El
23 de setiembre pasado, un diario de Montevideo informaba "que una
alumna de la Escuela Militar de Aeronáutica (EMA), pidió
la baja por ‘acoso sexual’ y ‘hostigamiento verbal’ luego de haber
sido sometida a ‘manoseo físico’ y a ‘reiteradas humillaciones’
por parte de aspirantes a cadetes del sexo masculino, según
un informe reservado del Estado Mayor de la Fuerza Aérea
Uruguaya".
Los
hechos trascendieron cuando la alumna, en entrevista privada con
el director de la EMA dijo estar "desmoralizada por la falta de
ética y moral" del Centro de Instrucción que había
conseguido quebrar su vocación de aviadora que tenía
desde los 6 años. Realizó asimismo otras denuncias
graves sobre el trato que recibían las alumnas mujeres (cuatro
desde 1997) como que "los cadetes de tercer año (responsables
de mantener la disciplina entre los aspirantes recién reclutados)
revisaban a las alumnas para asegurarse que durmieran sin ‘soutien’,
prenda que consideraban ‘perjudicial para la circulación
sanguínea’. Seis días antes de pedir la baja la joven
debió ser hospitalizada con un cuadro depresivo y por haber
ingerido una fuerte dosis de tranquilizantes. Luego, junto a sus
padres, presentó una denuncia formal por "acoso sexual".
Frente
a tales denuncias el Ministro de Defensa Nacional calificó los
hechos como "un tema menor, al que hay que restarle importancia, un
asunto entre compañeros de estudio". El cadete acusado fue sancionado
por la Escuela.
El
acoso sexual está penado por la ley.
El
art. 5 del decreto ley 37/97, firmado por el actual presidente Sanguinetti
con los Ministerios de Trabajo y de Cultura, reza: "Se considerará
una forma grave de discriminación las conductas de acoso u hostigamiento
sexual en el lugar de trabajo o en ocasión de él; entendiéndose
por tales cualquier comportamiento, propósito, gesto o contacto
de orden sexual no deseado por la persona a la que va dirigido y que
le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación
laboral".
Este
decreto reglamenta la ley No.16.045 de la Dra. Macedo (ley de Igualdad
de Oportunidades y Trato para ambos sexos) que entró en vigencia
en 1986, y que prohibe, obvia la redundancia, la discriminación
basada en el sexo.
Como
verán la ley demoró nueve años en reglamentarse,
con ese sentido elefantiásico de la celeridad en el "aggiornamiento"
del derecho (en especial de los que se refieren a los derechos de las
mujeres) que, a partir de la década del 50 caracteriza nuestro
país, antes moderno en su derecho.
Pero
claro, la ley y el decreto están, pero las autoridades, que debieron
conocerla y aplicarla en la medida de sus posibilidades no la conocen.
Es competencia de ministros de estado hacer cumplir la Constitución,
las leyes, los decretos y resoluciones (art. No. 181 de la Constitución).
Discriminación
¿qué es? Según el último Seminario de la
Suprema Corte de Justicia, la Fundación Internacional de Mujeres
Juezas y el Banco Interamericano de Desarrollo, realizado del 13 al
16 de setiembre de este año, sobre Aplicación de Tratados
Internacionales acerca de Derechos Humanos (al cual tuve el honor de
ser invitada por la rama uruguaya de Mujeres Juezas), discriminación
es: distinguir, apartar, anular, marginar.
Y
en el caso que nos ocupa, se trata de apartar a una mujer (y a las sucesivas
mujeres) aspirante/s a un trabajo que es además su vocación
del único lugar adecuado para realizarlo. Un trabajo que por
otra parte es considerado por los prejuicios anteriores a la ley, como
un trabajo "de hombres". Al apartar a la joven aspirante a aviadora
y marginarla de la posibilidad de llegar a serlo (como sus pares masculinos
que nunca enfrentaron los problemas que ella, por ser mujer, enfrenta,
le impiden acceder a un trabajo que será remunerado y muy bien
remunerado.
Por
medio del acoso se intenta lograr asustar a las mujeres para que no
entren, o se aparten, o ni piensen, en la posibilidad de ser aviadoras.
Se pretende quitarles el derecho que adquieren cuando el Ministerio
de Defensa, en una actitud que lo coloca en el siglo XX, habilitó
el ingreso de las mujeres. Sin embargo, el mismo Ministerio de Defensa,
permite, que, en los hechos un grupo de energúmenos patoteros
siga actuando para preservar y mantener intocado para los hombres, un
puesto de trabajo que ahora se ve enfrentado a la competencia masculina.
Se
atenta de esta manera con el derecho al trabajo que articula la Constitución
en sus Art. 7, 8 y 332. Y ello en razón del sexo de la víctima,
todo lo cual está reprohibidísimo, tanto por la Constitución,
como por los principios generales del derecho, por el Código
Civil y por toda la legislación nacional, así como por
los Tratados Internacionales de las últimas décadas, que
nuestro país signa alegremente para después no aplicar.
Más aún, para amparar y permitir la supina ignorancia
de los y las funcionarios y funcionarias que deben velar porque la ley
se cumpla.
Todo
ello ha dejado varias veces mal colocado al país en los foros
internacionales y colocado en los últimos lugares en materia
de protección de los derechos humanos de las mujeres, como ha
sido señalado incluso por el BID, para molestia de los gobernantes
de turno.
Que
en nuestro país reina una mentalidad prejuiciada y obsoleta,
de fines de siglo (del 19, claro), ya lo hemos dicho muchas veces, pero
nada como estos hechos para ejemplificarlo. Un matutino con incomprensión
absoluta por largos años de análisis del tema, nos informó
sobre los atributos físicos "provocativos" del acoso: "la joven
alumna de 1.63 mts. de altura, 53 kilos de peso (faltó decir
90,60,90), con 19 años cumplidos, cabellos negros y ojos verdes",
distinguida (discriminada) por sus compañeritos del club de Toby
y fans seguramente por ser "la más buena", era además
la más buena, la mejor, la que obtuvo el puesto más alto
alcanzado por las aspirantes de la Generación 99. Hecho éste,
que, sin duda, influyó más en el acoso que su belleza,
por más satanizada que esta suela ser.
El
tema, que por provenir de la EMA, cobró tanto afán de
los periodistas, pasa "desapercibido" cuando ocurre en sus propias filas.
Por su parte, en el ámbito del propio Gobierno se califica el
claro acoso como "un problema entre alumnos".
Pero
la perlita del caso son las declaraciones de "calificadas fuentes castrenses",
según el matutino en cuestión, que en forma por cierto
muy "naif" o torpe, dijeron que "en la EMA es imposible mantener el
control sobre el comportamiento individual de cada uno de los alumnos.
Si las "calificadas fuerzas castrenses" confiesan que no pueden mantener
el control sobre una patota de energúmenos que violan la ley
en sus propias aulas, ¿cómo va el Poder Ejecutivo poder
mantener nada menos que (según el art. No. 181, i.I de la Constitución)
"la conservación del orden y tranquilidad en lo interior y seguridad
en el exterior" de nuestro propio país? Que presenten renuncia
inmediatamente si no pueden vigilar a unas pocas personas (futuros trabajadores
de las Fuerzas Armadas) a quienes además se les enseña
la disciplina y la obediencia como normas jerárquicas propias
de las FFAA...más vale que cierren y se declaren en bancarrota.
Estas
ridiculeces pasan cuando abre la boca gente que ignora lo que es la
discriminación y mucho más las leyes que el país
tiene contra ellas. Pero este no debería ser el caso, puesto
que las Fuerzas Armadas al integrar personal femenino se colocaron en
el siglo XX abriendo la posibilidad de no discriminar en razón
del sexo. ¿Cómo son posibles semejantes declaraciones
como las emitidas por el Ministro de Defensa y el Director de la EMA?
En
cuanto al castigo al cadete culpable de acoso cabe preguntarse ¿qué
hubiera pasado si el caso hubiera sido a la inversa y la acosadora una
mujer retirándole el "slip" a un cadete? Tendría tres
días de suspensión o la hubieran echado ignominiosamente
de la Fuerza por violación del artículo con el que se
inicia esta nota.
¿No
investigaron los jerarcas ni consultaron a los abogados para ver qué
ley existía? Además de no acordarse de que ya no existe
discriminación en el derecho, ¿les pareció "un
asunto menor" porque la víctima era una mujer?
El
mal -como siempre- ya está hecho y afecta no sólo a las
víctimas sino al propio honor de la Institución, del Estado,
del país y a su prestigio internacional. ¿Cómo
harán para arreglarlo? Por lo menos agarrando los libros y las
leyes, estudiando un poco...y aplicando lo estudiado. Claro que ¿para
qué quieren las mujeres ser aviadoras? Preguntará algún
dinosaurio/a. Respuesta: para cumplir con su vocación, para trabajar...y
ganar un sueldo de aviadora. Fácil ¿no?
Fanny
Puyeski