La legalización del aborto, no obliga
a nadie a hacerse un aborto, solamente abre una posibilidad
para las mujeres que lleguen a la situación - la mayoría de
las veces dramática, del embarazo indeseado- de poder
tomar una decisión libre de toda coerción moral.
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