"Pensar en la democracia requiere
considerar que las segmentaciones del tejido social son muy antiguas,
profundas y arraigadas y se justifican en una impresionante gama
de prejuicios y sobreentendidos; que constituyen hechos cotidianos
de la negación - a muchas personas- de la calidad de sujetos
de los mínimos derechos y garantías que fundan la
democracia." (Teresita de Barbieri)
La
conmemoración de los 50 años de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos ha multiplicado las iniciativas en
todo el mundo para poner en debate la vigencia de la carta ética
de los derechos humanos, pero también para renovar la acción
de vigilancia de los diferentes actores sociales en su cumplimiento.
La
ciudadanía en tanto ejercicio de derechos, así como los
propios derechos está siempre en proceso de construcción
y cambio. Construir la legitimidad social de los derechos de las mujeres
dentro del concepto de los derechos humanos, no ha sido fácil.
Un
ejemplo interesante de esta construcción puede verse en el proceso
de Descentralización Municipal en Montevideo. La propuesta política
del gobierno Departamental inaugura un tipo de gestión pública
que intenta vincular los intereses ciudadanos en la definición
de políticas de gobierno. Para ello, institucionaliza la participación
vecinal a través de organismos específicos electos cada
dos años, y crea un espacio de articulación de las demandas
en los diferentes barrios con la planificación del Presupuesto
de Gastos e Inversiones del Gobierno Municipal.
¿Qué
derechos se representan en esos organismos?, ¿quienes deciden?,
¿cómo se debaten las prioridades?, ¿ cómo
se define el "nosotros" de un barrio?
"El
concepto de ciudadanía hace referencia a una práctica
conflictiva vinculada al poder que refleja las luchas acerca de quienes
podrán decir qué en el proceso de definir cuáles
son los problemas comunes y cómo serán abordados."
Elizabeth Jelin
En
el espacio local la universalidad de los derechos enfrenta tensiones
éticas y culturales, enfrentamientos de intereses que precisamente
ponen en confrontación los derechos individuales y colectivos
y expresan conflictos de clase y género.
El
desplazamiento de un grupo de familias de la Ciudad Vieja de Montevideo
determinó el asentamiento precario de estas familias en otra
zona. Los vecinos y vecinas se organizaron para rechazar el asentamiento
de estas familias en su barrio. Su argumento principal era combatir
los asentamientos precarios, pero usaban para ello, argumentaciones
claramente discri-minatorias y sexistas. Se decía, que estas
familias estaban constituidas prioritariamente por mujeres que ejercían
la prostitución y su "vecindad" significaba un deterioro aun
mayor a su calidad de vida. Las mujeres de Mundo Afro, enfrentaron una
lucha de similares características. El Gobierno Municipal asignó
a una cooperativa de jefas de familia de esa organización un
terreno para la construcción de viviendas en una zona céntrica
de Montevideo, históricamente habitada por familias negras. La
Comisión Vecinal Pro Recuperación del Barrio Sur presionó
al Gobierno Municipal para que revisara su decisión con argumentos
igualmente lesivos de los derechos humanos. El argumento principal fue
que el gobierno municipal recicla casas, gasta dinero público,
para dárselas a los "rapiñeros". Las mujeres de Mundo
Afro salieron públicamente a responder y denunciar estas expresiones,
enfrentándose a mujeres y hombres que también dicen defender
otros derechos colectivos, los de los "contribuyentes".
La
inseguridad en las ciudades, la segregación y la pobreza, colocan
en el centro de la vida cotidiana el debate sobre los derechos humanos.
La diferencia y la diversidad, son vividas como un peligro potencial.
Las desigualdades y los fenómenos de exclusión son más
fácilmente visualizables cuando se enfocan desde la dimensión
socioeconómica.
En
la ciudad, las diferencias sociales también se expresan en barrios
y dentro de ellos en la conformación de "ghetos" de pobreza que
singularizan la problemática de las ciudades actuales y colocan
el tema de la democracia del espacio urbano como uno de los puntos cruciales
de acción política de los/as actores/as locales.
Pero
esta realidad está cruzada, a su vez, por otros fenómenos
de exclusión que complejizan la problemática social de
los ámbitos urbanos y que paulatinamente han sido incorporados
en la agenda política y académica a partir de la elaboración
teórica surgida de los movimientos de mujeres y de las feministas
en particular.
La
problemática de las mujeres en la sociedad y el análisis
e investigación acerca de las subjetividades, formulados por
la elaboración teórica feminista abre la posibilidad de
pensar otras subjetividades excluidas como las de los jóvenes,
los homosexuales, las minorías étnicas, etc.
Es
más fácil defender en abstracto el derecho de identidad
a los homosexuales o lesbianas, los derechos de las trabajadoras sexuales
a sin-dicalizarse, o de las mujeres jefas de familia a una vivienda,
que promover en un barrio concreto un espacio para que cada uno/a de
ellos se exprese y reivindique sus demandas y necesidades. En esta tensión
por ampliar el campo de los derechos humanos y por hacerlos efectivos
participan tanto los Estados como las redes ciudadanas y los actores
sociales. Si no existe un tejido social capaz de sentir y repudiar una
discriminación, el campo de los derechos será sólo
declarativo. Si no existe un colectivo que cree el " nosotros, nosotras"
como identidad desde la cual formular necesidades y demandas, no se
podrá hablar de ciudadanía.
La
articulación entre los requisitos de "gobernabilidad" y la participación
y control ciudadano de la gestión gubernamental es a menudo planteada
y vivida por los gobernantes y los sistemas políticos, como incompatible.
Sin
embargo,
la democracia se pone en juego frente a cada conflicto, frente a cada
tensión y es tan importante el cómo se resuelve un conflicto
como el qué se resuelve. La construcción democrática
requiere la articulación de ambos. De allí que la vigencia
de los derechos humanos requiera de contextos institucionales democráticos
que generen los espacios para fortalecer una cultura ciudadana.