A casi 5 años de la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer, la ONU vuelve a convocar a Gobiernos y ONG, esta vez para realizar una evaluación de la implementación de la Plataforma de Acción Mundial para el avance de las mujeres. 

El proceso Beijing + 5, como se le llama en la jerga críptica, supone la elaboración de documentos nacionales donde los Gobiernos den cuenta de los mecanismos implementados para el logro de las metas estratégicas definidas en aquélla Plataforma.

Para las organizaciones de mujeres que hemos impulsado mecanismos de seguimiento y control de los estados, no son pocas las preguntas planteadas en torno a esta evaluación.

¿ Se ha avanzado? Cómo medimos los avances? ¿Dónde y por qué se mantienen trabas y dificultades ? Qué elementos tenemos en cuenta al hablar del avance de la equidad de género?

¿Cómo se relaciona la calidad de la democracia con los avances o retrocesos en la situación de las mujeres?

¿ Cómo ponderamos algunos logros básicos, como la universalización de la educación y el ingreso y permanencia de las niñas en el sistema educativo, en relación a la calidad de la enseñanza y los contenidos no sexistas? 

¿ Cómo valoramos el surgimiento de programas y acciones gubernamentales que contemplan algunas de las líneas de acción definidas en el Plan de acción y su relación con el conjunto de las políticas económicas y sociales de los países?

En definitiva, ¿qué monitoreamos y controlamos? 

¿Cuál es el papel de las organizaciones de mujeres y de las feministas en relación a esta Plataforma?

Hemos vivido momentos difíciles al intentar discutirlo entre las diferentes corrientes del feminismo, pero más difícil fue asumir el desafío de construir un diálogo con otras mujeres, construir una herramienta ciudadana de participación que fortaleciera el pensamiento crítico, independiente y propositivo de las mujeres.

Decía el otro día Fernando Andach ( conocido semiólogo uruguayo) hablando de la pasión por el futbol, que en realidad lo que existe en Uruguay es una extraña pasión por lo colectivo, con toda la carga positiva y negativa que esa pasión nos imprime a todos.

Con esa pasión hemos trabajo los últimos 5 años, ciudad por ciudad, para hacer de la Comisión de Nacional de Seguimiento a los Compromisos de Beijing, un instrumento político para y de todas las organizaciones de mujeres uruguayas. 

Y sin embargo, ese trabajo colectivo no alcanza para responder una pregunta básica: ¿tenemos fuerza política para confrontar con los gobiernos modelos de desarrollo diferentes? 

Es más fácil interpelar a los gobiernos sobre aspectos concretos, una ley, un programa, un servicio, que intervenir en el debate sobre los modelos económicos o la propia institucionalidad democrática. Para construir esta capacidad de interpelación es necesario fortalecer la articulación política de las organizaciones, construir agendas colectivas negociadas entre nosotras, y abrir los espacios a otros debates que nos importan tanto como las políticas para mujeres y que nos dicen más sobre la equidad/inequidad de género que muchos de los programas paralelos y los servicios para la mujer que los estados han creado en los últimos años.

En la Prepcom de la Conferencia de El Cairo hubo pocas evaluaciones y muchas revisiones. Los textos y conceptos que se pelearon hace 5 años volvieron a ser cuestionados y debatidos por el Vaticano y gobiernos aliados. Estos siguen siendo reticentes a aceptar una "cultura del monitoreo" que habilite desde la sociedad civil la fiscalización de sus acciones. Desde las ONG, las dificultades para ejercer esa fiscalización, se vinculan tanto a las funciones técnicas y a la " venta de servicios para el Estado" como a las dificultades de articulación de un movimiento social fragmentado.

En este marco, el proceso de Beijing + 5, es decir, la evaluación de logros y dificultades para la aplicación de la Plataforma de Acción, deberá poner en discusión las diferentes estrategias que hemos impulsado, las posibilidades de articulación con otros setores de la sociedad en torno a demandas democráticas más amplias y, fundamentalmente, la capacidad crítica de nuestras organizaciones para evaluar y presionar, para cuestionar, controlar y exigir los servicios y programas que las mujeres se merecen.